Parones educativos en apoyo a Preguntar No Es Delito
Institutos de Cantabria se han sumado al paro convocado este viernes en apoyo a los nueve estudiantes y activistas imputados por participar hace tres años en un escrache al expresidente Ignacio Diego en una visita a un acto en la Universidad de Cantabria al que se les impidió entrar.
Recientemente se rechazaba un recurso que abría la puerta a un juicio, si bien queda por conocerse la opinión del Ministerio Fiscal (la parte pública en el proceso), única acusación que quedaría toda vez que el propio Ignacio Diego no se personó como acusación particular, y también si se aceptan como pruebas los vídeos que desmontan el relato oficial de los hechos.
El paro estaba convocado por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria, e incluía parón de la actividad a segunda hora, actividades de debate sobre educación y sociedad civil, concentraciones de apoyo y difusión de fotografías en redes sociales.
El parón fue secundado desde varios puntos de la geografía cántabra. Desde centros educativos de la capital, hasta puntoscomo Cabezón de la Sal, Laredo, Puente San Miguel, Viérnoles, Santoña o Castro Urdiales. En el IES La Albericia de Santander, por ejemplo, se llevó a cabo una concentración masivamente secundada por el alumnado.
El alumnado de diversos centros ha hecho llegar a la asamblea #PreguntarNoEsDelito sus conclusiones al debate realizado durante el parón en torno a la justicia y la educación en nuestra sociedad.
De las conclusiones surgen reflexiones como la dependencia de la Justicia del poder política, la necesidad de movilizarse contra las injusticias y solidarizarse con las víctimas de las mismas, y la conveniencia de que la escuela pública acreciente su papel como incitadora de la reflexión colectiva y el pensamiento crítico.
Por su parte, en el Edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria se celebró un debate sobre el papel que la educación puede jugar, con la pregunta: “¿Es la educación un motor de transformación social?”.
Los estudiantes han recibido el apoyo de la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, que tachaba la situación de «despropósito» y que defiende que los imputados «han aportado las suficientes pruebas para dejar claro que no cometieron ninguno de los delitos que se les imputa».
«Situaciones como esta son una deriva muy preocupante que pone en peligro los derechos más elementales que la sociedad tiene que defender y trasmitir a los más jóvenes, en lugar de criminalizarles por practicarlos», añaden en un comunicado en el que muestran su apoyo rambién a la iniciativa del parón educativo.
Y también del Consejo Escolar de Cantabria, máximo órgano consultivo en materia de enseñanza no universitaria en nuestra Comunidad Autónoma, que agrupa a padres, asociaciones, sindicatos y alumnos, y que ha expresado su “solidaridad” con las 9 jóvenes imputadas en el caso Preguntar No Es Delito.
El Consejo, considera que no es “justa” la situación a la que se enfrentan los 9 jóvenes “simplemente por haber intentado participar” en un acto “al que se les denegó su acceso sin ninguna justificación”. Considerando asimismo que “el único delito” de los jóvenes, fue “levantar su voz en favor de la enseñanza pública”.
Por el contrario, recibían las críticas de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Cantabria, que les acusaban de estar haciendo “un escrache a la justicia” y defendían que el expresidente Ignacio Diego no es acusación particular en el proceso, aunque sí fue denunciante de los hechos.
No es el único asunto relacionado con la libertad de expresión y participación que ha levantado preocupación en los últimos tiempos: el concejal de ACPT Iván Martínez ha sido condenado por la limpieza y ocupación para actividades culturales del solar en desuso y abandono de Espacio Argumosa, en Torrelavega. Hay una campaña de autoinculpación para mostrarle apoyo.