La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por Ley Mordaza, ha tenido un efecto indirecto, inesperado (y no publicitado), más allá del endurecimiento de las sanciones a protestas y actos reivindicativos, como vienen denunciando colectivos como Libres en Cantabria.

El caso es que, sin ser uno de sus objetivos, la Ley de Seguridad Ciudadana había dejado a Cantabria sin capacidad de sancionar a los organizadores de espectáculos, tal y como ha podido saber EL FARADIO.

Concierto

Es un asunto que ha requerido una acción inusualmente urgente de la Administración cántabra, materializada en forma de un anteproyecto de ley, una medida de transición hasta que se desarrolle una nueva ley.

Lo que ha sucedido es que la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno central, que entró en vigor el pasado mes de julio, derogaba otros textos previos (en lo que es una práctica común en las leyes, incluir artículos al final que derogan todo lo que venga en otros textos que la contradiga).

Y entre los asuntos abordados en esa línea, derogaba la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana aprobada en 1992.

La competencia en materia de espectáculos, y de sanciones, se encomendaba en virtud de este y otros textos a las comunidades autónomas.

Y la consecuencia de la entrada en vigor la Ley Mordaza es que Cantabria perdió la capacidad de sancionar a los organizadores de espectáculos, principalmente establecimientos hosteleros y salas de conciertos.

HACIA UNA NUEVA LEY

Por eso se tramitará una nueva Ley de espectáculos, algo que ya estaba previsto por el nuevo Gobierno, tal y como abordaron en su día el nuevo consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Los problemas de los espectáculos venían siendo denunciados desde hace años por los promotores y organizadores de eventos, que lamentaban la excesiva arbitrariedad en Santander a la hora de organizar conciertos musicales, entre otras cosas, por el criterio para definir lo que se considere como espectáculo.

Un problema complejo porque requería la coordinación de las administraciones: el propio PP lleva en sus programas electorales, tanto en el de Santander como en el autonómico, la necesidad de dialogar para impulsar un cambio en la legislación que finalmente le ha tocado al Gobierno de PRC-PSOE en coordinación con el Ayuntamiento.