Díaz Tezanos se posiciona a favor de ubicar Vuelta Ostrera en las Canteras de Cuchía

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Hace unos días, en una visita en Torrelavega, la vicepresidenta de Cantabria, de cuya Consejería dependen las competencias en materia medioambiental, Eva Díaz Tezanos, se posicionaba a favor de ubicar la depurada de Vuelta Ostrera en las canteras de Cuchía, en Miengo.

Las Canteras de Cuchía

En unas declaraciones recogidas por la emisora Radio Studio 88 (Torrelavega), Díaz Tezanos apuntaba a este espacio como el más viable de entre todos los emplazamientos que se barajan para esta infraestructura de depuración de aguas que sustituirá a la que se erigió vulnerando normas ambientales, lo que le llevó a una sentencia de derribo por parte del Tribunal Supremo.

Díaz Tezanos se refiere a esa ubicación como «un espacio inutilizados que haya sido industrial y que ahora esté degradado», recordando que ya en 2016 se apuntaba a este emplazamiento en un informe de la Consejería de Medio Ambiente.

El Ministerio, por contra, considera la opción del Gobierno como la última y apuesta por El Borroñal, que a su vez es la que descarta el Ejecutivo cántabro.

Equo Cantabria ha mostrado su «descontento» ante estas declaraciones, que considera una «irresponsabilidad» al contradecir el trabajo técnico que avala las 7 alternativas para la nueva EDAR.

A su juicio, el momento de las opiniones a favor o en contra «ya pasó». Ahora, añaden, «es el momento de leerse y trabajar la documentación, de encontrar la cobertura o ausencia de ella de todos los requisitos legales que debe cumplir una EDAR, para no vernos en la misma situación que estamos sufriendo hoy en día».

EQUO Cantabria espera que «el peso de las alegaciones, que hasta el 7 de marzo puede presentar cualquier persona, asociación, grupo político, siempre que estén bien argumentadas y tengan su reflejo legal, sean tenidas en cuenta y no pese más el factor e interés político».

Y recuerdan que a lo largo de las más de 3.500 páginas de documentación pública, tanto en las valoraciones ambientales como en las económicas las Canteras de Cuchía aparece como una de las peor valoradas.

Entre los argumentos en contra, citan:

-La categoría del suelo no permite este uso, por lo que el Gobierno de Cantabria tendría que hacer un PSIR que contradijese los usos que hoy en día se tienen por buenos.

-Generaría la huella de carbono más elevada de todas las alternativas, suponiendo más de 1 millón de euros anuales respecto a cualquier otra.

-El emisario submarino, que sería el segundo en la playa de Usgo, tendría que atravesar con sus dragados, voladuras y obras, la zona de protección de la ZEPA de Isla Conejera. De verter a la ría, lo haría a tan solo 200 metros de la primera playa de Cuchía y a 600 de La Riberuca.

-Las canteras tienen unos humedales con carrizales, de aves acuáticas, de anfibios… muchas de ellas protegidas por leyes autonómicas, de ámbito estatal y europeo. Además toda esta zona es de uso público.

Frente a esto, Equo considera que del análisis de la documentación oficial se desprende que la ubicación con menor impacto es la Isla de Solvay o Monti, que es de uso privado,  un vertedero de Solvay desde hace cien años.

Allí, argumentan, «las molestias de ruidos y olores afectarían a menos personas, al estar alejada de las viviendas, se revalorizaría con la regeneración que conlleva la EDAR. Su cercanía a la A67 también evitaría las molestias que ocasionarían los camiones que han de transportar los lodos generados por la EDAR».

Además, Sara Gómez, portavoz de Equo Miengo y concejala en el municipio, reivindica que las canteras de Cuchía pasen a denominarse los humedales de Cuchía ya que su actual denominación lleva a pensar «en negativo, en vertedero, en pedregal, en degradado….»

Precisamente este fin de semana Equo y la asociación Miengo en Transición organiza una visita en la zona para dar a conocer sus valores naturales.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ALEGA CONTRA LOS PERMISOS MINEROS

Por otra parte, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a los proyectos mineros Buenahora y Salía, los dos primeros permisos de investigación que el Gobierno de Cantabria ha admitido en la zona central y occidental de Cantabria, que afectan a una decena de municipios con el fin de investigar la presencia de zinc y plomo, fundamentalmente.

Se trata de los permisos de investigación BUENAHORA de la empresa australiana Slipstream Resources Spain, SL., que ocupa 188 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo y SALIA de la empresa canadiense Cantábrica del Zinc, SL., que ocupa 120 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.

Tal y como señalan, ambos proyectos mineros presentados adolecen de información sobre la localización y el emplazamiento de los sondeos para los que se necesitan construir accesos y, por lo tanto, no se puede realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar.

Al desconocer los puntos donde se realizarán los sondeos que definen la parte de la investigación más invasiva, no se ha podido analizar el medio en el que se van a desarrollan para determinar con qué medidas correctoras el impacto que se genere será nulo o mínimo.

Ecologistas en Acción opina que no deberían otorgarse los permisos para las actividades a desarrollar mientras no se conozca el medio en el que se desarrollan y se evalúen las afecciones que se pudieran generar, realizándose la tramitación a través de una Evaluación Ambiental ordinaria, porque resulta inviable evaluar el medio en el que se realizan los sondeos, si pueden generar impactos y cómo puede realizarse la restauración sin conocer el punto de emplazamiento de la actividad.

Según detallan, el permiso SALIA tiene previsto realizar 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad y el permiso BUENAHORA tiene prevista en una primera fase 40 sondeos de una profundidad de aproximada de 200 metros y en una segunda fase los sondeos con mayor riqueza minera, se profundizarán más allá de 500 metros.

Las empresas promotoras sostienen que los lodos de perforación que se utilizarán para los sondeos son inocuos y biodegradables, pero a la vista de la falta de especificaciones, como en el caso del permiso BUENAHORA, del tipo de sustancias que van a emplear en la composición de los lodos, sobre todo, del tipo de polímeros sintéticos de alto peso molecular que entrarían a formar parte de su composición, nos generan muchas dudas acerca de su inocuidad y no afección a los acuíferos.

Las zonas afectadas por los permisos de investigación ocupan amplias zonas con un subsuelo kárstico, con cavidades internas. La presencia de metales pesados en las áreas de investigación puede generar su arrastre y comunicación con el sistema de acuíferos de la zona Santillana-San Vicente de la Barquera, por lo tanto las afecciones se pueden producir tanto al medio natural como a los recursos de consumo de agua en localidades como Queveda, Santillana del Mar, Novales o Comillas.

Y advierten de que se han producido ilegalidades en el trámite, como la modificación de la Ley del Suelo para permitir la actividad minera en todo tipo de suelo rústico, al afectar en realidad a la actividad minera.

 

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