Los movimientos estudian la creación de una plataforma contra la represión

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Lo último han sido los incidentes de la carrera popular del pasado sábado en Torrelavega (con agresiones mutuas entre atletas y algunos manifestantes) y las declaraciones políticas tachando de “violenta” la propia convocatoria y el intento de frenar su desarrollo con una barrera humana.

Pero en los movimientos sociales y los colectivos que más están en la calle empieza a cundir la preocupación ante lo que consideran una criminalización del propio hecho de protestar.

Protesta Manifa

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Tanto que han comenzado a organizarse para hacerle frente, hasta el punto de que se están dando los primeros pasos para constituir una plataforma cántabra contra la represión de los movimientos sociales, con la convocatoria de una reunión al respecto el próximo día 21.

Entre los posibles integrantes de la plataforma se encuentran más de cuarenta organizaciones de todo tipo, desde asociaciones como Arca o la FECAV hasta los colectivos de estudiantes o en defensa de la educación pública, pasando por el Frente Cívico, las Gildas o Interpueblos, entre muchos otros.

Una de las formas en que más coinciden que se produce esta represión es en la económica, a través de la imposición de sanciones o multas que no sólo cuesta pagar al afectado, sino que traen consigo un efecto disuasorio sobre otros militantes que pudieran estar pensando en participar de forma más activa en las protestas.

A este fin respondió, por ejemplo, el concierto ‘Rap contra la represión’, este viernes en el New, en Santander.

Organizado por el colectivo cantabrista Regüelta, con grupos como Ludovico y los Acéfalos, Trato Facto y Jota, estaba concebido como un concierto denuncia que sirviera además para recaudar fondos que sirvan para el pago de las multas que se les impusieron a varios de sus militantes en la última convocatoria de huelga general.

SANCIONES POR PROTESTAR

Es uno de los últimos ejemplos que ponen, pero existen ya una buena cadena de antecedentes de castigos a activistas de todo tipo implicados en protestas

-En la misma huelga general también se sancionó a otros dos activistas, uno de ellos de Izquierda Anticapitalista, por un incidente con la Policía, por el que la Fiscalía les pide 16 meses de prisión y multa de 4.000 euros.

Fue una huelga que dio mucho de sí, ya que las sanciones se dirigieron no sólo a activistas de movimientos más alternativos, sino también a organizaciones de un corte más tradicional.

-La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, esta convocada a un juicio la próxima semana, acusada de colocar chinchetas en la carretera a la salida de Mercasantander, cargos que ella niega y por el que se le piden 21 meses de prisión.

Oscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP. La condena fue por los “insultos” al ministro.

Paco Gómez Nadal-En septiembre de 2013, el periodista y activista Paco Gómez Nadal fue denunciado por la Policía por realizar fotografías de una acción de la PAH deTorrelavega, que tras intentar parar un desahucio entró en una sucursal bancaria. El suceso fue denunciado por la Asociación de la Prensa de Cantabria y por Reporteros Sin Fronteras. El juicio se celebrará el 11 de diciembre. En este caso, se dio la circunstancia de que inicialmente la Policía le denunció por un delito de resistencia pasiva, contemplado en el nuevo Código Penal (aún por aprobar, es decir, se le denunció por un delito que aún no está tipificado, que no existe).

-Están también las sanciones de 300 euros a ocho activistas de la PAH de Torrelavega a raíz del escrache al alcalde, Ildefonso Calderón (abril de 2013), que se les impusieron sin identificarles en el momento, con lo que para reconocerlos se recurrió, según admitió la propia Policía, a una serie de fotos de ellos que se almacenan en las dependencias policiales pese a que no fueran ciudadanos fichados.

-Y afectados por las preferentes están siendo denunciados por Liberbank por colocar pegatinas en las oficinas bancarias durante sus protestas, mientras hacen hincapié en la «presión» que dicen sufrir en la zona de Cabezón de la Sal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Los colectivos suman como factores de preocupación las identificaciones masivas de ciudadanos o la imposición de una distancia mínima a la que manifestarse en ciertos lugares, así como la reforma prevista del Código Penal.

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