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El Gobierno abre expediente a Ferrovial por incumplimiento del contrato de Valdecilla

15 de julio de 2016. POR
11:30 Sala de Prensa del Gobierno de Cantabria. La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, informan, en rueda de prensa, sobre Valdecilla. 15 de julio de 2016 © Raúl Lucio

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, informan, en rueda de prensa, sobre Valdecilla || Foto: Gobierno de Cantabria

El Gobierno iniciará un proceso sancionador contra la adjudicataria de las obras y los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Smart Hospital Cantabria (Ferrovial y SIEC, en UTE) por “incumplimiento y numerosas deficiencias” en la ejecución de las obras, con diferencias importantes entre lo proyectado y lo realmente ejecutado, que podrían haber supuesto un ahorro de hasta 2 millones de euros para la concesionaria.

Así lo han anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en una rueda de prensa en la que han dado a conocer los resultados de una auditoría encargada por el Ejecutivo, en la que es «difícil» valorar todas las deficiencias detectadas.

Sin embargo, han asegurado que algunos incumplimientos suponen casi dos millones de euros de ahorro para la concesionaria, aunque creen que la cantidad podría ser mayor. La diferencia entre lo proyectado y lo realmente ejecutado afecta al funcionamiento y calidad en la prestación de los servicios e “incumple la normativa vigente”, ha asegurado la vicepresidenta.

EL MODELO DEL NUEVO VALDECILLA

La finalización del la Fase 3 de Valdecilla se hizo mediante una colaboración público-privada (CPP) de financiación privada de la infraestructura (PFI): un contrato a 20 años, el megacontrato de Valdecilla, con Ferrovial, en la anterior etapa de Gobierno (PP).

Se firmó en un importe superior a los 900 millones de euros que incluía la gestión de todos los servicios no sanitarios (aunque el propio contrato admitía que afectaría a la sanidad), así como compensaciones añadidas a favor de la empresa por aumentos de estancias y consumos de energía.

La operación estuvo envuelta de una gran polémica, con la oposición de los sindicatos y del PSOE, así como de colectivos sociales como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que alertaron de un proceso de «privatización» y cuestionaban un modelo que dejaría el funcionamiento del principal hospital de Cantabria en manos de una empresa privada, por un periodo de cinco legislaturas.

Y con el Partido Popular, con mayoría absoluta, a favor de un modelo que permitía cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria y terminar las obras del hospital, en remodelación desde el accidente del 2 de noviembre de 1999, en el que fallecieron cuatro trabajadores.

El hospital se preinauguró en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015, aunque el traslado de servicios de la Residencia Cantabria al nuevo edificio no se ha completado hasta este año, hace escasas semanas.

Expertos en gestión sanitaria alertaron de riesgos de este tipo de colaboraciones público-privadas, que en un primer momento permiten acometer grandes infraestructuras, pero que varias experiencias en España o el Reino Unido habían arrojado evidencias de que a la larga sale más caro para el erario público.

LOS DATOS DE LA AUDITORÍA

La auditoría ha sido llevada a cabo por «empresas técnicas» con “experiencia importante” en supervisión de obras de construcción e ingeniería.

Díaz Tezanos ha explicado que está basada en el análisis de la documentación disponible y en los controles de calidad en la propia construcción, con estudios comparativos sobre el proyecto y su resultado final; análisis de los controles de calidad durante la obra; la correspondencia de las modificaciones entre las actas y el libro de órdenes de la obra; así como sobre la calidad de los materiales y de las consecuencias de las modificaciones y su repercusión económica.

El informe aborda ocho apartados, desde el procedimiento administrativo, en el que se han detectado “irregularidades” y “carencias” en las funciones de calidad, con fases de obra “sin control” exigidas en el contrato. Tampoco hay constancia de la contratación del seguro decenal  obligatorio y las fichas de cambio ni las actas de obra están firmadas por el promotor.

También se han detectado modificaciones entre la oferta presentada al concurso y el proyecto de ejecución final, que “pueden afectar a la funcionalidad y calidad del servicio”, como la eliminación de 122 cabeceros de cama, la no ejecución de una marquesina en el acceso a consultas de Valdecilla Sur o la existencia de partidas del proyecto por un millón de euros que han pasado al bloque de mobiliario.

Además, la vicepresidenta se ha referido, en tercer lugar, a  la existencia de cambios que “perjudican claramente” al funcionamiento del hospital, como la eliminación de cuatro ascensores previstos, lo que supone el aumento de los tiempos de espera, y más aún cuando la empresa ofertó el aumento del número de ascensores como una mejora.

