Los vecinos del barrio habían alertado. “Les van a llegar las piedras rodando al Ayuntamiento”, dijo, gráficamente, Teresa Limón, que fue presidenta de la Asociación de Vecinos.

Y muchos otros también predijeron que, con el tiempo, lo que iba a pasar es que los destinatarios del dinero público para rehabilitar el barrio acabarían siendo los mismos que acapararon los solares que, poco a poco, iban abriéndose camino manzana a manzana.

Seis años después del derrumbe que causó la muerte a tres vecinos del número 14 de la calle Cuesta del Hospital como consecuencia de las obras en el edificio de al lado (realizadas sin la licencia adecuada), la tentación es pensar que el asunto está zanjado.

Sobre todo porque el aniversario, celebrado este domingo, es el primero que se conmemora después de la sentencia judicial.

La Audiencia Provincial imputó por homicidio imprudente al constructor Adolfo Menocal y el ingeniero Carlos Iturregui, como responsables de las obras realizadas en el edificio contiguo al que se vino abajo y se enfrentaban a peticiones de cuatro años de prisión cada uno.

Sin embargo, en el juicio las partes alcanzaron un acuerdo parcial, por el que se rebaja de 4 a 2 años la pena de prisión y se deja en 2 la inhabilitación profesional para el ingeniero Carlos Iturriegui mientras que se le retiró al constructor Adolfo Menocal, que únicamente fue condenado a pagar una multa de 1.500 euros.

Es una sentencia que se produce tras un acuerdo entre las partes. Entre los denunciantes había cundido el desánimo por una instrucción larga (debido a su complejidad) que impedía cerrar las heridas por las muertes. Enfrentarse a recursos no daba garantías de una solución satisfactoria y sí de estirar más la sensación de alivio.

En el apartado urbanístico, ya está aprobado el Plan General, que da cobertura normativa a las modificaciones que prevé el ARU (Área de Renovación Urbana, figura administrativa que implica ayudas a las viviendas y la rehabilitación).

Una de las novedades de este aniversario es la modificación en la normativa estatal de vivienda, que introdujo como novedad para todas las zonas del país la posibilidad de que el sector privado reciba ayudas para la construcción de viviendas, ya no de protección oficial, sino también libres.

En estos momentos el sector privado tiene en marcha proyectos de rehabilitación en el Cabildo en varias manzanas, que además han sido recibidos con agrado por los vecinos, ya que las aportaciones públicas permitirán rebajar los precios y el sector privado podrá culminar las obras con mayor celeridad que, tal y como ha quedado demostrado, las administraciones.

El problema, y es lo que habían pronosticado los vecinos años antes, está en que esas ayudas públicas beneficiarán tanto a empresas privadas que acaben de llegar al barrio como, y esto lo que muchos recuerdan ahora, a otras más ‘veteranas’.

Es decir, a aquellas que adquirieron en su día solares a precios rebajados por la degradación general del barrio o aquellas que llegaron a poseer pisos en comunidades en proporciones tales que les permitían bloquear decisiones de reforma de bloques enteros.

Empresas señaladas por prácticas especulativas con el suelo a las que se le abre la puerta ahora la posibilidad de recibir dinero público para levantar nuevas edificaciones en el Cabildo de Arriba. Tal y como se había previsto.