La Cámara de Comercio de Cantabria organiza el próximo martes, día 26, una mesa redonda sobre el impacto de la economía sumergida en su entorno.

Bajo el título ‘Economía sumergida y desigualdad’, la cita será a las 19.00 horas con entrada libre y la abrirán el presidente de la entidad cameral, Modesto Piñeiro; y Fernando García-Andrés, decano del Colegio de Economistas de Cantabria.

E intervendrán Carmen Gómez Sánchez, delegada de la Agencia Tributaria en Cantabria; Pedro Pérez Eslava, director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria; Javier Rodríguez, vicepresidente de CEOE y Miguel Ángel Gálvez, responsable en Cantabria de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

David Cantarero,

Asimismo, estará David Cantarero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria, y autor, junto a la profesora Carla Blázquez, del estudio ‘Una aproximación empírica a la magnitud de la economía sumergida en Cantabria (2013-2014)’-

En ese estudio, estos miembros del Grupo de I+D+i en Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC), sitúan el valor de la economía sumergida en Cantabria en el 22,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma.

Estas estimaciones tienen en cuenta tanto a personas que hacen su actividad laboral al margen de la economía oficial como que algunas de ellas trabajasen tanto en la economía sumergida como en la oficial o real.

En relación a las estimaciones anteriores, realizadas para el periodo 2009-2012, estos datos suponen una bajada de dos puntos, aunque aún quedan lejos de la medida de la Unión Europea, que se estima en el 18 % del PIB.

Entre los posibles factores que favorecen la actividad económica “en B” en Cantabria, el Grupo de Investigación en Economía Pública de la UC señala “la elevada presión fiscal, al alto desempleo, al aumento del autoempleo y a un elemento residual pero significativo como es la falta de ética fiscal y a la excesiva regulación económica y del mercado laboral».

En este sentido, se considera que los resultados reflejan la necesidad de establecer planes y medidas concretas para la reducción de la economía sumergida regional, y aunque «sus efectos se percibirían a medio y largo plazo» permitirían recaudar una financiación con la que poder “fomentar la actividad económica”, “la reducción del alto nivel de desempleo”; o “garantizar una mayor cobertura pública de la sanidad, educación o dependencia».