El derecho a quedarse en el lugar en el que una persona ha nacido, ha construido sus vínculos y quiere desarrollar su vida es una de las cuestiones que Eduardo Magaldi, responsable de Políticas Territoriales de la Unión General de Trabajadores (UGT), sitúa en el centro del debate sobre el futuro del medio rural. No se trata de impedir que la gente se marche, sino de garantizar que pueda elegir hacerlo o quedarse sin que la falta de oportunidades determine su decisión.

«Sobre todo, que no sea una expulsión, o sea, que no nos veamos empujados a salir», explica Magaldi en una entrevista en EL FARADIO, en la que aborda los desafíos territoriales, laborales y sociales de Cantabria.

La reflexión parte de unas jornadas estatales celebradas durante tres días en Puente Viesgo, en las que participaron alrededor de 150 personas y 51 ponentes. Organizadas en torno al concepto del «derecho a quedarse», reunieron a representantes sindicales para analizar qué condiciones deben darse en los pueblos y las comarcas para que sus habitantes puedan desarrollar allí sus proyectos de vida.

Para Magaldi, el empleo es imprescindible, pero no suficiente. También hacen falta vivienda accesible, servicios públicos, movilidad, actividades de ocio y espacios de participación. «Estos tres ejes son básicos, el empleo, la vivienda y los servicios públicos», señala.

Cantabria, entre la despoblación y la presión turística

El responsable de Políticas Territoriales de UGT considera que Cantabria presenta una realidad demográfica particular. Según señala, la mitad de sus municipios se encuentran en riesgo de despoblación, mientras que otras localidades, especialmente las costeras, afrontan una fuerte presión poblacional durante el verano, que tensiona sus servicios.

A esta situación se suma el envejecimiento de la población, que plantea dificultades para mantener la actividad económica y la vida comunitaria en determinadas zonas. Magaldi pone como ejemplo su localidad de origen, Santoña, desde donde él y buena parte de su entorno tuvieron que marcharse por la falta de oportunidades laborales o porque su formación no encontraba salida en los sectores económicos de proximidad. «No teníamos oportunidades laborales en Santoña o porque la formación que también hemos desarrollado, después no hay sectores en nuestro entorno que absorban esa formación», recuerda.

En este contexto, reclama políticas adaptadas a las necesidades de cada territorio y destaca el papel de los grupos de acción local, a los que atribuye una función dinamizadora y de creación de comunidad. También plantea que las sedes sindicales puedan convertirse en espacios abiertos a asociaciones, jóvenes y otros colectivos que necesiten lugares de encuentro.

UGT, sostiene, debe mantener su labor en el ámbito laboral, pero también contribuir a construir ese ecosistema social que permita a las personas permanecer en sus localidades.

La calidad del empleo es otro de los ejes de la entrevista. Magaldi advierte de que los buenos datos generales de ocupación no garantizan por sí mismos unas condiciones de vida adecuadas, especialmente cuando la actividad se concentra en sectores que ofrecen empleos de menor calidad.

En este sentido, cuestiona que las ayudas a la contratación se dirijan de manera generalizada a actividades que ya cuentan con una demanda consolidada. A su juicio, parte de esos recursos deberían orientarse hacia sectores estratégicos, empresas tecnológicas y pequeñas iniciativas empresariales que necesitan apoyo para crecer y generar puestos de trabajo. «Hay que incidir sobre esos perfiles y estimular la economía hacia esos otros sectores para que no acabemos siendo un país dedicado solo al turismo o al sector servicios», afirma.

El sindicalista también alude a las negociaciones de planes de empleo dirigidos a jóvenes y personas desempleadas de larga duración, cuya eficacia considera importante reforzar. Defiende que las políticas diseñadas en el ámbito estatal tengan en cuenta las particularidades autonómicas y comarcales cuando se aplican, y que se evalúe si las ayudas públicas cumplen realmente sus objetivos.

El teletrabajo como oportunidad para el medio rural

El teletrabajo puede contribuir a que personas que desarrollan su actividad para empresas ubicadas en grandes ciudades regresen a sus territorios de origen, según Magaldi. Esta posibilidad permitiría reducir los costes asociados a vivir en ciudades como Madrid y mejorar la calidad de vida, siempre que las condiciones laborales lo permitan.

Sin embargo, advierte de que esta modalidad también puede prolongar las jornadas si no se establecen límites claros. La disponibilidad permanente a través del correo electrónico o de aplicaciones de mensajería puede dificultar la separación entre el tiempo de trabajo y la vida personal.

Por eso, reivindica el derecho a la desconexión digital y la necesidad de delimitar los horarios laborales también cuando se trabaja desde casa.

El teletrabajo plantea, además, un reto para la acción sindical, tradicionalmente vinculada al contacto presencial entre compañeros. Para responder a esa transformación, UGT ha explorado proyectos piloto de espacios de trabajo compartido en sus sedes, con puestos habilitados para trabajar, conexión wifi y condiciones adecuadas.

La propuesta busca ofrecer una alternativa a quienes teletrabajan en solitario y facilitar que puedan hacerlo cerca de sus hogares, sin necesidad de desplazarse diariamente a las grandes ciudades. «Lo que tenemos que hacer como organización es adaptarnos a los tiempos», señala Magaldi, que reivindica la importancia de conservar los vínculos personales en el sindicalismo.

La vivienda ocupa también un lugar central en el análisis de Magaldi sobre las condiciones de la clase trabajadora. El responsable sindical sostiene que el crecimiento del empleo y las subidas salariales pierden capacidad para mejorar la vida cotidiana cuando el coste de los bienes básicos aumenta a un ritmo superior al de los ingresos. «Si después la vida te sube tres o cuatro veces más rápido que lo que te sube el salario, pues ahí hay un momento de ruptura social», afirma.

Magaldi cuestiona que la vivienda se convierta en una fuente de negocio especulativo mientras una parte de la población tiene dificultades para acceder a ella o debe compartir piso con personas desconocidas para asumir los gastos. «La vivienda es un bien básico», insiste.

En este contexto, defiende las movilizaciones sindicales por la vivienda y las condiciones de vida, y sostiene que la reivindicación no se limita al acceso a un techo, sino que abarca la capacidad de los salarios para cubrir las necesidades cotidianas.

El sindicalista reclama medidas que permitan responder a corto plazo a las dificultades de la población y compromisos más estables a medio y largo plazo. También señala la responsabilidad de las distintas administraciones, especialmente en el desarrollo de las políticas de vivienda, y pide que las decisiones públicas respondan a las demandas sociales.

📣 Rompe el algoritmo: comparte esta entrevista y ayuda a que el debate sobre vivienda, empleo y el futuro del medio rural llegue más lejos.

🤝 Podemos hablar del derecho a quedarse y de las condiciones de vida de la clase trabajadora gracias a apoyos como el tuyo. Súmate a EL FARADIO y hazte socia o socio por ocho euros al mes.