La finalización del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), el pasado 31 de octubre, abre una etapa de especial incertidumbre para el pueblo saharaui. Después de 35 años de presencia sobre el terreno, el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo que permita mantener una misión creada para hacer posible un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.

Los debates celebrados los días 10 y 11 de noviembre en la Asamblea General han vuelto a poner de manifiesto las profundas diferencias entre los Estados y los intereses que condicionan el futuro del Sáhara Occidental. Mientras tanto, el proceso de retirada de la MINURSO sigue adelante y el territorio pierde una presencia internacional que, pese a sus limitaciones, desempeñaba funciones de observación fundamentales.

Desde Cantabria por el Sáhara expresan su profunda preocupación por las consecuencias de esta situación. El anuncio de movilización general del Frente Polisario, la persistencia del conflicto armado y las advertencias sobre una posible escalada militar hacen especialmente grave la desaparición de los mecanismos de observación de Naciones Unidas.

Pero lo ocurrido no es únicamente una cuestión de seguridad. Es también el resultado de décadas de incumplimientos y de la incapacidad de la comunidad internacional para garantizar el ejercicio de un derecho reconocido al pueblo saharaui.

El Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización. El fin de la MINURSO no modifica esta realidad ni anula el derecho inalienable de su pueblo a la autodeterminación, como ha recordado expresamente el secretario general de Naciones Unidas.

Desde la asociación dicen que no pueden aceptar que el fracaso de una misión concebida para hacer efectivo ese derecho termine utilizándose para justificar su abandono. Tampoco que los intereses políticos y estratégicos de determinados Estados prevalezcan sobre la voluntad de un pueblo que lleva más de cincuenta años soportando la ocupación, la separación de sus familias y el exilio.

Esta situación exige que Naciones Unidas mantenga su responsabilidad y adopte medidas para garantizar la observación internacional, la protección de los derechos humanos y la continuidad de un proceso político que no imponga de antemano el futuro del territorio.

España tampoco puede permanecer al margen, según Cantabria por el Sáhara. Cincuenta años después de su retirada del Sáhara Occidental, España sigue teniendo una responsabilidad histórica, política y jurídica que no puede eludir. Reclaman al Gobierno español que abandone cualquier posición que contribuya a consolidar la ocupación marroquí y que defienda, con hechos y no solo con declaraciones, una solución ajustada al derecho internacional y al ejercicio efectivo de la autodeterminación.

Su preocupación se dirige especialmente a la población saharaui de los territorios ocupados, donde continúan las denuncias de vulneraciones de derechos humanos, y a las miles de familias refugiadas que siguen viviendo en los campamentos de Tinduf, sin que se vislumbre una solución a un exilio que se prolonga de generación en generación.

Desde Cantabria por el Sáhara seguirán acompañando al pueblo saharaui a través de la cooperación, la sensibilización y la denuncia de las injusticias que padece. Pero saben que la solidaridad, por necesaria que sea, no puede sustituir a la responsabilidad política de quienes tienen la obligación de contribuir a resolver este conflicto.

«El pueblo saharaui no necesita que otros decidan su futuro. Necesita que se respete su derecho a decidirlo», concluyen.