No habrá ni juicio ni investigación global a la gestión del Racing de Santander durante la última década, que ha supuesto dos rescates económicos desde lo público a las sucesivas constructoras dueñas (del Grupo Sadisa de ASCAN y los Montalvo) y una compleja ingeniería financiera orquestada desde lo público que no pudo evitar que uno de los principales referentes sentimentales de la marca Cantabria llegara casi al colapso y el concurso de acreedores.

López Marcano, principal perjudicado del auto

La Audiencia Provincial ha cerrado buena parte de la investigación judicial, sobre todo lo relacionado con la huida hacia adelante que fueron las sucesivas compraventas del club, por las que estaban imputados los exconsejeros de los anteriores gobiernos PSOE-PRC de Cantabria Ángel Agudo (Economía, PSOE) y Javier López Marcano (Cultura y Deportes, PRC), así como Luis Egusquiza, hombre de confianza de Agudo; el abogado Emiliano Garayar, cabeza jurídica de las operaciones que a raíz de ese contacto con el Gobierno por el Racing recibió adjudicaciones y contratos públicos en Cantahria; o el propietario del club, Jacobo Montalvo.

Todos ellos tienen algo que celebrar, y un poquito más Emiliano Garayar: el tiempo ha jugado a su favor y su parte ha prescrito, de modo que se ahorra el intento de que se fiscalizaran sus cuantiosas adjudicaciones recibidas esos años.

Pese a las valoraciones políticas, lo que dice el auto es que quien peor lo tiene ahora es Javier López Marcano, a quien estas investigaciones judiciales llevaron a la dimisión de su acta de diputado.

El exconsejero de Cultura y Deportes tenía una imputación extra, la de las subvenciones que se dieron desde el Gobierno al club sin velar por el adecuado uso del dinero público, y esta causa sigue abierta. Su peso no es menor: son 22 millones de euros, la mitad del quebranto patrimonial estimado.

De hecho, la la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria es bastante dura en esa parte, frente al tono comprensivo que emplea con el resto de acusados, en un auto en el que justifica en base a la delicada situación del club las sucesivas decisiones de rescate e ingeniería financiera.

Todo se hace en contra del Ministerio Fiscal, que trataba de buscar una conexión, una unidad entre las distintas causas, y de la acusación popular ejercida por la organización Manos Limpias.

Las actuaciones se iniciaron impulsadas desde el Gobierno de Ignacio Diego a través de la empresa pública CANTUR, perjudica por la pérdida de dinero público. Fue en este caso en el que Revilla decidió prescindir del abogado que había trabajado la investigación, Javier Noriega, que, pese a que se anunció su regreso ante el escándalo desatado, nunca regresó a esta acción judicial.

HISTORIA DE DOS RESCATES

En la investigación se señalaba por malversación de fondos a los exconsejeros del Gobierno Ángel Agudo y Javier López Marcano, al alto cargo Luis Egusquiza y al empresario Jacobo Montalvo, propietario del club. A los cuatro también se les señalaba por delito continuado de fraude a ente público, delito por el cual se apuntaba también al abogado Garayar.

Estos dos delitos, la malversación y el fraude, eran por el proceso desatada a raíz del rescate al Racing aprobado en 2004, que implicó la compra del Gobierno del club a sus anteriores dueños, los propietarios de la constructora ASCAN, y la concesión de créditos y préstamos desde el propio Ejecutivo a través de sus empresas públicas, así como todo lo que vino a partir de entonces, como el proceso de selección de un nuevo propietario.

La compraventa del Racing

El auto incide en que ese proceso llevó a seleccionar a un grupo, el de los Montalvo,era «en principio fiable y solvente», que tenía al frente a un empresario «de reconocida solvencia» e iba a cumplir el objetivo de salvar al Racing.

Y argumenta que todos los pasos dados, incluyendo la compra de la marca Racing (una forma de dar valor económico a la operación, que el auto elogia) se hicieron en cumplimiento del acuerdo de Consejo de Gobierno que ordenó salvar al club.

«Nos encontramos por tanto de lleno ante actuaciones marcadas por un claro carácter político y revestidas de las necesarias formalidades legales» que, por tanto, quedan fuera del derecho penal.

E incluso incide en que la alteración de los términos del contrato que se hizo en agosto de 2006 librando de obligaciones a una de las empresas (Dumviro) y cargando a la administración con 2,9 millones de euros de gasto se debió a una «errónea interpretación» del contrato.

El incumplimiento de los plazos de pago de sus obligaciones por parte de Dumviro, que no llegó a pagar, contó con reclamaciones de pago por parte del Gobierno, por lo que la Audiencia no ve que hubiera intención de aliviarla de estos pagos. Lo mismo sucede con otra deuda, se entiende que reclamarla hubiera llevado a suspensión de pagos del club, cuya empresa matriz, Silver Eagle, fue la primera gran constructora en caer en España.

