Manu Menéndez, presidente de Liberbank

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía tiene un encargo de la justicia: investigar si Manu Menéndez, presidente de Liberbank (el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria) y su número dos, Felipe Fernández, incurrieron en delitos societarios al autorizar una operación urbanística en Llanes.

La denuncia parte del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas y, dentro de las causas que se van acumulando a directivos relacionadas con la gestión en las cajas de ahorros, tiene la particularidad de dirigirse contra uno que está en activo (el proceso contra Blesa, de Caja Madrid, por ejemplo, se han seguido cuando ya no era presidente de esta entidad, al igual que otras investigaciones judiciales al mundo de las cajas).

La petición de investigación, adelantada por el diario El Confidencial, parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, y se dirige contra Menéndez y Fernández, se realiza por presuntos delitos societarios (de gestión de empresas) y falsedad documental.

LOS AÑOS DE LA BURBUJA

Los hechos son paradigmáticos de la etapa de la burbuja inmobiliaria y del papel que las cajas tuvieron al facilitar con financiación y otros medios el desarrollo de operaciones urbanísticas de empresas del sector. Allí se iba a desarrollar una ambiciosa operación que incluia viviendas y espacios comerciales.

En este caso, Beyos y Ponga, una empresa participada en su totalidad por la antigua Caja Astur –presidida por Menéndez, ahora integrada en Liberbank, de la que es la parte con mayor liderazgo), encargada de las operaciones inmobiliarias, y que, según describe la denuncia, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, compró a otra empresa (Desarrollos Urbanísticos Nozar) una propiedad afectada por sentencias judiciales

En concreto, la propiedad se ubicaba en una parcela a las afueras de Llanes, conocida como La Talá, cuyo desarrollo urbanístico fue anulado por distintos tribunales, incluido el Supremo.

La venta se hizo por un importe de 41 millones de euros, en el año 2008, cuando las sentencias databan de 2002, en el caso de la del Supremo. La cantidad se formalizó una parte en efectivo y la otra mediante préstamos con Caja Astur.

Los denunciantes, la Corriente Sindical de Izquierdas de Liberbank, consideran que al realizarse esta operación en esas condiciones, en terreno afectado por sentencias judiciales, resulta imposible recuperar el dinero de la inversión, ya que la situación legal contribuía a que el valor fuera inferior.

Y además, sostienen que con esa compra, por un precio que entienden que no se correspondía con el valor de mercado, lo que se hizo fue ayudar con una “inyección de fondos” a una empresa que estaba a punto de entrar en suspensión de pagos, y en un momento en que ya acechaba el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Es decir, aseguran que se perjudicó a los intereses de la empresa que pertenecía a Caja Astur para actuar “en exclusivo beneficio” a los del grupo de empresas privado al que se realizó la compra, y todo obviando los controles de riesgo para este tipo de operaciones.

Además, ante esta situación, Caja Astur modificó las condiciones del crédito, de forma que se retrasó el pago de sus obligaciones a la empresa que vendió, Desarrollos Urbanísticas Nozar, con una ampliación de plazo con la que se evitó que las cantidades pudieran considerarse como deuda.

La denuncia insiste en que Caja Astur ayudó a una empresa que, en definitiva, lo que hizo fue usar a la entidad financiera para financiar operaciones de especulación urbanística, y luego a deshacerse de sus deudas.

MÁS FRENTES ABIERTOS

No es el único frente judicial que tiene abierto Liberbank, tras las sentencias condenatorias que viene recibiendo por parte de los tribunales por la venta de las participaciones preferentes, producto financiero que acabó dejando retenidos los ahorros de miles de clientes, y en el que recientemente ha sido condenada al pago también de daños morales, o la investigación del Banco de España a los créditos ‘automáticos’ concedidos a través de los cajeros, en ocasiones, sin permiso de los clientes.

López del Hierro.

Esta denuncia se suma a la investigación integral abierta en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, y que afecta a la gestión de Liberbank en el pago por servicios que no constan a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal (presidenta de Castilla La Mancha, comunidad cuya caja fue asumida por Caja Astur), a Martí Scharfhaussen, político y gestor vinculado a competencias en el sector energético (con el que se vincula a Menéndez a través de eléctrica Hidrocantábrico) y por las indemnizaciones que cobraron directivos de Liberbank que fueron despedidos para luego ser nombrados en el Consejo de Administración.

Y se produce la semana previa a la celebración de la Junta General de Accionistas, el próximo día 29 en Madrid.