La parroquia Pio X está detrás de la primera línea del Pilón. Allí se reunieron al principio los vecinos el pasado verano, cuando recibieron las primeras cartas de aviso de la constructora.

En esas primeras tomas de contacto tuvieron el apoyo y asesoramiento de diferentes personas y organizaciones municipales como la Plataforma DEBA, Paco Sierra, Conchi Solanas, o miembros de la PAH como Óscar Manteca.

Zona El Pilón

Este martes han vuelto a reunirse para escuchar a dos de las voces que mejor pueden hablar del urbanismo en Santander. Son dos miembros de la Plataforma DEBA, Jesús Molinero y Carlos García.

Cerca de 50 vecinos han desbordado la sala de reuniones, conformados por habitantes de varias zonas de Santander, sobre todo el Pilón y Prado San Roque, a los que se han unido los concejales IU, Miguel Saro, y de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, además del diputado autonómico de Podemos, José Ramón Blanco.

En esta reunión, que DEBA lleva organizando en diferentes lugares de Santander, como la que mantuvo hace pocos días con los vecinos de la senda costera, se ha advertido de una primera cosa: tienen sus reservas de que el proyecto de ley aprobado por el Parlamento para el Pilón sea efectivo.

«Yo no soy jurista, pero en este país las leyes no pueden aplicarse con carácter retroactivo», ha recordado el arquitecto Jesús Molinero. «Yo creo que el promotor del Pilón debe estar riéndose», añadió.

La postura de DEBA es la misma que han defendido desde que comenzó la agonía para los vecinos de estas dos zonas situadas en lo más alto de Santander: Todo es cuestión de voluntad política, y el Ayuntamiento puede solucionar el problema modificando el Plan General.

«El PGOU sí puede contemplar la condición de realojo, no necesita ley autonómica. Hay que recordar que la actual ley autonómica no lo considera necesario, pero no lo prohíbe. Además, ya se ha incluido el realojo en otras actuaciones del PGOU», han expresado en la charla ofrecida a los vecinos.

La ausencia de una concreción en la ley autonómica no es el impedimento, pues defienden que hay «leyes estatales, incluso la propia Constitución» que «obliga» al Ayuntamiento a incorporar el realojo. ¿Por qué en algunos casos, como el del Pilón, no se contempla? Desde DEBA denuncian que el Ayuntamiento no quiere modificar el Plan General «para contentar a las constructoras».

«CON LA LEY EN LA MANO SE PODRÍAN PARALIZAR Y SUSPENDER LAS ÁREAS ESPECÍFICAS»

Según la legislación autonómica, de un punto de la cual se han agarrado los técnicos municipales a petición del Consistorio, saltándose, según DEBA los demás, contempla la opción de paralizar y suspender las áreas específicas si se tiene constancia de que hay perjuicio a los vecinos, como es el caso, para analizarlas.

Esa opción está reservada para el órgano competente, el Ayuntamiento, y la paralización podría ser de un año, y hasta de dos si se requiriera modificación. «Con la ley en la mano se podrían paralizar y suspender las áreas específicas que pueden dar problemas. Es de ley, no habría prevaricación», mantiene Molinero.

«Los técnicos urbanistas somos sastres, bien podemos hacer un traje de bombero que uno de payaso. Hacemos los planes a medida de lo que pida el cliente, que en este caso es el Ayuntamiento»

Una objeción que utilizó en el pasado el concejal de urbanismo, César Díaz, que aseguró que se podría caer en un acto delictivo al modificar el PGOU solo en beneficio de estos vecinos. También, según el Ayuntamiento, los técnicos municipales exigían una justificación de interés social para modificar puntualmente el Plan General, aunque no se ha requerido en otras ocasiones.

Los técnicos municipales son un parapeto en el que se refugia muchas veces el equipo de gobierno, y por ello han salido en la conversación de esta charla. «Los técnicos urbanistas somos sastres, bien podemos hacer un traje de bombero que uno de payaso» ha aseverado Molinero, «Hacemos los planes a medida de lo que pida el cliente, que en este caso es el Ayuntamiento».

Además, recuerda que los técnicos «no van al Pleno» y que «en estos momentos el PP no tiene mayoría absoluta», afirmación que provocó las risas irónicas de los presentes. DEBA ya ha criticado lo que cree que es inactividad también de parte de la oposición, y en esta ocasión había tres concejales presentes.

Miguel Saro (IU) quiso recordar las mociones presentadas por su grupo y por Ganemos, a las que se ha unido únicamente el PSOE. «Es la Junta de Gobierno la que decide sobre el Plan General, y el problema es que en el pleno no hay mayoría suficiente para obligar a la Junta de Gobierno a modificar la ficha técnica», ha asegurado, aludiendo al PRC, que apoyó en su momento el PGOU, y a Ciudadanos, que durante esta legislatura está actuando de rodillo con el PP, de modo que todos los presentes coincidieron en que la cosa no ha variado con la pérdida de mayoría absoluta.

NO HAY ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LOS PERJUICIOS PARA LOS VECINOS

Vecinos de Prado San Roque y el Pilón al comienzo de la reunión.

Otro de los avisos/críticas de DEBA, es que el Ayuntamiento en ningún momento ha realizado un estudio «riguroso» que justifique los beneficios de estas actuaciones y cuáles son los perjuicios para los vecinos. «No está estudiado, ni está considerado económicamente», denuncian, y desde la Plataforma defienden que en los costes de las áreas específicas «deberían incluirse los costes de realojo».

En esta charla se ha resuelto también una duda, y es que a pesar de la cercanía de los barrios, la situación entre Prado San Roque y el Pilón tiene claras diferencias.

En el primer caso se trata de una expropiación y en un porcentaje (que no en su totalidad) están previstos realojos, mientras que sus vecinos del Pilón están abocados a una Junta de Compensación en la que no se prevén los realojos, aunque la proposición de ley presentada en el Parlamento pueda suponer, si lo hace, alguna solución.

La principal diferencia de ambos casos es que en Prado San Roque es iniciativa pública, promovida por el Ayuntamiento para Viviendas de Protección Oficial (VPO), y en el Pilón es de iniciativa privada para una constructora, Costa Verde Habitat.

La Junta de Compensación es un proceso mediante el cual los vecinos deben entrar en una sociedad creada por el propietario mayoritario, en este caso la promotora, y asumir, como promotores, los gastos de derribo y edificabilidad que se lleven a cabo. Algo eterno e imposible de asumir por esta clase de vecinos, de clase media-baja y entre los cuales hay muchos ancianos.

Sin embargo, en Prado San Roque han sufrido otra situación. Previamente, cuando se construyó el funicular, los terrenos que quedaron a su derecha fueron expropiados para construir zonas verdes. La obra se llevó a cabo con subvención europea mediante el Plan URBAN, y posteriormente se está buscando cambiar el concepto de zona verde a zona edificable. Y debe hacerse mediante expropiación, pues si en este caso se convocara una Junta de Compensación, los anteriores dueños, expropiados, podrían exigir un porcentaje de ese suelo edificado.