La Asociación Eólica denuncia la parálisis del Parque Eólico de El Escudo durante más de siete meses

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La Asociación Eólica de Cantabria (AEC) ha celebrado hoy su asamblea anual, un encuentro en el que el sector ha alertado sobre la situación del desarrollo renovable en la región. Durante la reunión, los promotores han denunciado con contundencia la “parálisis injustificada y negligente” que sufren desde hace más de siete meses las obras del Parque Eólico de El Escudo, una infraestructura de 105 MW que resulta estratégica para la transición energética de la comunidad.

El pasado mes de marzo de 2026, cuando apenas restaban seis semanas para la finalización de los trabajos y el inicio de la producción de energía renovable, el Ministerio ordenó la paralización del proyecto. A día de hoy la situación sigue estancada y los 21 aerogeneradores ya instalados se erigen como “testigos inmóviles de un despropósito administrativo”. El motivo de este bloqueo no es otro que la falta de resolución de más de 200 recursos que fueron presentados hace años en el Ministerio de Transición Ecológica por los opositores al parque.

Desde la AEC denuncian la tremenda paradoja y la inseguridad jurídica que genera esta lentitud burocrática, ya que similares recursos han decaído sucesivamente en la vía judicial, habiendo sido desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Tribunal Supremo. Todo el desarrollo del Parque Eólico del Escudo se ha ejecutado con escrupuloso cumplimiento de la ley, superando un complejísimo y exigente escrutinio ambiental. Que a estas alturas el Ministerio mantenga el bloqueo sin visos de una solución a corto plazo resulta, a juicio de los promotores, “incomprensible y dramático”.

En este sentido, la asociación ha criticado la falta de respuesta del delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares. Para el sector, resulta inaceptable que la máxima representación del ejecutivo central en la comunidad no haya reaccionado a “un atropello” sobre el mayor proyecto hasta la fecha de energía renovable en la región, que está causando un perjuicio económico grave e injustificado a las empresas promotoras, las cuales han cumplido puntualmente con sus obligaciones legales y de inversión. Esta situación no solo castiga a quienes apuestan por el territorio, sino que traslada un mensaje nefasto para cualquier futura inversión industrial en la región.

De momento la AEC tampoco ha recibido respuesta a la carta enviada hace varias semanas solicitando a la ministra Sara Aagesen que se resolvieran los recursos pendientes cuanto antes. Del mismo modo la asociación no tiene constancia de que haya habido respuesta alguna a la misiva enviada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al presidente de España, Pedro Sánchez, solicitando su implicación personal en la resolución de este grave problema surgido en el Ministerio de Transición Ecológica.

El Parque Eólico de El Escudo es una infraestructura estratégica, capaz de abastecer a 80.000 hogares cántabros con energía libre de emisiones y de contribuir a abaratar la factura de la luz en un contexto de precios al alza.

La Asociación Eólica de Cantabria exige al Ministerio que asuma su responsabilidad, resuelva los recursos administrativos, cuyos fundamentos ya fueron objeto de sentencia por los tribunales, y permita de forma inmediata la puesta en marcha de los aerogeneradores. «El peor escenario posible es el que tenemos hoy: molinos instalados en el monte que no pueden producir la energía limpia que Cantabria necesita de forma urgente», concluyen desde la AEC.

Algunos datos sobre la necesidad de renovables en Cantabria

Actualmente, la comunidad produce menos del 15 % de la energía eléctrica que consume, es la penúltima del ranking nacional en este aspecto. Sin embargo, la demanda sigue una clara tendencia al alza. Del mismo modo Cantabria se mantiene a la cola de España en potencia eólica instalada, con apenas 35,3 MW en funcionamiento correspondientes al parque de Cañoneras y a un molino experimental. Esta cifra contrasta con los más de 31.600 MW y 1.450 parques instalados en el conjunto de España, donde la eólica ya es la primera tecnología de generación.

El nuevo Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2021-2030, aprobado en agosto de 2026, establece un objetivo de 700 MW eólicos terrestres para el final de la década. Sin embargo, la AEC ha advertido durante la asamblea de que es muy poco probable que se alcance siquiera el 60 % de ese objetivo normativo. Incluso si se llegaran a construir a tiempo todos los parques que actualmente cuentan con autorización de construcción (como Bustatur) o con Declaración de Impacto Ambiental aprobada, la potencia total en la región sumaría sólo 432,13 MW.

El desarrollo eólico planificado para los próximos cuatro años implicaría una inversión de 420 millones de euros, generando más de 400 empleos anuales durante la fase de construcción y más de 80 puestos de trabajo directos e indirectos para los 25 años que duraría la fase de explotación. Además de lograr que las energías renovables alcancen el 30 % de la generación eléctrica de Cantabria y evitar la emisión a la atmósfera de 6,3 millones de toneladas anuales de CO2, los parques eólicos representan una importante inyección económica, especialmente para el entorno rural. Dejarían más de 11 millones de euros en licencias de obra, más de 1,2 millones de euros anuales en concepto de IAE e IBI, alrededor de 1 millón anual por el canon urbanístico y más de 850.000 euros al año en arrendamientos de terrenos.

Finalmente, la AEC ha querido destacar los paquetes de medidas sociales para la población incluidos en la promoción eólica, con una inversión prevista que supera el millón de euros anuales. Estas iniciativas incluyen tarifas de luz reducidas para los habitantes de los municipios acogedores, apoyo a la ganadería y el turismo, planes de formación y empleo, así como mejoras paisajísticas y forestales. Todo este escenario de progreso, insiste la asociación, le costaría 0 € a los cántabros, ya que ninguno de los proyectos cuenta con ayudas públicas, subvenciones o primas a la producción.

 

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