El Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España se vuelven a sentar en una mesa de negociación en torno a una ley aprobada por la comunidad autónoma, en este caso, la de Cooperativas.

Pero en este caso la “discrepancia” es mínima y de carácter técnico, es decir, que no estamos ante un caso como el del fracking.

De momento, los órganos de expresión de ambas instituciones, es decir, los boletines oficiales del Estado y de Cantabria, publicaban este lunes un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria.

En él, ambas partes se emplazan a iniciar un proceso de negociación ante las “discrepancias” que han surgido, creando para ello un grupo de trabajo, en un procedimiento similar al que se produjo con la fractura hidráulica pero que en este caso acabará con acuerdo, según señalan desde el Ejecutivo.

Las “discrepancias” en realidad son una, en relación con un artículo (el 3.1), y una referencia sobre a quién le corresponden la competencia, que, según apuntan desde la Consejería de Economía, se viene produciendo en varias comunidades autónomas.

Este punto dice, literalmente, que “se entenderá que la actividad cooperativizada se realiza con carácter principal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando la misma en términos económicos resulte superior en su conjunto a la desarrollada fuera de la Comunidad».

Ya se piensa en una solución técnica para arreglar este asunto, que afecta a una de las leyes aprobadas por el Ejecutivo esta legislatura.

La Ley de Cooperativas es una extensión de la apuesta por el autoempleo, y da facilidades para la creación de estas sociedades de economía social, a coste cero y con la posibilidad de que las aportaciones de capital sean escalonadas, y además, existe una línea de ayudas específica.