Y con respecto a la iluminación se ha ampliado el alcance de las zonas de detección por presencia a zonas de consultas y zonas de trabajo, obligando al continuo movimiento de sus usuarios para que permanezcan las luces encendidas.

La auditoría también refleja el incumplimiento de la normativa sobre ventanas, sin las barandillas adecuadas; puertas de emergencia y cortafuegos instaladas en sentido inverso al de evacuación o baños considerados accesibles que incumplen la legislación vigente, así como el incumplimiento de los requisitos en las denominadas “salas blancas” de farmacia.

El informe también desvela “deficiencias” en el control de la ejecución de la obra, durante la cual no se realizaron algunos ensayos en la fachada y en la cubierta y que como consecuencia ya presentan goteras y humedades.

Por otra parte, apunta que la mayor parte de los cambios detectados coinciden con las fichas de control, que están sin fecha y sin la firma del promotor, y que han supuesto la eliminación de asientos abatibles en las duchas o la desaparición de la toma de aire medicinal en los cabeceros, entre otros, lo que pueden haber supuesto un ahorro a la concesionaria de algo de más de un millón de euros.

Por lo que respecta a las unidades de obra ejecutadas deficientemente y que no cumplen con la calidad exigible, Díaz Tezanos se ha referido a la colocación deficiente de las puertas, con unos premarcos más grandes que las puertas.

Asimismo, en el hall de entrada se han detectado tablas sueltas, las manillas de las puertas se sueltan con facilidad u otras deficiencias como la cubierta del bloque C en la que hay goteras.

En lo que respecta a las verificaciones de las mediciones, la vicepresidenta ha señalado los problemas existentes con el recercado interior de las ventanas  que sólo se ha pintado, o el cortinaje de separación en las habitaciones que a pesar de contemplarse en el proyecto, no se han colocado.

Algunas modificaciones, como no haber cubierto con mortero el suelo de la planta -4, y que no representaba un gran gasto durante obra, ahora supone un coste que se dispara.

Por este motivo, la vicepresidenta ha defendido la dificultad de valorar las deficiencias detectadas en su conjunto o el ahorro que puede haber supuesto para la empresa concesionaria, aunque ha detallado que en el muestreo de cuatro unidades de obra se han detectado ahorros de más de 835.755 euros.

INFORME JURÍDICO PARA VALORAR LAS SANCIONES A LA EMPRESA

Díaz Tezanos ha explicado que, con este documento de 192 páginas, el Ejecutivo regional va a solicitar a sus servicios jurídicos un informe para saber qué pasos tiene que dar y va a abrir un procedimiento, en el que se dará audiencia a la empresa, para imponer penalizaciones a la concesionaria.

Como explicó EL FARADIO, hay una amplia gama de sanciones que se pueden imponer a la concesionaria, y tal y como ha apuntado hoy el Ejecutivo, podrían suponer rebajas en la factura a pagar por el Ejecutivo a la adjudicataria.

Este informe de los servicios jurídicos será el que determine “las distintas alternativas legales a adoptar y los pasos a dar legal y jurídicamente en el futuro”, ha precisado Díaz Tezanos.

En este sentido, ha asegurado que comunicará a la concesionaria la auditoría y se exigirá “la resolución inmediata de los incumplimientos de la normativa vigente”, así como “el cumplimiento de la normativa de todos los servicios”.

La auditoría también se enviará a los grupos parlamentarios, que dispondrán de ella para la comisión de investigación que se va a abrir en la Cámara regional, y se ha publicado hoy en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria, además de remitirse a la Consejería de Economía y a la Intervención de la Comunidad Autónoma.

A LA ESPERA DE OTRA AUDITORÍA

Con respecto al contrato público-privado al margen de esta auditoria, el Gobierno de Cantabria en el mes de febrero aprobó, en Consejo de Gobierno, que la Intervención General realizara una auditoría económica dentro del Plan de Auditorías del Gobierno, que no estará concluida hasta finales de este año.

La vicepresidenta ha considerado “difícil” llevar a cabo una valoración de las irregularidades, ya que no se han realizado ensayos destructivos aleatorios, y en segundo lugar, porque “hay deficiencias que ya no pueden solucionarse de ningún modo”.

En este sentido ha señalado el cambio de escaleras, “además de otras, que son imposibles de realizar con el hospital en funcionamiento”, caso de los premarcos de las puertas.

Por el contrario, ha apuntado que hay otras obras que se pueden ejecutar, pero que son de gran envergadura y gran perjuicio para el funcionamiento diario del hospital, como son el cambio de las puertas cortafuegos; o de gran coste, al no haberlas realizado en su momento, como hacer transitable la planta -4.


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