Las vecinas y vecinos afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Bosques de Santander, promovido por Real de Piasca, continúan sin respuestas concretas sobre el futuro de sus viviendas. La nueva reunión mantenida con el Gobierno de Cantabria y la empresa promotora ha permitido acceder a planos más completos, pero no ha despejado las principales incógnitas de una actuación urbanística que contempla la construcción de 7.850 viviendas en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.

La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander ha trasladado que, después del encuentro con el consejero de Fomento, Roberto Media, y los representantes jurídicos y técnicos de Real de Piasca, la incertidumbre sigue siendo prácticamente la misma. Según la información facilitada durante la reunión, el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y no dispone de documentación técnica suficientemente desarrollada para conocer todas sus consecuencias.

Esta falta de concreción se produce después de que el Gobierno de Cantabria haya anunciado modificaciones para reducir el número de viviendas afectadas, especialmente en el barrio santanderino de Rucandial. Sin embargo, la nueva delimitación mantiene a 12 propietarios dentro del ámbito de actuación y tampoco permite conocer qué se construirá en las inmediaciones de los hogares que permanezcan en pie.

La asociación reconoce que la entrega de nuevos planos supone disponer de más documentación que en los encuentros anteriores, pero considera que resulta insuficiente para evaluar una intervención de estas dimensiones. Las dudas afectan tanto a quienes pueden perder su vivienda como a quienes desconocen cómo cambiará el entorno en el que viven.

Realojos que no resuelven el problema de perder una casa

Durante la reunión, la promotora ha planteado posibles alternativas de reubicación y compensación para los 12 afectados que continúan dentro del perímetro del proyecto. Entre las opciones trasladadas figura ofrecer viviendas con superficies equivalentes a las actuales, teniendo en cuenta también los espacios exteriores de las propiedades.

Sin embargo, para la asociación, el debate no puede reducirse a la superficie de una vivienda o a las características de una eventual compensación. Los propietarios afectados tienen sus hogares en barrios donde mantienen su vida cotidiana, sus relaciones vecinales y su vinculación con el entorno.

«La reubicación no puede considerarse una solución al problema ni sustituir el derecho de los vecinos a permanecer en sus hogares», insiste el colectivo en su comunicado.

Además, las propuestas de realojo llegan después de que los propios afectados hayan cuestionado la disponibilidad de algunos terrenos que Real de Piasca contemplaba para construir las viviendas alternativas. Como informó El Faradio el pasado 21 de octubre, los vecinos advirtieron de que uno de los emplazamientos que se les había planteado no estaba en venta.

La nueva documentación tampoco permite confirmar que esas posibilidades de traslado estén resueltas. La asociación señala que se han presentado propuestas, pero no comunica que existan acuerdos cerrados con los propietarios ni garantías definitivas sobre las viviendas de sustitución.

Sin conocer la altura de los edificios ni lo que se construirá junto a sus casas

La incertidumbre no afecta exclusivamente a las viviendas que permanecen dentro del ámbito del PSIR. Durante el encuentro, los representantes del proyecto reconocieron, según explica la asociación, que todavía no pueden concretar cuestiones fundamentales sobre las construcciones previstas.

Entre los aspectos pendientes están la tipología de los edificios que se levantarán junto a las viviendas existentes, su altura y los usos que tendrán las diferentes zonas del desarrollo urbanístico.

La empresa ha trasladado su intención de minimizar las afecciones y favorecer la integración de las nuevas construcciones con el entorno. Sin embargo, los vecinos advierten de que esas afirmaciones no vienen acompañadas de garantías concretas que permitan comprobar cómo se materializarían.

«No podemos valorar un proyecto del que desconocemos qué se construirá, dónde y cómo afectará a nuestros hogares y a nuestro entorno», señala la asociación.

La cuestión resulta especialmente relevante en barrios como Rucandial, donde existen viviendas tradicionales, parcelas y espacios vinculados a una configuración residencial y rural que podría verse alterada por una actuación de gran escala.

Así, aunque una propiedad quede fuera de la delimitación prevista para el proyecto, sus residentes todavía no disponen de información suficiente sobre las edificaciones que podrían levantarse en las parcelas próximas o sobre las transformaciones de su entorno inmediato.

De 35 viviendas afectadas a 12, pero sin aclarar todas las consecuencias

La reunión del 23 de octubre llega después de que el Gobierno de Cantabria anunciara una reducción del número de propiedades afectadas por el desarrollo urbanístico. Según las cifras facilitadas por el Ejecutivo, las viviendas afectadas en este barrio pasarían de 29 a seis y, en el conjunto de la actuación, quedarían 12.

Sin embargo, como ya informó El Faradio, la asociación vecinal cuestionó las cifras iniciales del Gobierno al considerar que no coincidían con la documentación catastral que manejaban los afectados. También reclamó conocer los planos completos y no únicamente las modificaciones correspondientes a Rucandial.

La preocupación se extiende a otros ámbitos de Santander y Santa Cruz de Bezana, donde el colectivo recuerda que también existen propiedades afectadas.

En este sentido, los vecinos rechazan que la reducción del número de viviendas incluidas en el proyecto pueda presentarse como una resolución definitiva del conflicto mientras permanezcan hogares amenazados por la actuación.

Un proyecto de 7.850 viviendas que el Gobierno defiende por su aportación residencial

El proyecto ‘Bosques de Santander’, impulsado por el grupo empresarial Real de Piasca, contempla la construcción de 7.850 viviendas, de las que 4.710 serían libres y 3.140 protegidas a precio asequible.

La actuación comprende terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, e incluye también la futura Ciudad de la Justicia, nuevas infraestructuras viarias y la cesión de 650.000 metros cuadrados de zonas verdes para el Parque Litoral Norte.

El Gobierno de Cantabria ha defendido la iniciativa por su contribución prevista a la oferta de vivienda. El consejero Roberto Media ha apelado a la necesidad de aumentar la construcción residencial y colaborar con la iniciativa privada.

La tramitación mediante la figura del PSIR añade importancia a estas reclamaciones, al tratarse de un instrumento de ordenación territorial que puede tener consecuencias sobre los derechos de propiedad y permitir actuaciones expropiatorias conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Pese a los cambios anunciados, la Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander mantiene su exigencia de detener el proyecto.

«No vamos a dar por resuelto el problema mediante modificaciones parciales mientras continúen existiendo vecinos afectados», advierte.

El colectivo también ha anunciado que actuará como interlocutor ante Real de Piasca para defender a los propietarios y acompañarles en las decisiones relacionadas con sus viviendas, respetando la voluntad individual de cada uno.

La asociación insiste en que las modificaciones presentadas hasta ahora no permiten despejar todas las dudas ni conocer el alcance definitivo de la intervención.

«Seguiremos trabajando unidos, defendiendo nuestros hogares, nuestros barrios y los derechos de todos los afectados, sin dejar a nadie atrás», manifiestan los vecinos.