La sostenibilidad se ha convertido en una palabra habitual en los discursos políticos, institucionales y empresariales. Sin embargo, que aparezca de manera recurrente no significa necesariamente que esté guiando las decisiones que transforman las ciudades. «La ciencia ha avanzado muchísimo y hay muchas soluciones que se han investigado y que están ahí en el conocimiento, pero en el día a día, en la gran mayoría de las ciudades, todavía no se están implementando», advierte Tannya Pico, arquitecta e investigadora del Instituto de Excelencia Urbana de La Haya, en Países Bajos.

Pico ha participado en una entrevista de ‘La energía del cambio’, el espacio de El Faradio realizado en colaboración con Solabria, la cooperativa comercializadora de energías renovables de Cantabria, para abordar la relación entre arquitectura, urbanismo y sostenibilidad. Una conversación en la que plantea que el principal error es reducir la sostenibilidad a las características de un edificio concreto, sin tener en cuenta el territorio en el que se construye y las consecuencias que genera.

La investigadora recuerda que hace ya más de 20 años, cuando cursó su máster en Barcelona, la arquitectura sostenible se centraba fundamentalmente en cuestiones como la orientación de los edificios, la protección solar, el aislamiento térmico, la eficiencia energética o la utilización de materiales de proximidad. Elementos que siguen siendo necesarios, pero que considera insuficientes si no se amplía la perspectiva.

«Tenemos que cambiar la escala, tenemos que ir a la escala de ciudad y de territorio», sostiene. En este sentido, explica que cada construcción tiene efectos sobre el entorno natural, desde la impermeabilización del suelo hasta la capacidad de infiltración del agua de lluvia. Un impacto que se multiplica cuando se traslada del edificio al barrio y del barrio al conjunto de la ciudad.

Por eso, defiende que la sostenibilidad debe incorporarse a las normativas municipales y dejar de depender exclusivamente de la voluntad de cada promotor o diseñador. Los ayuntamientos, recuerda, tienen una herramienta fundamental: conceden las licencias de construcción y pueden establecer condiciones sobre el porcentaje de materiales reciclados, los espacios verdes o la generación de energía.

Rehabilitar antes que construir

Uno de los aspectos que destaca Pico es la necesidad de considerar el impacto ambiental de los materiales y el ciclo de vida completo de los edificios. No basta con conocer cuánto cuesta económicamente una construcción: también hay que calcular su coste ambiental y las emisiones asociadas a los materiales utilizados.

«Los materiales también deberían tener un coste ambiental, un coste de carbono», plantea. Así, pone como ejemplo la diferencia entre utilizar una cerámica producida en un municipio cercano y otra que llega desde China, cuyo transporte incorpora un impacto energético que no suele reflejarse en el precio final.

Además, considera que una ciudad puede ser más sostenible si aprovecha las edificaciones existentes en lugar de continuar expandiéndose. «Una ciudad es más sostenible si no construye más, sino que reutiliza las edificaciones que están abandonadas», afirma. La investigadora señala que muchas zonas céntricas cuentan con edificios antiguos que permanecen sin uso por la falta de incentivos financieros y técnicos para su rehabilitación.

La proximidad también resulta fundamental. Las ciudades compactas, con servicios cercanos y transporte público accesible, permiten reducir los desplazamientos y la dependencia del automóvil. En este punto, compara su experiencia en Florida, donde vivió cinco años y donde necesitaba el coche para prácticamente cualquier actividad, con su vida actual en Países Bajos, donde se desplaza en bicicleta, tren y autobús.

«No necesitas tener un coche para poder vivir tranquilamente, pero vivimos en una ciudad que nos permite movernos en bicicleta», explica. A su juicio, la infraestructura disponible condiciona directamente las posibilidades de movilidad de la ciudadanía.

La participación ciudadana y los límites del crecimiento

La investigadora también introduce una dimensión social en el concepto de sostenibilidad. Compara la participación ciudadana en Europa con experiencias de América Latina y Asia, donde observa una mayor capacidad de autoorganización ante determinadas carencias institucionales.

Como ejemplo, menciona el caso de Quito, en Ecuador, donde organizaciones ciudadanas y personas vinculadas a la academia y al ámbito jurídico consiguieron llevar al municipio ante los tribunales por la contaminación del río Machángara. Pico recuerda que la Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce derechos a la naturaleza, una herramienta que permitió plantear judicialmente la defensa del río.

En Europa, en cambio, observa que la mayor eficiencia de las administraciones puede ir acompañada de una menor implicación colectiva. Una contradicción que también aparece en los proyectos urbanos que incorporan la participación ciudadana como objetivo, pero encuentran dificultades para conseguir que la población se involucre.

Entre las experiencias que considera interesantes destaca Ámsterdam y su aplicación de la denominada economía de la rosquilla, un modelo desarrollado por la economista Kate Raworth que combina los límites ecológicos del planeta con las necesidades básicas del bienestar social. La ciudad utiliza este enfoque para orientar sus políticas urbanas, priorizando la rehabilitación de edificios y estableciendo condiciones ambientales para las nuevas construcciones, como la utilización de materiales reciclados y la autogeneración energética.

En este último ámbito, Pico pone como referencia los Países Bajos, donde existen posibilidades de elegir comercializadoras y proveedores de energía y donde se han impulsado instalaciones de generación renovable. También señala que los edificios deben incorporar paneles solares para alcanzar determinados porcentajes de autogeneración.

La investigadora considera, no obstante, que todavía hacen falta más incentivos a escala europea para extender estas soluciones. Una transformación que, insiste, no puede quedarse en declaraciones de intenciones: «La sostenibilidad es un tema transversal, normativo y de cumplirlo».

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