Nada. Que los tribunales no están dispuestos a dar tregua a Liberbank.

El banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria ni siquiera ha podido saborear uno de sus pocos –aunque relevante—éxito judicial: la no admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de la ‘causa general’, la demanda de Comisiones Obreras por los pagos al marido de Cospedal, al presidente del CSN o por el despido de los directivos que pasaron a ser consejeros.

Manu Menéndez, presidente de Liberbank

Porque resulta que el mismo día que se conoció ese auto, una de las pocas buenas noticias que ha llegado a la entidad presidida por Manu Menéndez, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander emitía una nueva sentencia condenatoria por las preferentes.

Y al margen de las preferentes, está por ver el destino de la investigación judicial abierta por una polémica operación urbanística desarrollada en Llanes en los previos al estallido de la burbuja.

En principio, una sentencia contra Liberbank por este producto financiero que dejó atrapados los ahorros de miles de cántabros es casi tan rutinaria que empieza a no ser ni noticia.

Este caso, en principio, parecía uno de tantos en los que se está dando la razón a los afectados: un jubilado, de 71 años de edad, con estudios primarios y sin conocimientos financieros, al que se le colocaron preferentes sin ofrecerle toda la información necesaria pese a ser un producto complejo.

La sentencia repite alguna de las cosas que se vienen diciendo: que las preferentes son un producto especial, porque se comportan como acciones, es decir, porque suponen un riesgo, pero no dan los mismos derechos. Es decir: a diferencia de un accionista, un preferentista no forma parte de la propiedad de la empresa y no puede votar decisiones sobre ellas.

Lo que aporta de nuevo esta sentencia que firma María Peña Lobeto es la alusión a que detrás de la venta de preferentes puede esconderse un delito de apropiación indebida, que ya son palabras mayores.

En este caso, el usuario luego pasó a ser incluido en el canje forzoso, la fórmula por la que Liberbank convertía las preferentes que no devolvía en acciones para invertir cuando el banco salió a bolsa.

La jueza es especialmente dura con el hecho de que quien vendió las preferentes se presentó como un “asesor financiero imparcial” que les “condujo” a suscribir un producto con doble cara: de riesgo para el comprador, pero “muy beneficioso para la capitalidad de la entidad”.

Es decir, “se aprovechó de su confianza y lo destinó a un fin distinto, sólo destinado a obtener beneficios para Caja Cantabria”.

Lo único que separa a este comportamiento del delito de apropiación indebida es que para que pueda considerarse así no hay retorno posible de la cantidad perdida ni que la pérdida sea definitiva. Es decir, como tanto el canje como la definición del producto de las preferentes abrían la posibilidad de recuperar el dinero, no puede verse como una apropiación indebida de los fondos depositados.

¿QUIÉN MATÓ A CAJA CANTABRIA?

Sede de Caja Cantabria en Santander, en la Plaza Porticada

Una sentencia que llega justo cuando acaba de aprobarse la ampliación de capital de Liberbank, el banco del que, dentro del proceso de reordenación del sector bancario español, se integraron las cajas cántabra, extremeña, y la de Asturias (la que más peso tiene, que además cargaba a sus espaldas con la frustrada caja de Castilla La Mancha.

Para el partido La Unión, muy beligerante con todo lo relacionado con la antigua Caja Cantabria, lo que ha sucedido con esta ampliación de capital es, directamente, “la defunción definitiva de lo que quedaba de Caja Cantabria”, que estará representada por debajo del 5% tras cerrarse la operación que ha alterado el juego de mayorías establecido inicialmente.

Y los “enterradores” de la Caja son, según Rafael Sebrango, presidente de La Unión, “el PP, el PRC, y el PSOE de Cantabria”, a los cuales acusó de “vampirizar desde el Consejo de Administración a la Caja de Ahorros”.

“Caja Cantabria desaparece del mapa a consecuencia de las inversiones ruinosas, que por interés político, los partidos impusieron en la entidad. PP, PRC, y PSOE, utilizaron Caja Cantabria para favorecer negocios de amigos”, aseveraba Sebrango.

El líder de La Unión recordaba que el Comité de Inversiones “siempre estaba presidido por un diputado regional en activo”, lo que “impuso el criterio de inversiones políticas, alejadas de la profesionalidad mínima exigible a una entidad de crédito”.

Igualmente, acusó a los partidos políticos citados de “procurarse créditos a favor de sus representantes en la Caja, en condiciones por debajo del precio del mercado”, en algunas ocasiones incluso “a interés 0”.

“El daño que PP, PRC, y PSOE han causado a los ciudadanos de esta región, es muy difícil de cuantificar, pero se nota especialmente ahora, pues carecemos de una entidad de crédito que apueste por las empresas de Cantabria”, denunció.

“Lo que era una entidad con fines sociales ha sido laminada por nuestros propios representantes políticos”, los cuales, señaló Sebrango “no sólo fueron los que aprobaron la emisión de la estafa de las preferentes”, sino que “desviaron a la Caja de su fin social”.