El Sindicato de Vivienda de Cantabria y la Acampada por la Vivienda de Cantabria han situado la crisis habitacional en el centro de una reivindicación colectiva que trasciende el acceso a un techo. Ambas organizaciones, que han coordinado la huelga general junto a otras 18 colectivas y sindicatos de todo el territorio cántabro, defienden que el problema de la vivienda está directamente relacionado con la precariedad laboral, el encarecimiento de la vida, el turismo masivo y el debilitamiento de los servicios públicos.

En el manifiesto conjunto, las organizaciones sostienen que la vivienda no constituye una problemática aislada, sino una expresión de un modelo económico y social que dificulta las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. En este sentido, consideran que tener un empleo ya no garantiza poder vivir con dignidad, puesto que los salarios no permiten afrontar el incremento de los precios ni acceder a una vivienda.

El documento vincula esta situación con un sistema económico basado en la acumulación de beneficios y la mercantilización de los recursos. Las organizaciones denuncian que, mientras aumenta la productividad y crecen los beneficios empresariales, las condiciones laborales siguen deteriorándose y los salarios no avanzan al mismo ritmo que el coste de la vida.

Uno de los principales focos de sus críticas es el turismo masivo, al que responsabilizan de contribuir al desplazamiento de la población residente, la precarización del empleo y la transformación de los pueblos y ciudades en espacios orientados al negocio y al consumo de quienes están de paso.

Más de 6.500 pisos turísticos y cerca de 50.000 viviendas vacías

El manifiesto aporta cifras para describir la dimensión del problema habitacional en Cantabria. Según los datos recogidos por las organizaciones, solo tres de los 102 municipios de la comunidad autónoma carecen de viviendas de uso turístico (VUT). El territorio cuenta con 6.536 pisos turísticos y cerca de 50.000 viviendas vacías, mientras que el precio de la vivienda ha aumentado un 46,5% desde 2022 y el alquiler prácticamente se ha duplicado en la última década.

A esta situación se suma, según denuncian, que la mitad de las viviendas de protección oficial (VPO) ha terminado pasando al mercado libre. Las consecuencias sociales también aparecen reflejadas en el documento: el 44,2% de las personas inquilinas estaría en riesgo de pobreza, más de medio millar de personas sufrirían sinhogarismo en Cantabria y la emancipación juvenil habría alcanzado mínimos históricos, hasta situar a la comunidad como la que presenta el peor dato del Estado.

Las organizaciones también relacionan la dificultad para acceder a una vivienda con otros problemas que afectan especialmente a la juventud, como el precio de las habitaciones, las residencias y la formación universitaria. A su juicio, estas circunstancias limitan tanto la posibilidad de emanciparse como la de estudiar fuera del entorno familiar.

Por otra parte, el manifiesto amplía sus reivindicaciones al ámbito de los servicios públicos. Denuncia el deterioro de la sanidad, las pensiones y la educación, y reclama reforzar los sistemas públicos de protección y desarrollar una red de cuidados que no traslade a las familias una responsabilidad que consideran colectiva.

Una ley autonómica y una rebaja del 50% de los alquileres

Entre las principales exigencias figura la aprobación de una Ley autonómica de Vivienda que garantice el hogar como un derecho básico y limite su consideración como un bien de mercado. También reclaman declarar zonas tensionadas y reducir un 50% los precios de los alquileres, además de establecer contratos indefinidos.

Sus reivindicaciones incluyen la tramitación y aprobación de una iniciativa legislativa popular (ILP) contra la especulación del suelo y los fondos buitre, la limitación del número de viviendas en propiedad y la prohibición de que estos fondos puedan adquirir viviendas.

Asimismo, exigen transparencia en la gestión de GESVICAN, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Cantabria, y el desmantelamiento de la oficina de desokupación vinculada a esta entidad. También reclaman prohibir los desahucios y desarrollar un parque público de vivienda que no se limite, según advierten, a construir nuevos inmuebles sin abordar el problema de fondo.

En relación con los pisos turísticos, plantean paralizar la concesión de nuevas licencias, perseguir las viviendas ilegales y anular las autorizaciones que sean necesarias para que no superen el 1% del total en ningún municipio cántabro. Además, reclaman que los propietarios tengan la obligación de facilitar el empadronamiento a todas las personas que residen en sus viviendas.

La vivienda, ligada a los salarios y los servicios públicos

Las reivindicaciones no terminan en el mercado inmobiliario. El Sindicato de Vivienda y la Acampada por la Vivienda reclaman una subida salarial acorde al coste de la vida y una reducción de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales.

También piden mejorar la sanidad pública, transformar el transporte colectivo mediante más líneas, frecuencias y tarifas integradas, e implantar servicios de transporte a demanda en los núcleos rurales pequeños. A ello suman un sistema público de cuidados y pensiones dignas, con actualizaciones vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC) real y una cuantía mínima equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).

La juventud ocupa otro apartado específico del documento, que reclama regular y reducir los precios de la educación superior, los alquileres, las habitaciones y las residencias para garantizar el derecho a la emancipación y al estudio. También exige la derogación de la Ley Mordaza y la Ley de Extranjería.

Las organizaciones consideran que la respuesta a la huelga general y a la manifestación demuestra la capacidad de organización colectiva frente a la especulación. Agradecen la participación de vecindades, colectivos y trabajadoras y sostienen que la movilización no supone un punto final, sino el comienzo de un proceso para disputar el modelo de vida en Cantabria.

Su planteamiento pasa por mantener la organización social más allá de una jornada de protesta y convertir la vivienda y el encarecimiento de la vida en cuestiones centrales del debate público.

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