El Parlamento de Cantabria, con los votos a favor del Partido Regionalista, Partido Socialista y Ciudadanos, y la “abstención positiva” del PP ha acordado modificar la ley del suelo para dar cabida al proyecto de la mina de zinc en el entorno de Reocín y Santillana del Mar.

El pleno del Parlamento de Cantabria vota a favor de modificar la Ley del Suelo.

Lo han hecho tras un tenso debate, con la única oposición de Podemos que ha acusado al Gobierno de no preocuparse por la protección ambiental, ignorando las “advertencias” de los investigadores, y de hacer una ley “a la carta” para “satisfacer intereses de empresas” como Emerita Resources, Ambioum o Aldesa, «compañía que aparece reiteradamente en los ‘papeles de Bárcenas», ha denunciado Verónica Ordóñez.

Tanto PRC, PSOE y Ciudadanos han coincidió en criticar la actitud de Podemos, a quienes han acusado de trabajar “para que la ley no salga adelante”.

Desde la formación morada han reiterado sus acusaciones de que “no hay informes serios, ni garantías, ni datos objetivos” y denuncian que la exposición de motivos consta de “un power point de cuatro páginas que no dice nada”.

Es más, la diputada Verónica Ordóñez ha apostado qué empresa ganará el concurso público mediante el cual se adjudicará la gestión de la mina, en referencia a Aldesa, a lo que Pedro Hernando (PRC) le ha preguntado si “conoce algo que yo ignoro” ya que “ustedes también se han reunido con ellos”.

Las críticas a Podemos han llegado también desde el PSOE, desde donde Silvia Abascal les ha acusado de “oportunismo hecho oportunidad” al considerar que mezclan “deliberadamente concepto, legislación y competencias”, ya que critican que la ley invade competencias nacionales. También desde Ciudadanos, donde Juan Manuel Carrancio cree que Podemos quiere evitar crear trabajo en la zona del Besaya.

Prácticamente todas las enmiendas de Podemos se han rechazado, y los socialistas han aprovechado a afearles que presentaran su última enmienda a última hora “sin tiempo para estudiarla”, y los regionalistas les han acusado “de no haberse leído la ley”.

PP: «HABÍA QUE EXPLORAR LA POSIBILIDAD COMO UNA PUERTA A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL BESAYA»

Desde el Partido Popular han reivindicado su posición en una abstención “positiva”. “Cuando conocimos el proyecto consideramos que había que explorar la posibilidad como una puerta a la creación de empleo en el Besaya”, ha asegurado su diputado, José Manuel Igual.

Igual defiende que la intervención de la oposición ha mejorado una ley que considera que en su concepción era “demasiado laxa” y “se reducía a una mera comprobación ambiental” que no aseguraba muchos aspectos.

Sí que ha defendido la urgencia en la modificación de la Ley del Suelo ya que “cuando hay un problema se nos obliga a legislar sobre el mismo” porque “la sociedad va muchas veces por delante de una normativa o ley”.

EL PROYECTO DE LA MINA

Mina de Reocín.

El anuncio de un interés empresarial en la actividad minera para la extracción de zinc del subsuelo en la antigua mina de Reocín se dio a conocer el pasado mes de enero, con la propuesta del Gobierno del PRC-PSOE de modificar por vía de urgencia la Ley del Suelo para regular el uso minero.

Se habló de una creación de 350 puestos de trabajo directos (1.250 indirectos), y se impulsó la modificación de la ley por la vía de urgencia, pese a que el Gobierno ya prepara una nueva ley del suelo, (cuyo primer borrador ha presentado) en el que se regula la extracción minera en el subsuelo de terrenos rústicos de especial protección.

La polémica llegó con la declaración de dudas de los partidos de la oposición sobre si esta modificación dejaría sin efecto o no la norma que prohíbe el Fracking en Cantabria; algo que se ha ‘parcheado’ con posterioridad.

Otra de las polémicas llegó la afirmación del Gobierno de que no habría «impacto» en el suelo, algo que las asociaciones ecologistas consideran imposible. “Cualquier actividad extractiva genera impactos diversos”, aseguraban desde Ecologistas en Acción ante esas declaraciones del Ejecutivo.

Desde los partidos del Gobierno se admite que este proyecto se ha abierto ante el interés de algunas empresas, aunque han asegurado que el proceso de adjudicación se llevará a cabo mediante concurso público «con total transparencia».