Podemos Cantabria ha acusado al Gobierno de “manipular” la documentación que les han entregado del Año Jubilar Lebaniego. La acusación la ha realizado el diputado José Ramón Blanco, ante una comparecencia del consejero de Industria y Turismo, Francisco Martín, en el Parlamento de Cantabria.

Francisco Martín, este lunes en el Parlamento de Cantabria.

Según Blanco, Podemos ha esperado la documentación, que les remitieron primero por escrito y luego en formato electrónico, y que en el fichero digital constaban que los datos “habían sido alterados” por un usuario que, según la información, pertenece a la Consejería, y que modificarían así “los que dio el banco”.

Por su parte, Francisco Martín ha asegurado que todo el proceso ha sido “normal” y “transparente” y ha insistido en que se ha ofrecido “todo lo que se ha solicitado”. Sobre la documentación que falta, el consejero alega que no puede ofrecer “el listado concreto de asientos en todas las cuentas” porque en ellos “hay personas privadas que no lo autorizan”.

No es la primera vez que el responsable de Turismo habla del “derecho a la intimidad” con respecto al Año Jubilar, ya que el pasado año aseguró que había patrocinadores que “preferían ser anónimos” y por ello defendió las cláusulas de confidencialidad que tanto se criticaron en el Parlamento.

Al margen de ello, Martín ha insistido a Podemos que le digan “qué quieren saber y yo se lo proporcionaré”. “Queremos toda la información de CANTUR, absolutamente toda”, le ha respondido Blanco, alegando que en el “dinero público debe primar la transparencia”.

LA VICEPRESIDENTA DEFIENDE LA «TRANSPARENCIA» DEL TRASLADO DEL CAD DE SIERRALLANA

Las trabajadoras del CAD han asistido al pleno de este lunes.

También en el pleno se ha hablado del CAD de Sierrallana, ya que la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha interpelado al Gobierno de Cantabria por las razones que han llevado a la Administración a “desmantelar prematuramente” el centro, un mes y medio antes de la fecha dada inicialmente por el Gobierno y antes incluso de la licitación de la obra.

Además, también ha criticado la carencia de un calendario que establezca la vuelta de los 19 residentes, que actualmente se encuentran reubicados en otros centros de Cantabria.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, ha cargado contra la formación y la diputada, asegurando que sus palabras “crean alarma” y “no se puede hacer política con estas personas”.

Durante el pleno, al que han acudido unas quince trabajadoras del CAD que vestían una camiseta reivindicativa, Tezanos se ha preguntado quién y para qué puede estar en contra de que el Gobierno invierta en un centro público».

Ordóñez ha aclarado que su partido «no se opone a que se hagan reformas» sino «al cómo», ya que el Gobierno “no firma por escrito lo que promete de palabra”.

Desde hace un año, cuando el Ejecutivo anunció la decisión de derribar uno de los módulos del centro, primero por una plaga de termitas y después por las obras proyectadas, se viene pidiendo al Gobierno que garantice “por escrito” que los usuarios serán reingresados en su totalidad en el centro y que, una vez finalizada la obra, se mantendrá el mismo número de plazas, un total de 130 según figura en el BOC de 21 de marzo de 2011.

Para la diputada, “es incomprensible, si no hay mentiras de por medio, que las ha habido, que alguien se niegue a poner por escrito lo que compromete de palabra. Un año prometiendo, mintiendo y sin poner por escrito los compromisos”.