Santander comenzó la semana con la noticia de la próxima anulación de su Plan General de Ordenación Urbana, el documento que rige el uso del suelo en la ciudad, es decir, donde se construyen los pisos y las empresas, con importantes implicaciones fiscales (no es lo mismo pagar el IBI por un suelo rústico que por uno urbano).

Y la cierra con la noticia de la reducción de la aportación de la Fundación Botín del Banco Santander a la Fundación Santander Creativa, que viene canalizando la mayoría de las acciones de creadores en la capital cántabra y por cuya estabilidad se teme ahora, que ha tenido como reacción la acusación del Ayuntamiento a la Fundación de mentir y de estar ofendiendo la memoria del fallecido Emilio Botín., en un ataque a la entidad bancaria que sonaría más comprensible en un antisistema de la Porticada que en una institución gobernada por un partido de los de orden.

Entre medias, un Pleno municipal en el que las acusaciones (sean toros, sean viajes) las lanza el Gobierno a la oposición, y la polémica con la Sociedad Menéndez Pelayo, que ve como sus peticiones negociadoras en torno a la gestión del legado de este referente histórico (su biblioteca personal y su casa-museo, con riesgo de okupación con k), recibidas nuevamente desde el equipo de Gobierno con lenguaje bélico y con ataques personalizados al presidente de esta organización.

Medio en serio, medio en broma, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, recomendaba al regidor municipal unas vacaciones, en una nota en la que alertaba sobre el alto nivel de nerviosismo y crispación en que se ha embarcado el equipo de Gobierno del PP.

Otro miembro de la oposición, Pedro Casares, desde el PSOE, pedía al PP “respeto” para la Fundación Botín por su papel de colaboración con la Fundación Santander Creativa.

Pero más allá de la innecesaria ola de crispación desde el equipo de Gobierno, está la preocupación

-si bien los vecinos afectados por los distintos proyectos urbanísticos que implicaban su expulsión se han quitado alguna preocupación de encima tanto por esto como por la modificación de la Ley del Suelo que les da derecho a realojo y retorno a sus barrios….,

-los colectivos profesionales, agrupados en la Unión Profesional, alertaban sobre la “inseguridad jurídica” en que queda la ciudad hasta que se definan los próximos pasos para responder ante el regreso al Plan del 97, el que quedaría vigente.

Actividad de empresas, grandes o pequeñas, proyectos estratégicos, la oferta de ocio y el propio modelo de crecimiento depende de cómo se responda ante estos dos retos esenciales para la ciudad de Santander. La serenidad, la humilidad y el diálogo que reclaman empresas, vecinos y creadores serán claves en este proceso. Sin estos requisitos, no es plan.