La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación de indefensión, opacidad y vulneración de derechos constitucionales que sufren cientos de familias tras el anuncio del macroproyecto residencial promovido por la mercantil Real de Piasca.

El colectivo vecinal denuncia de forma contundente la estrategia de desinformación llevada a cabo por las administraciones. Tras mantener reuniones con el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y los representantes de la promotora, la respuesta obtenida ha sido el silencio documental: ninguna de las partes ha facilitado planos ni especificaciones técnicas bajo el pretexto de que el proyecto «se encuentra en fase de redacción y no ha sido registrado». Los afectados consideran inadmisible que un plan que prevé levantar hasta 7.850 viviendas se difunda masivamente a los medios de comunicación mientras formalmente se oculta a los propietarios legítimos del suelo.

Un urbanismo exprés que castiga a los barrios consolidados

En su escrito al Defensor del Pueblo, la asociación se adhiere explícitamente a los fundamentos técnicos expuestos por el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COAC), Román San Emeterio Pedraja, quien criticó abiertamente el uso del mecanismo del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para un «monocultivo» residencial privado. Los vecinos denuncian que
esta fórmula hurta las competencias urbanísticas municipales, evita la necesaria redacción de un nuevo Plan General (PGOU) y anula la participación ciudadana.

La sombra del proyecto ya está provocando graves perjuicios económicos y morales en barrios históricos y consolidados como Rucandial, San Román, La Llanilla, La Candia, Ojaiz, Lluja y Bezania. La asociación señala que se ha producido una devaluación patrimonial inmediata y un «bloqueo inmobiliario de facto», ya que el temor a las expropiaciones paraliza cualquier reforma, inversión o transmisión de las viviendas. A esto se suma el grave impacto psicológico y la ansiedad crónica que sufren las familias ante la amenaza de perder sus hogares y su arraigo de toda una vida.

Por todo ello, los vecinos solicitan la intervención urgente del Defensor del Pueblo para que obligue al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander a entregar de inmediato toda la documentación existente y a paralizar cautelarmente cualquier tramitación exprés de este PSIR, garantizando que el desarrollo de la ciudad respete la propiedad privada y se canalice a través de las vías democráticas ordinarias.