Transparencia no es sólo una palabra mágica que invocan ahora las instituciones como forma de conjurar la desconfianza ciudadana provocada por la tradicional tolerancia de los partidos hacia su propia corrupción.

La transparencia es algo más, una actitud, un estilo de gobernar en el que el político admite que no tiene por qué tener todo el control de la información sobre la gestión.

Es admitir que esa gestión debe estar sujeta no sólo a crítica, sino a fiscalización y a control, e incluso a posibilidades de mejora. Una actitud difícil de asumir para quienes viven en el control absoluto de ‘sus’ dominios y responden a cualquier crítica con descalificaciones. Porque son perfectos, está claro.

Por tanto, la transparencia no debería ir (no sólo debería ir) en un pack de medidas anticorrupción.

Es algo que debería estar grabado a fuego en la gestión diaria de lo público, desde antes de la crisis de confianza provocada por los partidos por su gestión en las instituciones, y que debería llegar para quedarse cuando acabe la crisis y la corrupción deje de preocupar porque desaparezca la dolorosa comparación entre los excesos de unos y la falta de recursos de los otros.

Sobre todo, porque la falta de transparencia, es decir, la opacidad, tiene afectados, tiene víctimas, personas con nombres y apellidos, de los que te puedes encontrar por la calle, y tiene consecuencias directas sobre edificios, lugares y zonas que pisamos cada día.

Mesa redonda organizada por UPYD

Algunas de esas víctimas se sentaron este viernes en la mesa redonda ‘Integridad institucional’, organizada por UPYD en Cantabria con motivo de la visita a la comunidad autónoma de su eurodiputada Mayte Pagaza Urtundúa.

Muchos afectados de la «plataformitis» que descalificaba recientemente el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y que en UPYD veían de forma diferente, como un síntoma de «salud democrática», en lugar de como una enfermedad.

Allí estaban:

-Miembros de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, que agrupa a afectados por sentencias de derribo en centenares de viviendas de la costa cántabra, en los que la única documentación oficial que han podido consultar han sido las sucesivas sentencias y decisiones judiciales, lo único certero que tienen frente a unos recurrentes intentos de la administración de esquivarlas que tampoco se sustanciará esta legislatura

-Representantes de la Plataforma de Afectados por las Preferentes, es decir, las víctimas de los excesos del sector financiero, y de la falta de información adecuada sobre unos productos, tóxicos y complejos, en los que además se dio una falta de control por parte de las instituciones supervisoras y de partidos que, en muchos casos, se sentaban en los órganos de control de las entidades que emitían esos productos, caso de Caja Cantabria.

-Allí estaba la gente de DEBA, la plataforma en Defensa de la Bahía, que nació para cuestionar el emplazamiento del Centro Botín (que no el Centro en sí mismo) y el desarrollo en general del frente marítimo, materializado en algunas inversiones asociadas al reciente Mundial de Vela. Planes todos en los que han encontrado poca información y menos respuestas sobre su tramitación.

-O los activistas de las distintas plataformas que han surgido en los últimos meses en Santander, inspiradas en la lucha y la simpatía despertada por Amparo Pérez frente a su expropiación para levantar un vial por cuya existencia no recordamos ninguna mísera recogida de firmas.

Es decir, los afectados por las expropiaciones por proyectos urbanísticos en el Prado San Roque, cuyos detalles no les están siendo concretados más allá de las infografías en Prensa.

O los de la senda costera, que vieron como las obras en un paseo natural entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar no se correspondían con lo aprobado, pasando de lo natural y agreste a las pasarelas gigantes de madera y las hormigoneras, en unas obras que tuvieron que parar ellos mismos pese a que las instituciones les habían dicho que ya prácticamente lo estaban.

Es decir, casos concretos que confirman que Cantabria hubiera tenido menos problemas y hubiera ahorrado dinero si se hubiera podido conocer la tramitación de los planes urbanísticos y si había denuncias donde se iban construir viviendas, si las normas de las preferentes hubieran estado publicadas en algún sitio y los partidos hubieran preguntado más por ellas; si se pudiera conocer de forma clara la evolución de los procedimientos del fracking y de las sanciones a industrias contaminantes, o de si se pudieran consultar en algún lugar y de forma accesible al ciudadano los planes urbanísticos.

En el aire, varios mensajes, como la constatación de que la participación ciudadana no debería ser algo que se ejercitase únicamente con el voto cada cuatro años, y, sobre todo, que la corrupción causa pobreza y quita libertad.