Pasaje Seguro surge como movimiento de apoyo a los refugiados y migrantes económicos, pero se movilizó también por un cambio en los protocolos que garanticen los derechos de la infancia

Pasaje Seguro Cantabria ha alertado de que puede haber más casos como el de Samuel, el menor camerunés que finalmente ha recibido el permiso de residencia, pero después de que la Fiscalía de Menores y el ICASS hayan actuado durante dos años en el sentido de la orden de expulsión.

En declaraciones a EL FARADIO, la portavoz de Pasaje Seguro, Patricia Manrique, ha recordado que en reuniones en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el departamento del Gobierno de Cantabria encargado de la protección de los menores se ha reafirmado en las «praxis» que llevaron a pedir pruebas de determinación de la edad a pesar de que Samuel estaba documentado, incluso cuando se había archivado la primera orden de expulsión.

Unas prácticas que se podrían evitar, con un protocolo que le hizo llegar Pasaje Seguro al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Blanco.

En ese encuentro, este movimiento social surgido de la crisis de refugiados y que pide el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, planteó un nuevo protocolo en la atención a los menores extranjeros con el asesoramiento de la Fundación Raíces, que atiende estos casos en toda España.

«Estamos a la espera de que el Gobierno de Cantabria conteste a este protocolo. Hemos hecho varias llamadas y de momento no nos atienden. Y eso que lo hemos puesto bastante fácil», ha lamentado Manrique.

En el mismo sentido, Pasaje Seguro espera recibir una contestación, ahora que ha trascendido el cambio de criterio de la Fiscalía y el ICASS que ha permitido a Samuel acceder al permiso de residencia.

«ES UN NIÑO»

«Se ha cumplido la ley y este niño al fin tiene los derechos que le corresponden: al fin es un niño y a ver cuando acaba todo el proceso y se reconoce la antigüedad que se le tiene que reconocer», ha remarcado la activista.

Asimismo, ha reivindicado que Samuel tenga los «recursos que aseguren su emancipación», porque «es un niño todavía y ahora viene una segunda fase que «tiene que cumplir la entidad tutelar – el Gobierno de Cantabria-, que es «garantizar su emancipación».

Manrique ha aclarado que el menor camerunés “es un niño y no un migrante», porque «en todo este asunto se ha estado tratando a Samuel más como un migrante y eso va contra la convención de los derechos del niño”.

Desde este colectivo se han mostrado “muy contentos por el trabajo conjunto de la sociedad civil, de personas que han firmado, de pasaje seguro que nos hemos movido, de una abogada que se ha implicado y de medios que lo han apoyado”.

Por el contrario, consideran «bastante preocupante» que «se contagian mucho las malas praxis», que son «comunes a todo el estado».

MUCHO APOYO Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

«Como Samuel hay muchos casos en España y antes de Samuel se habían ganado bastantes sentencias», ha recordado Lucía Zamora, empresaria de hostelería, directiva del Grupo Deluz, y abogado que ejerció para Cantabria Acoge, en una etapa en la que recuerda que «ganamos sentencias judiciales, incluso en el Supremo, por el tema de las pruebas de determinación de la edad».

En su opinión, la diferencia del Caso Samuel con los anteriores es que «ha habido mucho apoyo y eso está muy bien», porque «igual la gente es más consciente».

Pero ha insistido en que «hay muchos casos en España», con el «problema» de que «estos chicos a veces no acceden a los servicios legales, no van al abogado de oficio, se mueven de un lado para otro y las luchas jurídicas son muy lentas».

Cuando la administración vulnera estos derechos el problema es que vulneramos nuestra identidad de defensa de los derechos humanos y de la infancia que tanto ha costado construir

Como ha destacado, el caso Samuel «es un tema de derechos de la infancia» y ha lamentado que «cuando por parte de la administración se vulneran estos derechos hay un problema de fondo grande, que es que vulneramos nuestra identidad de derechos humanos y de la infancia que tanto ha costado construir».

«Otra lucha diferente sería que luchásemos porque esos derechos se creasen, pero es que ya están en las leyes», ha aseverado. En relación al caso concreto, ha valorado que «lo bueno es que antes de la vía judicial la Fiscalía ha rectificado».

Además, ha apuntado a otro tema, aparte del jurídico y humanitario, que es el de la «convivencia».

Así, ha señalado que la tutela «cuesta bastante dinero» a la administración, por lo que considera «un error» no dar el permiso de residencia a estos menores después de haber «invertido» en ellos, en «formación», con entidades y ongs que «trabajan muy bien con estos chicos» y con empresas que trabajan la inserción laboral de estos menores cuando llegan a adultos.

«Nosotros tenemos a algunos trabajando con nosotros y funcionan fenomenal. El éxito laboral es brutal», ha asegurado.

Por contra, ha lamentado que con las ordenes de expulsión, que en un 70% no se ejecutan, se dilatan los plazos hasta que el menor deja de serlo, y se les «aboca a la marginalidad». «A la sociedad española esto no le interesa», ha sentenciado.