El Partido Popular de Cantabria se está esforzando en lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la fractura hidráulica, pese a los avances administrativos que siguen experimentando los permisos concedidos, y en concreto el de Luena, y la efectividad de las competencias cántabras para prohibirlo, sea a través de la ley, o incluso sin ella, como ya comienzan a afirmar.

En este último, el Ministerio de Medio Ambiente despedía el año 2013 con una resolución sobre la evaluación de impacto ambiental del estudio sísmico aparejado al permiso de investigación Luena, que afecta a los Valles Pasiegos de Cantabria y a la provincia de Burgos.

La técnica de la fractura hidráulica está legalmente prohibida en Cantabria, en virtud de un texto legal aprobado por el Ejecutivo regional.

Sin embargo, el permiso Luena (y la mayoría de los concedidos que afectan a la comunidad) fue autorizado por el Gobierno central, con un ministro de Industria, José Manuel Soria, que se ha mostrado en reiteradas ocasiones favorable a esta técnica de extracción de gas natural y que no le da validez a leyes como la cántabra.

El consejero de Medio Ambiente comparecerá en el Parlamento a instancias del PP para explicar el plan del Gobierno regional contra el fracking

La sombra del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley cántabra está ahí. Los Gobiernos central y regional iniciaron conversaciones al respeto, trámite necesario antes del recurso.

En el PP cántabro ya se han puesto en situación, y en el peor de los escenarios, pues ya tienen listos los argumentos para defender las competencias de Cantabria frente al Estado en caso de que la ley cántabra fuera suspendida o declarada inconstitucional, argumentos relacionados con la salud, de carácter medioambiental o de carácter urbanístico, o el hecho de que la legislación que limita las actividades extractivas a los suelos rústicos de especial protección minera, que representan sólo el 5% del territorio cántabro y que ya están ocupados, según ha dicho.

CON EL PP, “IMPOSIBLE” EL FRACKING Y LAS FASES PREVIAS

El lenguaje que usan desde el PP en la comunidad, trata de ser bastante contundente: el rechazo que quieren mostrar es «firme, rotundo y claro», e incluso avanzan que su uso en Cantabria será “imposible” mientras el Partido Popular esté en el Gobierno de Cantabria.

En cualquier caso, matizan que este último trámite (que permite la realización de estudios sísmicos) no tiene efectos “significativos” sobre el medio ambiente, y que no es fracking en sí mismo, sino la fase previa.

Con todo, el consejero asevera que “en Cantabria no se va a permitir ninguna actividad consistente en realizar fracking, pero tampoco ninguna actividad que sea previa» a la utilización de esta técnica. «En cualquier momento que se necesite el uso del suelo de nuestra región para realizar fracking o actividades preparatorias del fracking no se va a poder hacer porque los órganos del Gobierno de Cantabria lo van a prohibir», trataba de reforzar.

Son aspectos todos estos que el PP quiere que se expliquen en el Parlamento de Cantabria, donde el Grupo Popular solicitará una comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, tal y como señalaban este jueves tanto el titular de Medio Ambiente como el diputado Íñigo Fernández, que ha seguido de forma especial todo lo relacionado con la fractura hidráulica.