No es uno de esos días contemplados en ese interminable listado de conmemoraciones internacionales, pero este 28 de junio bien podría ser el Día Internacional del Descontrol o, lo que es lo mismo, el Día Internacional de las Empresas Públicas en Cantabria.

Porque, una vez pasado eso tan entretenido de las elecciones, las principales instituciones de Cantabria se toparán de bruces con el debate de una realidad que no ha centrado ni discursos ni programas, como es el descontrol en el sector público.

Salvador Blanco, máximo responsable de SODERCAN

Dentro de esa pérdida de la agenda por parte de los Gobiernos debido a la presión de la sociedad civil o la llegada de nuevos partidos a las instituciones, este martes la casualidad ha querido que el Parlamento de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander tengan convocados sendos plenos en los que se toparán de bruces con denuncias sobre la situación de sus empresas públicas más cuestionadas.

Así, en el Parlamento de Cantabria hay un Pleno en el que buena parte del protagonismo lo acaparará SODERCAN, la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, la empresa pública a cuyo frente está el cuestionado Salvador Blanco.

Empresa y directivo han logrado poner de acuerdo a toda la oposición (a grupos tan opuestos como PP y Podemos, o Ciudadanos y Podemos), en esta ocasión, a raíz del informe del Interventor General que enumera todo tipo de irregularidades administrativas y falta de control en esta sociedad pública en la anterior etapa que tuvo a su frente a su actual responsable.

Eso en el Parlamento de Cantabria. En el Ayuntamiento de Santander hay un Pleno que tiene varios puntos en el orden del día,.

Pero entre ellos está la dimisión de la concejala de Empleo, Noelia Espinosa, quien ha admitido el desvío para fines particulares de más de 7.000 euros de la empresa pública municipal SANTURBAN, lo que ha llevado a la oposición a presentar medidas que van desde una comisión de investigación sobre el sector público en la capital hasta un Consejo Municipal de Transparencia, aspectos llevados por la oposición a este Pleno.

EL MUS DE LA OPOSICIÓN CON SODERCAN

Con el tema de SODERCAN la acusación fácil del electoralismo ya no vale, al tratarse de un Pleno que se produce superada ya la cita electoral del domingo.

Es como si todos los partidos estuvieran jugando al mus, envidando y lanzando órdagos, porque en el orden del día hay proposiciones no de ley de cada partido de la oposición que van sumando peticiones: todos coinciden en que SODERCAN debe volver a la Consejería de Industria, a la que pertenecía antes de que fuera deslocalizada por aquello de las negociaciones entre PSOE y PRC para formar gobierno tras las elecciones autonómicas.

PP y Podemos suman a esta petición la del cese de Salvador Blanco, que sumaría así una reprobación previa y una petición de cese ahora.

El publicista Juan José Fraile

Estas peticiones son mociones, es decir, iniciativas que se mueven en el entorno del debate entre los grupos parlamentarios, y que obliga a retratarse no sólo al PSOE, partido que ha elegido a Blanco al frente de SODERCAN, sino al PRC, el partido que tiene a su cargo la Consejería de Industria en la que debía ir inicialmente esta empresa pública y que con ese reparto perdió un brazo ejecutor de sus políticas industriales.

A ellas suma Podemos una interpelación al Ejecutivo sobre medidas que se adoptarán tras estas irregularidades, es decir, que además del debate entre partidos se fuerza un pronunciamiento expreso del Gobierno de Cantabria.

Y no es la única empresa pública que habrá en el Pleno del Parlamento: Ciudadanos llamará la atención sobre SOGIESE, una desconocida sociedad sobre políticas en el sudeste europeo (también señalada por el Interventor) y, sin ser estrictamente una empresa pública, sobre la relación entre el cese de la directora del Servicio Cántabro de Empleo y las irregularidades en los procesos municipales de selección de parados.

