Las sanciones a los activistas antidesahucios que participaron en el escrache a Ildefonso Calderón, exalcalde de Torrelavega, van camino de llegar a los tribunales, una vez que se agote la vía administrativa.

Son unas sanciones que se consideran un intento de “amedentrar” la “contestación social”, en línea con la Ley de Seguridad Ciudadana, y en las que se ve una “clara arbitrariedad” por la coincidencia política entre el destinatario de la protesta y los responsables de las instituciones que decidieron imponer la sanción obviando la sentencia judicial que no veía delito.

Así lo ve el recurso administrativo presentado por los afectados, al que ha tenido acceso El Faradio, y en el que se advierte de que no se descarta llegar a la vía penal contra los responsables de las sanciones, en función de como se desarrollen los acontecimientos.

Las sanciones tienen un importe de 300 euros para cada uno de los ocho participantes en la protesta, que fue el pasado 18 de abril frente al domicilio particular de Calderón, en un momento en que la PAH inició una campaña de escraches (seguimientos y protestas ante políticos más allá de los escenarios puramente institucionales) para llamar la atención sobre el problema de los desahucios.

De momento, los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega que fueron sancionados por participar en el ‘escrache’ al entonces alcalde, Ildefonso Calderón, han recurrido estas multas ante la Administración.

Ya entonces, los afectados presentaron alegaciones a esas sanciones impuestas por la Delegación de Gobierno, que las rechazó, de modo que quedaron confirmadas.

Las sanciones se impusieron pese a que un juez de Torrelavega consideró que la acción no era ilegal, y se adoptaron además gracias a que para identificar a los activistas, que no estaban fichados por la Policía y a quienes nadie se dirigió en ese momento, se recurrió a un archivo de fotografías de los participantes que desde la Policía se admitió que existe en sus dependencias.

Tras las alegaciones, el siguiente paso formal es el recurso ante la propia Administración que ha determinado las multas. Es el paso previo a que el asunto llegara a los tribunales.

Este recurso se presentó a mediados del pasado mes de octubre, y la respuesta debería llegar en aproximadamente tres meses desde entonces, o sea, que la respuesta debería conocerse ya o estar a punto de hacerse.

Pero puede darse el caso de que se produzca lo que se llama silencio administrativo, es decir, una falta de respuesta por parte de la Administración, que se entiende como un rechazo a las pretensiones, de modo que en ausencia de respuesta, las sanciones quedarían confirmadas.

EL RECURSO

El recurso incide en el objetivo de las sanciones de «amedrentar» las protestas contra el Gobierno

En el recurso se incide en que los derechos de reunión o de expresión sólo pueden limitarse cuando se producen hechos de especial gravedad o alteraciones del orden público.

Y se argumenta que eso no sucedió en este caso, y no sólo que no pasara, sino que no se ha querido justificar adecuadamente que así fuera.

El recurso ve motivos “claramente políticos” en las sanciones, de las que señala su “arbitrariedad” y la “doble vara de medir” de esta medida, ya que se centra en que la protesta fue ligada a la representación política de Calderón (Partido Popular), que comparte militancia tanto con el responsable de Delegación de Gobierno (organismo que impone las sanciones), Samuel Ruiz, como con el ministro del Interior del que dependen.

Lo que se intenta, sostienen, es “amedrentar cualquier atisbo de contestación” a las decisiones de ese partido, en línea con la Ley de Seguridad Ciudadana planteada posteriormente a este caso por el Gobierno central.

Y se reservan la posibilidad de ejercer acciones legales, Y PENALES, contra ambos responsables políticos, en caso de que las sanciones sigan siendo confirmadas, llegando incluso a instituciones europeas.

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS

Las sanciones a los activistas de la PAH de Torrelavega son uno de los antecedentes que se han invocado entre los distintos casos que están provocando en Cantabria preocupación por la represión de las protestas ciudadanas que supondrá la Ley de Seguridad Ciudadana.

En la comunidad se han producido ya distintos casos de sanciones o ‘avisos’ a los activistas habituales, antes aún de la presentación de la ley.

Ejemplos como la prisión domiciliaria a Oscar Manteca o los juicios contra el periodista Paco Gómez Nadal o la secretaria general de UGT María Jesús Cedrún han suscitado preocupación entre ciudadanos y colectivos, que han comenzado a organizarse en torno a una asamblea contra la represión de las libertades, que viene trabajando desde el pasado mes de diciembre.