El auto, a la hora de abordar la nueva venta a WGA (a Ali Syed, cuyos impagos precipitaron los peores momentos del club presidido en esa época ya por Francisco Pernía), hace énfasis en el contexto de «importante crisis económica» que sufrió Dumviro y su grupo de empresas, así como el propio club

En la venta a Syed intervino Agudo en nombre de Cantur sin haber sido autorizado a ello documentalmente, y eso se ve como una «irregularidad administrativa», sin relevancia penal.

La Audiencia asegura que Dumviro incluso perdió dinero en el traspaso del club a Syed y subraya que los informes encargados prueban su «preocupación» por la situación económica del Racing.

EL PAPEL DE GARAYAR:

Emiliano Garayar es el abogado al que se encomendó todo lo relacionado con la operación de compraventa del Racing, primero desde un despacho del que era empleado y luego ya en solitario, en lo que se convirtió en una fructífera carrera profesional en Cantabria con fuertes lazos con los departamentos que de alguna manera tuvieran relación con el exconsejero socialista Ángel Agudo.

Su protagonismo en este auto es, como todo lo que le rodea, complejo: esas contrataciones eran objeto de una parte de la querella, pero la Audiencia no ve indicios de que los contratos fueran ilegales o de que se pagara por trabajos no realizados, ni de que las facturas fueran más caras de lo habitual o que fueran una recompensa del Gobierno de Cantabria por haber mediado en la compra del Racing.

Garayar, experto en complejidades, asumió el expediente Racing (inicialmente adjudicado a su anterior despacho, pero gestionado por él) sin que constara documentación de haber firmado ese contrato, cedido por sus exjefes en virtud de un acuerdo.

La Audiencia resta gravedad a este hecho debido a testimonios de los propios investigados sobre que siempre se habló de que el proceso lo coordinaría él, bien en su anterior empresa o bien por su cuenta.

Y, en cualquier caso, se considera que los hechos han prescrito.

El abogado Emiliano Garayar

Entre los múltiples trabajos que recibió Garayar del CEP (la Coordinadora de Empresas Públicas) se encuentra el proyecto Hospitales, de gestión de la construcción de hospitales y centros de salud en colaboración con la iniciativa privada y que se le adjudicó a él, primero, y luego, en una ampliación de ese contrato, a una empresa en la que él era socio de un miembro de los Montalvo, la familia propietaria del Racing.

En el auto se niega que participara en la adjudicación del proyecto Ecoparque Besaya a empresas del grupo de los propietarios del Racing, por lo que se rechaza el trato de favor.

–Era un proyecto público, de viviendas y zonas de ocio, se buscó un socio privado, que fue esta empresa, Alcalá 120, y fue anulado judicialmente por la reclamación de uno de los excluidos. En lugar de anular el contrato, el Gobierno le compró las acciones a Alcalá 120, en una suerte de rescate, con el argumento de poder seguir adelante cuanto antes con un proyecto que nunca se ejecutaría–

El archivo de esta parte, la de Garayar y el Ecoparque, tiene como consecuencia el archivo, a su vez, de la parte que afectaba a Luis Egusquiza, persona de confianza de Ángel Agudo, y que fue director del Instituto Cántabro de Finanzas y responsable de la Coordinadora de Empresas Públicas.

Respecto al rescate, la recompra, se incide en que se ejecutó cuando Egusquiza ya no estaba al frente del CEP, y tampoco eran miembros de ese órgano ya ni Agudo ni Marcano. De todos modos, no se ve nada raro en la recompra (casi medio millón de euros), alegando que era consecuencia de los pliegos y que el hecho de que se encargara un informe jurídico prueba que no había intención de perjudicar a lo público en beneficio de lo privado.

Ese informe lo redactó el despacho para el que trabaja antes Garayar, quien vio como excompañeros suyos secundaron una tesis en la que su principal cliente, el Gobierno, ayudaba a un destacado representado suyo, la familia Montalvo.

LA SUBVENCIÓN DE MARCANO

En este parte, que sigue afectando a López Marcano.  se incide en que no se cuestiona que la subvención del Gobierno al Racing, de 2 millones de euros al año, se diera de forma incorrecta o irregular, sino que lo que se investigaba era la justificación de forma correcta, ya que con ella se pagaron conceptos no previstos.

En consecuencia, se confirma la decisión de separarlo del grueso de investigación, y se envía a otro juzgado, al que le toque por sorteo.

En este punto el auto es menos comprensivo que en los demás: enumera incumplimientos en el seguimiento al convenio y su justificación, así como en el hecho de que se siguiera dando la subvención pese a que la situación económica del club y su supervivencia fueran cada vez peores.

Y reseña que hay indicios de la posible comisión, tanto por los Directores de deportes firmantes de las correspondientes certificaciones justificativas del cumplimiento de los requisitos de la subvención, como eventualmente por el Consejero que ordenó el pago, así como por los responsables del Club deportivo, de los correspondientes delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o incluso de fraude de subvenciones.