Sólo impiden que sea un pleno monográfico sobre el sector público en Cantabria un par de mociones de Ciudadanos, una moción del PRC sobre infraestructuras del Estado, y unas preguntas parlamentarias del PSOE a su propio Gobierno (en cuyas respuestas nos esperamos un “me alegra que me haga esta pregunta” por parte del compañero de partido al que le toque responder, –que levante la mano el partido en el Gobierno que no haya usado alguna vez esta técnica de relleno–)

El abogado Emiliano Garayar

Y qué es lo que pasó en SODERCAN? Pues el propio Interventor enumeró algunas prácticas que os soltamos a modo de titulares: empresas que conocían con anterioridad que iban a presentarse proyectos, contratos fraccionados en fases para evitar sacarlos a concurso y poder adjudicarse directamente, falta de memoria o justificación de las medidas que lleven aparejada ayuda pública, uso de dinero público para financiar empresas privadas, pagos por informes que no existen…

Y, sobre todo, un baile de nombres de «sospechosos habituales» como el publicista Juanjo Fraile o Emiliano Garayar, abogado de cabecera del exconsejero Angel Agudo y vinculado al Racing y que ha sido uno de los pocos en sacar rentabilidad de empresas en crisis como Greyco O GFB.

El informe, primero hurtado a la oposición por el Gobierno, y luego difundido por el mismo Gobierno, provocó unas reacciones centradas en la descalificación de su autor, el Interventor General, que es un alto funcionario, pero designado para esta función para un Ejecutivo que no había desconfiado de él hasta que trascendió un informe que ya conocían con anterioridad sin que esto supusiera que hayan pensado en relevarle.

Y todo paradójicamente, después de difundir con entusiasmo otro informe similar del mismo autor que, en ese caso, perjudicaba al anterior Ejecutivo del PP.

SANTURBAN Y OTROS PÁRAMOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SANTANDER

Eso será por la tarde, pero el Día Internacional de las Empresas Públicas empieza sus fastos desde primera hora: a las nueve de la mañana hay convocado un Pleno que tiene distintos puntos en el orden del día, sí, pero entre los que destacan los relacionados con el sector público.

Para empezar, porque se formaliza la dimisión de la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Santander, Noelia Espinosa.

Noelia Espinosa

Ella misma (y sólo un mes después de calificar como “absurdas” las dudas sobre su gestión por otro asunto) ha confesado que desvió para fines particulares más de 7.000 euros de SANTURBAN, una desconocida empresa pública con nombre de páramo colombiano a la que el Ayuntamiento recurre habitualmente como si fuera una subcontrata de áreas como mujer o inmigración, que se nutre de subvenciones autonómicas y de ingresos del Ayuntamiento y que hace varios años sufrió un desequilibrio económico que le llevó a vivir su propio rescate.

Por este motivo, el concejal de Santander Sí Puede Antonio Mantecón plantea medidas de control sobre las empresas públicas municipales en materia de cuentas y contrataciones, en un Pleno en el que se va a hablar mucho de transparencia.

E:l PRC pide que se modifique la Ordenanza de Transparencia, y PSOE, PRC, IU y Santander Sí Puede quieren que se cree un Consejo Municipal de Control, Transparencia, Buen Gobierno y Participación, aspecto que también es objeto de una iniciativa de Izquierda Unida sobre participación directa de los ciudadanos en las decisiones municipales.

Todas ella son susceptibles de ser apoyadas por los demás y siempre queda la duda de qué hara el grupo Ciudadanos, sostén habitual del equipo de Gobierno.

En este Día Internacional, el sector público municipal no está para mostrar orgullo: los problemas en SANTURBAN se suman a otros en el Instituto Municipal de Deportes, el cementerio de Ciriego o Mercasantander.

Y tampoco está la cosa para presumir de medidas de control interno en un Ayuntamiento con tres bajas en el servicio de Intervención y que se enteró de los casos SANTURBAN o IMD no por sus propios recursos, sino por los avisos lanzados desde empresas privadas externas a la Corporación.