Javier Noriega: «He hecho todo lo posible por descubrir lo que ha sucedido con el Racing»

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Dos años y veinte tomos después, Javier Noriega ya no es el abogado de la empresa pública CANTUR en la acusación en el juicio por el caso Racing, en el que se investigan las responsabilidades por la operación (al final acabaron siendo las operaciones) de compraventa del conjunto verdiblanco.

El abogado Javier Noriega

El abogado Javier Noriega

No lo es por una decisión política: el Gobierno de Cantabria le ha comunicado (el mismo día en que decía públicamente, en el Parlamento, que no iban a tocar ni un papel en este proceso) que prescinden sus servicios, que a partir de ahora asumirá el letrado Miguel Burgada, vicedecano del Colegio de Abogados y al que advierte que se enfrenta a una causa “compleja”.

Es una decisión que no comprende, en especial en el momento en que se produce, según confesaba en una entrevista con el programa de radio BUENAS TARDES CANTABRIA en Cadena Mix.

Porque lo que sucede es que la causa lleva nueve meses paralizada, debido a que la Audiencia Provincial tiene que responder a los recursos que han presentado los procesados hasta la fecha.

Es decir, “no es que haya trabajado bien o mal, es que no he trabajado. Desde julio no hay ningún cambio en el procedimiento. No existiendo actuaciones, no puede haber reproche”, expresaba el letrado santanderino.

UNA CAUSA COMPLEJA

Y no sólo eso, sino que avisaba de que no es habitual que se prescinda de un abogado en mitad del procedimiento: durante las investigaciones, se va generando una gran cantidad de información y documentación que permite al letrado hacerse una idea general de la historia que está siguiendo.

La compraventa del Racing, pendiente de los tribunales

La compraventa del Racing, pendiente de los tribunales

Son años de trabajo y resulta difícil situarse en ese escenario de nuevas, como le pasará a su sucesor.

Por ejemplo, en el proceso de una causa que en primer momento implicaba a los exconsejeros del Gobierno de Cantabria Ángel Agudo (PSOE, Economía) y Javier López Marcano (PRC, Turismo), el alto cargo Luis Egusquiza y al propietario Jacobo Montalvo apareció un nombre nuevo, desconocido hasta la fecha en la escena pública cántabra, el del abogado Emiliano Garayar (I, II), letrado “de cabecera” de ese Ejecutivo en todo tipo de operaciones y creador de empresas beneficiarias de la venta.

O el descubrimiento de los sucesivos ‘indultos’ por parte del Gobierno de Cantabria de deudas que empresas como Dumviro o WGA, propietarias del Racing en esos períodos.

“He trabajado miles de horas para desenmarañar lo sucedido. Yo he visto clarísimo que había que seguir investigando. He dado el 120%, he hecho todo lo que he podido por descubrir lo que sucedió, hasta que me han dejado seguir”, reivindicaba.

¿DERROCHE O DELITO?

De fondo, la gran duda, si lo sucedido ha sido simplemente un “derroche” de dinero (más de 40 millones de euros), que de por sí no es delito, o algo más, que encaje en los delitos de malversación de caudales públicos y de estafa continuada.

Esa es su tesis, aunque, en cualquier caso, quien decidirá “si estas irregularidades son delito” es el juez si finalmente se llega a celebrar juicio. Él lo tiene claro: “la sociedad de Cantabria se merece que se celebre un juicio”.

 LA CONVIVENCIA CON EL NUEVO GOBIERNO

El proceso comenzó como consecuencia de la Comisión de Investigación parlamentaria abierta la pasada legislatura, con el PP en el Gobierno, que derivó en una instrucción judicial que PSOE y PRC, entonces en la oposición, tacharon de “cusa general”.

Al volver al Gobierno estos partidos, ha revelado Noriega, le pidieron que les fuera informando de cada paso que diera en la causa, algo que le sorprendió y con lo que no se mostró conforme, pues siempre ha defendido su “libertad” profesional a la hora de trabajar en su materia.

Y después, sin mediar ningún tipo de reunión con ellos, llegó esta documentación y este relevo, que ya ha provocado las reacciones airadas de todo el conjunto de la oposición parlamentaria (PP, Ciudadanos y Podemos, que permitió la investidura de Revilla y que incluso ha pedido la reprobación del Gobierno y que ha hablado de conflicto de intereses entre los miembros del Ejecutivo por tomar decisiones que no dejan de afectar a compañeros de partido).

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