Hay una frase que llama especialmente la atención en el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria que ha supuesto el archivo del caso Racing, que queda ahora reducido al caso subvenciones al Racing a cargo de la Consejería de Cultura (con lo que López Marcano sigue con una causa judicial pendiente).

Es esta: “nos encontramos por tanto de lleno ante actuaciones marcadas por un claro carácter político y revestidas de las necesarias formalidades legales que quedan extramuros del derecho penal”.

El abogado Javier Noriega

También ha llamado la atención del abogado Javier Noriega, quien llevó la acusación particular en la querella presentada por la empresa pública CANTUR por la pérdida patrimonial en el Racing hasta que el Gobierno de Revilla prescindió de sus servicios.

Con esa expresión se justifica el hecho de que aunque los pasos dados adelante en las sucesivas operaciones de compraventa del club salieran mal, no fueron delito.

Pero para Noriega, “una cosa es la decisión del Consejo de Gobierno y otra lo que se ha hecho por el camino con el dinero público.

Él no está “nada contento con el auto”, que hace “afirmaciones que no se sostienen en absoluto” y que además se aparta de otros criterios sostenidos durante el proceso judicial por dos jueces distintos.

Y, en cualquier caso, cuestiona que se hable ahora incluso de “rehabilitar” para la política a Agudo o Marcano, o que “el hecho de que se archive signifique que se haga la ola y rendirles pleitesía” cuando pese a que no se consigne delito, sí ha habido “despilfarro” de dinero público.

PRINCIPALES INCONSISTENCIAS

Javier Noriega hablaba de un informe «falso» citado hasta en siete ocasiones en el auto encargado a KPMG. Una «basura» que le sirvió al exconsejero, Ángel Agudo, para justificar en rueda de prensa que la venta del Racing no había costado dinero a las arcas públicas, por lo que considera «inaudito» que la Audiencia se base en ese informe

También ha criticado las referencias en el auto al informe de solvencia del comprador del Racing en Zurich, Ahsan Ali Syed.

Y ha recordado que con ese documento «que dice los estados financieros del año 2009, extraídos de las páginas de Internet y de los registros públicos de una empresa que se llama WGA Bahrein» se firma una operación con WGA Holanda «creada exprofeso para esta operación».

Así, ha negado que haya informe de solvencia, porque «nadie ha pedido a Credit Suisse ni a Gómez-Acebo y Pombo investigar la solvencia del comprador», como «había quedado demostrado en autos», por lo que basar el archivo del caso Racing en ese informe le parece un «insulto a la inteligencia».

Pero, sobre todo, ha cuestionado la desestimación del recurso de la Fiscalía, porque la prueba más importante que pedía era sobre un informe que «supuestamente había emitido Gómez-Acebo y Pombo y el ICAF sobre la situación del Racing», que apareció al final de la instrucción en el TSJC en forma de borrador con párrafos enteros tachados y anotaciones a los márgenes.

«Es muy curioso que ningún querellado se haya referido a ese informe en sus declaraciones; es muy curioso también que ese informe saliera por arte de magia del ICAF al final del periodo de instrucción y es tremendamente contradictorio que ahora la Audiencia diga que no hace falta preguntar a Gómez-Acebo y Pombo por ese informe, que con lo que hay es suficiente», ha subrayado.

Finalmente, ha manifestado su curiosidad por ver cómo sostienen la acusación los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria sobre los 22 millones de euros en subvenciones del Ejecutivo al Racing para la cantera, la única parte que la Audiencia ha devuelto a los juzgados de instrucción para que continúe la investigación.

Noriega ha asegurado que una vez estudiada la documentación para la querella «vimos una cláusula» que indicaba que sólo se pagaría al Racing los dos millones anuales «siempre que se justifique que la situación económica del club ha mejorado»

«¿Quién autorizó a dar los dos millones del año 2011, cuando el Racing entró en concurso de acreedores?», ha cuestionado, porque «se supone que un concurso de acreedores la situación ha emperado».

OTRAS DEBILIDADES DEL AUTO

La compraventa del Racing

Lo de los informes protagoniza parte del auto: por ejemplo, desde los informes sobre la legalidad de las ayudas que para la Audiencia prueba que al Gobierno le preocupaba no perjudicar los intereses públicos.

O el hecho de que se encargara un informe sobre la conveniencia o no de rescatar al Ecoparaque del Besaya, adjudicado a la empresa de los dueños del Racing, prueba para que la Audiencia que no había interés en perjudicar a las arcas públicas (esta tesis descartaría, por ejemplo, la posibilidad de los encargos de informes a medida).

Además, ese informe fue encargado a la anterior empresa de Garayar, intermediario en la operación.

De este letrado se produce el contraste entre su presencia en los procesos y la negación de su protagonismo, reduciendo su papel al de ejecutor de decisiones ajenas.

Se niega trato de favor en las adjudicaciones que recibió del Gobierno alegando que en muchos casos fueron los únicos aspirantes del concurso (eso obvia, por ejemplo, la posibilidad de que fueran las cláusulas diseñadas las que impidieran que se presentara más gente).

El auto habla de la “solvencia” y prestigio de la empresa a la que se adjudicó el Racing y luego se muestra compresivo con su delicada situación económica.

Y niega que se viera beneficiada, asegurando que incluso perdió dinero cuando traspasó sus acciones al club.

En la misma línea, respalda tanto la operación de dar valor a la marca como el resto de pasos seguidos.

Y rechaza que el Gobierno quisiera favorecerla cuando mantuvo deudas, enumerando las veces que el Ejecutivo le recordó los pagos pendientes, y justificando que no le reclamara que los hiciera efectivo, ya que eso perjudicaría tanto las finanzas del club como de la propia empresa.

Este último argumento, es el mismo del investigado Luis Egusquiza, ex director gerente del ICAF, en sus declaraciones, asumido primero por la Fiscalía y finalmente por la Audiencia Provincial.