Santander Saludable denuncia que el Ayuntamiento ha entregado datos incompletos sobre la contaminación pese al requerimiento judicial

La Asamblea asegura que faltan mediciones de calidad del aire y todos los registros de ruido de los 40 sonómetros instalados. Cuestiona la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones y reclama información sobre las más de 3.200 posibles infracciones detectadas.
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La Asamblea Ciudadana Santander Saludable denuncia que el Ayuntamiento de Santander ha entregado información incompleta sobre la contaminación de la ciudad, pese al requerimiento judicial que le obligaba a aportar los registros de las estaciones de medición utilizados para justificar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La reclamación se produce en el marco del recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, integrante de esta plataforma formada por catorce organizaciones sociales, vecinales, ecologistas y políticas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) había concedido al Consistorio un plazo de tres días para completar la documentación.

Según explica la Asamblea, el Ayuntamiento ha entregado 19 archivos correspondientes a las mediciones ambientales, aunque sostiene que los registros son insuficientes para comprobar el diagnóstico utilizado en la elaboración del proyecto municipal.

La plataforma señala que, de las diez estaciones de medición de calidad del aire instaladas en Santander, la documentación facilitada recoge únicamente periodos de entre menos de un mes y dos meses, frente a los nueve meses comprendidos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 durante los que se realizaron los controles.

Además, denuncia que los archivos no permiten identificar claramente a qué estación corresponde cada medición, lo que dificulta verificar la metodología empleada y la representatividad de los resultados.

A estas carencias se suma la ausencia de los registros de ruido. Según la Asamblea, el Ayuntamiento no ha aportado ningún dato de los 40 sonómetros instalados en Santander, pese a que la contaminación acústica también forma parte del diagnóstico ambiental.

La plataforma considera que esta situación impide comprobar las conclusiones técnicas utilizadas para establecer las restricciones de tráfico y acusa al Consistorio de mantener una política de falta de transparencia.

Mediciones financiadas con fondos europeos

Santander Saludable recuerda que los sistemas de medición y control se han financiado con fondos europeos y considera que la ciudadanía debe tener acceso a la información ambiental obtenida mediante estas inversiones.

EL FARADIO ya informó de que el Ayuntamiento tramitó dos contratos vinculados a estos sistemas, cuyos presupuestos iniciales de licitación sumaban aproximadamente 3,75 millones de euros, aunque esta cantidad no equivale al gasto finalmente adjudicado o ejecutado.

La Ley 27/2006 reconoce el derecho de acceso a la información ambiental en poder de las administraciones públicas. Por otra parte, el Real Decreto 1052/2022 establece los requisitos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones en materia de calidad del aire, contaminación acústica y seguimiento de sus resultados.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió el pasado diez de noviembre que la documentación requerida ya se encontraba entre los materiales aportados al órgano judicial. También sostuvo que el Ayuntamiento no tenía obligación de publicar determinados registros y que la información exigible estaba disponible en la web municipal.

Seis zonas con problemas de contaminación quedan fuera de la ZBE

La Asamblea cuestiona también la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones, que ocupa aproximadamente 0,2 kilómetros cuadrados, el 0,6% del término municipal, concentrados principalmente en el Ensanche.

Según recuerda el colectivo, el propio proyecto municipal reconoce superaciones de los niveles de referencia de contaminación en seis de las diez zonas analizadas: Marqués de la Hermida, calle Alta, Valdecilla, plaza de las Estaciones, Numancia y Salesianos.

Sin embargo, ninguna de ellas está incluida en el perímetro de la ZBE ni ha recibido la consideración de Zona de Especial Sensibilidad (ZES).

La normativa estatal contempla estas zonas para reforzar la protección de espacios especialmente vulnerables, como los entornos escolares y sanitarios, mediante medidas de reducción de emisiones más exigentes.

En este sentido, la Asamblea recuerda las campañas de medición de Ecologistas en Acción en centros educativos de Santander, que identificaron concentraciones elevadas de dióxido de nitrógeno, especialmente en el entorno del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alberto Pico, situado en la calle Castilla.

En la campaña presentada en abril de 2026, doce de los 16 centros analizados en Santander superaron el valor anual de 20 microgramos por metro cúbico previsto por la normativa europea para 2030. Estas mediciones no equivalen por sí solas a un incumplimiento de los límites legales anuales actualmente vigentes.

Para Santander Saludable, estos resultados refuerzan la necesidad de revisar la delimitación municipal y establecer medidas específicas de protección para los entornos con mayor exposición.

Más de 3.200 posibles infracciones sin datos sobre las sanciones

La plataforma reclama igualmente transparencia sobre el funcionamiento del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones.

Según los datos municipales difundidos en agosto, entre abril y julio de 2026 se detectaron 3.239 posibles infracciones por accesos de vehículos no autorizados. De ellas, 2.697 fueron validadas y correspondían a 2.308 matrículas diferentes.

Sin embargo, la Asamblea asegura que se desconoce cuántas han dado lugar a expedientes sancionadores, cuántas denuncias han sido notificadas y cuántas multas se han impuesto finalmente.

La ordenanza municipal contempla sanciones de 200 euros para los accesos no autorizados que constituyan infracciones graves, una vez tramitado el procedimiento correspondiente.

Además, la modificación estatal de la regulación de las ZBE aprobada en noviembre de 2026 refuerza la exigencia de aplicar efectivamente las restricciones y el régimen sancionador, sin moratorias que retrasen su cumplimiento.

La Asamblea reclama conocer si las infracciones registradas por las cámaras municipales están teniendo consecuencias administrativas y exige que se facilite la documentación completa sobre las mediciones ambientales utilizadas para justificar la actual delimitación.

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