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Ya no debatimos sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud: ahora debatimos sobre la comisión que los investigará

12 de septiembre de 2018. POR

Conseguido: el debate político que ha agitado los últimos meses en torno a las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud ha evolucionado respecto al bucle en que se había instalado, que conjugaba la petición de dimisión de la consejera de Sanidad, fundamentalmente por parte del PP, con la confianza del Ejecutivo en que el informe de intervención definitivo despeje las dudas sobre la gestión (y todo pendiente de la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de las sucesivas peticiones de IU y PP).

Ahora ya no, ahora se habla de algo más: el debate se ha tornado esencialista y ha virado a la propia definición de la comisión de investigación que todo apunta a que marcará el próximo curso parlamentario (la propia creación de la comisión podría ir al orden del día del primer pleno del curso)

Porque de repente los diputados del Parlamento de Cantabria tendrán que decidir sobre dos peticiones de creación de comisión de investigación sobre la contratación en el Servicio Cántabro de Salud.

Una es la que ha planteado Podemos, que ha logrado recabar el apoyo de los grupos de Gobierno, pero también de Ciudadanos, y que extiende las investigaciones a 2011, la legislatura del PP en la que Sanidad la gestionaba la actual presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga.

La otra la acaba de proponer el PP, que no ha querido dejarlo estar y que ha contraatacado proponiendo que la comisión se centre no sólo en la actual legislatura, sino, todavía más específicamente, a raíz del pasado mes de febrero, al considerar que mezclar ambas legislaturas es una forma de proteger al actual Gobierno.

Una investigación a su etapa que los ‘populares’ rechazan, en una actitud que contrasta con la del propio PP cuando la pasada legislatura accedió a que se investigara la gestión de la fábrica de Ecomasa, en la época del Gobierno de Ignacio Diego.

LA COMISIÓN DEL PP NO ANALIZARÍA CONTRATOS

íñigo Fernández, portavoz del PP de Cantabria

En concreto, según explicaba el portavoz del Partido Popular, Íñigo Fernández, su propuesta es constituir una comisión que investigue la actuación del Gobierno de Cantabria desde el pasado 8 de febrero.

Es el día en que la Consejería de Sanidad conoció la denuncia de la jefa de contratación sobre irregularidades en la contratación (un desembarco de asesores externos que recibían contratos directos fraccionados por obras no realizadas, a una serie de empresas relacionadas entre sí y ligadas al hijo del alcalde socialista de Suances) a la que después se sumaron las del PP, el Sindicato Médico y que tanto IU como PP han llevado a la Fiscalía.

Ese ‘timing’ se centraría entonces en las distintas decisiones del Gobierno a partir de que les llegara la denuncia, pero excluiría las contrataciones, necesariamente hechas antes de que se denunciaran.

Es decir, “lo que hay que saber es por qué el Gobierno se ha empeñado primero en ocultar los hechos y entorpecer después su esclarecimiento e impedir la depuración de responsabilidades políticas obvias”. Tras recordar que la consejera los “ocultó” durante dos meses y medio, apuntaban a que el Parlamento debe investigar esas razones y la relación con el cese del anterior Interventor.

Desde el PP creen que extender la investigación a su etapa supone una “cortina de humo” para “esconder la responsabilidad de Luisa Real”, consejera de Sanidad y que responde a un objetivo de “enmarañar” y no investigar, por lo que les emplazaba a dialogar al respecto.

Los ‘populares’ reivindican que sus años de gestión ya fueron auditados por el Tribunal de Cuentas e Intervención. Tampoco considera que deban escudriñarse los contratos de esta legislatura, al estar ya Intervención y la Fiscalía con ellos. El foco lo ponen en la actitud de la consejera a raíz de que trascendiera la denuncia.

PODEMOS RECUERDA LA IMPUTACIÓN DE CÉSAR PASCUAL EN MADRID

Desde Podemos, a los que se les quedó ‘colgando’ la pasada legislatura una comisión de investigación sobre las obras de Valdecilla, reprochaban al PP que les de “consejos sonre investigar corrupción” cuando son un partido “condenado por lucrarse ilícitamente”.

José Ramón Blanco, diputado de Podemos (Foto: Podemos)

El diputado José Ramón Blanco remarcaba que César Pascual, que fue gerente de Valdecilla, está imputado “por prevaricar en la sanidad en Madrid”, donde tuvo responsabilidades también en materia sanitaria y se investiga una adjudicación por su parte a Ferrovial, la misma empresa que recibió el contrato de Valdecilla que derivó todos los servicios no sanitarios a esta constructora.

“Entendemos la pataleta de Íñigo Fernández”, concedía con cierta condescencia José Ramón Blanco, que no obstante advertía que a ellos lo que les interesa es “saber dónde se destina el dinero” mientras el PP sólo quiere “una cacería política” sin investigar “corruptelas”, pues la formación morada cree que en realidad se está hablando de una forma estructural de contratar en el SCS durante las dos últimas legislaturas.

A partir de ahí, este debate sobre la comisión parece más flor de un día que otra cosa porque entra en el terreno de las matemáticas: para que una comisión de investigación salga adelante hacen falta a dos partidos o una quinta parte de los diputados de la Cámara Podemos ha sumado a su petición a PSOE, PRC y Ciudadanos, de forma que incluso con una baja por parte de los naranjas su petición saldría adelante. La del PP suma los suficientes diputados, pero está por ver si logra otro partido, o que pasaría si se aprobaran ambas comisiones.

