3.000 inmigrantes han perdido la tarjeta sanitaria en Cantabria

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La Plataforma “Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria” ha hecho llegar a la consejería de Sanidad de Cantabria sus valoraciones sobre la gestión sanitaria en la región. Según las mismas, las reformas sanitarias del PP provocaron que en septiembre de 2012, unos 873.000 inmigrantes en toda España perdieran su tarjeta sanitaria, 3.000 de ellos en Cantabria.

Inmigrantes

La plataforma también pone de manifiesto el fracaso en la aplicación del “Programa de Protección Social de la Salud Pública” puesto en marcha por la consejería: con los datos recogidos hasta el 27 de mayo, tras ocho meses de aplicación, solo 101 personas solicitaron el acceso a dicho Programa (2.6%)  y de estos, solamente 37 han sido admitidos.

Los responsables de la organización expresan asimismo su «preocupación» por la falta de información y difusión del Programa que se constata entre el personal administrativo y sanitario de los centros de salud. Según sus responsables, resulta “muy preocupante” que no se haya informado por carta a los inmigrantes susceptibles de integrarse en el Programa, y que no se haya emprendido una campaña de difusión que permita hacer llegar la información a un colectivo “invisibilizado”, como es el de los inmigrantes en situación irregular.

“Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria” entiende que visto “el grado de consenso” alcanzado entre la sociedad cántabra a favor de la restitución de la atención sanitaria pública a los inmigrantes sin permiso de residencia, es necesario instar al Gobierno autonómico a poner en marcha los medios necesarios para la resolución real del problema.

Según la plataforma, este consenso “se ve reflejado en los posicionamientos de trabajadores sociales y sanitarios, en las demandas de las instituciones y grupos que ejercen la solidaridad con este colectivo”.

Del mismo modo, diferentes partidos de todo el espectro político como Equo, Izquierda Unida, el PRC, PSOE, Podemos y SAIN han firmado un documento que la Plataforma ha dirigido a la Consejería de Sanidad, planteando la necesidad de implantar el Programa de manera eficiente e inclusiva, con la máxima difusión, simplificando los requisitos administrativos, y con el objetivo de recuperar la asistencia sanitaria pública para todas las personas. El documento también reclama al Gobierno de Diego que defienda ante el Gobierno de España la derogación urgente del Decreto 16/2012.

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