Frente Amplio propone crear un banco público de prótesis para facilitar su reutilización y acceso
Frente Amplio propone crear un banco público de prótesis y órtesis que permita reutilizar estos productos sanitarios, prolongar su vida útil y facilitar su aprovechamiento por parte de las comunidades autónomas. La iniciativa forma parte de las medidas de la coalición para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizar su autonomía y avanzar hacia unos servicios públicos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
La propuesta conecta con experiencias de reutilización y aprovechamiento compartido de recursos como la Objetoteca de Riotuerto, municipio en el que es concejal el candidato de Frente Amplio a la Cámara Alta, en la lista Senado de Progreso, Israel Ruiz Salmón.
“Hay cosas que una persona necesita durante toda su vida y otras que necesita durante una etapa concreta. Lo que no tiene sentido es que un recurso que puede seguir siendo útil termine sin utilizarse mientras otra persona lo necesita y no puede acceder a él”, señala Ruiz Salmón, que defiende que “compartir y reutilizar también es una forma de construir servicios públicos más eficientes y una sociedad más solidaria”.
Más autonomía personal y alternativas a las residencias
Otra de las principales propuestas de Frente Amplio es reforzar los servicios de asistencia personal y los cuidados a domicilio para que las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan decidir dónde y cómo quieren vivir.
“La autonomía personal no puede ser un privilegio reservado a quienes tienen recursos económicos o una familia que pueda hacerse cargo de todos los cuidados. Tiene que ser un derecho garantizado por los servicios públicos”, defiende Carmen Martín, candidata de Frente Amplio al Congreso.
Audífonos financiados y más derechos
Frente Amplio propone también incorporar los audífonos a la cartera común de servicios sanitarios, garantizando su financiación pública para todas las personas que los necesiten y estableciendo programas prioritarios para mayores de 65 años y personas con discapacidad. El programa incluye el aumento de la inversión pública en dependencia del 0,8 % al 1,7 % del PIB en 2030.
“Cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando de caridad ni de favores. Estamos hablando de derechos, de igualdad de oportunidades y de eliminar las barreras que impiden a muchas personas desarrollar su vida con libertad”, concluye Carmen Martín.
Por su parte, Israel Ruiz Salmón insiste en que “una sociedad se mide también por cómo organiza los apoyos que necesitan sus ciudadanos. No podemos permitir que la autonomía de una persona dependa de su código postal, de su cuenta bancaria o de que su familia pueda asumirlo todo”.