Podemos explica que ellos han optado por expandir la comisión a 2011 al haber detectado reiteradas veces que hay irregularidades en la época del PP, a cuya presidenta citaran a declarar, al igual que a César Pascual.

Desde el PSOE, el portavoz Víctor Casal abundaba recientemente en que si de lo que se está hablando es de contratos fraccionados de forma que la cifra permita adjudicación directa, eso también se hizo la pasada legislatura.

IU PREGUNTA AL PP POR QUÉ «DESCONFÍAN» DE BURUAGA

Por su parte, Izquierda Unida de Cantabria subrayaba  la “desconfianza” que el Partido Popular muestra al no querer que se investigue la gestión de su partido: “si tan seguros están de su buen hacer al frente del Servicio Cántabro de Salud, no deberían tener problema alguno en que esa realidad que dibujan quedara constatada”.

En opinión de IU, los populares “ven ahora cómo el boomerang que lanzaron en su día con el fin de cocinar a fuego lento el desgaste del rival político, está volviendo ahora y apuntando directamente a su líder autonómica”, tras recordar que el Partido Popular “no tenía ningún interés” en llevar las denuncias de la alta funcionaria sobre el SCS a la Fiscalía y “que se vio obligada tras la acción interpuesta por Izquierda Unida “con el fin de que nadie usase la sanidad Pública como arma arrojadiza ni un segundo más”.

“La búsqueda de la verdad en el SCS por parte del PP desaparece cuando llegan a su gestión y esa actitud es de todo menos demócrata”, añaden en IU, que aboga por que se conozca “todo” del asunto y que engloba la gestión del PP y del PSOE durante los últimos años.

EL PRC CONVOCA EL CONGRESO REGIONAL

Intervención de Revilla en el anterior Congreso del PRC (Foto: PRC)

Ajeno a estas polémicas cruzadas, el PRC anunciaba que su congreso regional será el 11 de noviembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la fundación del partido. De esta cita saldrán tanto los órganos de dirección regionalista como el candidato a las elecciones autonómicas de 2019. Este verano, el presidente cántabro y secretario general, Miguel Ángel Revilla, iniciaba el ‘baile’ en torno a su candidatura, tradicional en los meses previos a las elecciones, en los que ha planteado reiteradamente en otras ocasiones problemas de salud condicionados a su decisión, sin que al final se produjera ningún cambio al respecto.

Será una cita en la que tendrá protagonismo Javier López Marcano, que fue consejero de Turismo y Cultura, y que abandonó la política institucional al seguir pendiente de procesos judiciales por su gestión de la compraventa del Racing, en un asunto que parece dar por zanjado pese a que el proceso no está concluido (este verano pedía volver a la primera línea, en una entrevista en EL DIARIO MONTAÑÉS). López Marcano, vicesecretario de Política Institucional en el partido, se encargará de las políticas de industria, turismo y empleo.

GEMA IGUAL DESHOJA LA MARGARITA

Tampoco la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha tomado una decisión sobre si encabezará ella la lista del PP a las municipales. Sería la primera vez, toda vez que asumió el cargo tras la marcha de su predecesor, Íñigo de la Serna, al Ministerio de Fomento, y se produce en un contexto muy distinto, con la crisis, aún abierta en canal, por el MetroTus, como principal incógnita sobre su efecto en el electorado. En el PSOE el proceso está más decidido: aunque no ha finalizado el período de primarias, sólo hay una candidatura, la del secretario general del partido en Santander y concejal, Pedro Casares.

IU LLEVA A LOS AYUNTAMIENTOS MEDIDAS CONTRA LA LUDOPATÍA JUVENIL

Por otra parte, los concejales de Izquierda Unida Cantabria urgirán a sus municipios a que adopten medidas “efectivas” con las que “combatir” la “amenaza real, creciente y cercana” de la ludopatía entre los más jóvenes, a través de una serie de mociones que piden “liberar” los espacios públicos medidas de los “estímulos” a la práctica de estas conductas adictivas, según ha explicado la coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez.

La ludopatía se está extendiendo entre las adicciones juveniles (Foto: AGAJA Vigo)

La propuesta se trasladará a los municipios en los que tiene representación IU o sus confluencias, en concreto, casi una veintena de cargos públicos en ayuntamientos que representan alrededor del 60% de la población de Cantabria, y con concejales en equipos de Gobierno como en Cabezón de la Sal o San Vicente de la Barquera.

En la moción, se alude a la proliferación de salones de apuestas y juegos de azar en Cantabria en los últimos años, y se enumeran medidas como la fijación de espacios “seguros” entre centros educativos y locales de apuestas, o que permitan una publicidad “limpia” en eventos deportivos.

Desde Izquierda Unida se advierte de que estos negocios se colocan en barrios con menores rentas, además de en las cercanías de institutos públicos.

Según datos del Ministerio de Sanidad, las apuestas son ya el segundo caso de ludopatía, por detrás de las máquinas tragaperras, y los índices de esta adicción en los menores de 25 años ha pasado en los últimos cuatro años de un 6% a un 25%.

Al Ejecutivo cántabro le piden que elabore un plan de prevención de la ludopatía, y que incluya estas adicciones en su plan de lucha contra las drogas, tal y como se hace ya en las estrategias nacionales.


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