El juez cree que SADISA diseñó el fraude fiscal en El Cuco

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El juzgado que investiga el presunto fraude fiscal en una operación urbanística en el monte El Cuco en Piélagos ha cerrado la investigación concluyendo, textualmente, que “no consta” que las empresas del Grupo SADISA (la propia SADISA, y las constructoras ASCAN y HORMISA –Hormigones Cántabros–) tengan un modelo de gestión para prevenir los delitos fiscales.

Sede del Grupo Sadisa

“Antes al contrario, esta operación fue diseñada por la dirección financiera del Grupo SADISA con el principal propósito de defraudar la cuota del IVA de esta operación”, asegura el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander en el auto, consultado por EL FARADIO, con el que cierra la investigación y procesa a las empresas implicadas así como, a título particular, a los participantes en la operación, entre ellos Santiago Díaz y sus dos hijos.

Para defenderse en este proceso el grupo constructor ha movilizado los principales recursos jurídicos para la defensa de sus empresas y los procesados, como la prestigiosa penalista Carmen Sánchez Morán – abogada defensora en el caso Racing-, el abogado Luis Revenga –presidente de la sociedad editora de El Diario Montañés—o Álvaro Sánchez-Pego Lamelas, perteneciente a una prominente familia del mundo judicial cántabro y que fue fiscal.

En general, toda la operación urbanística en una zona que es símbolo de los excesos urbanísticos por la agresiva actuación de otra empresa, Martinsa-Fadesa en el monte, supuso que dejaran de ingresarse en las arcas públicas 1,7 millones de euros por el IVA.

LA OPERACIÓN

Existía una sociedad, llamada El Cuco Piélagos, cuya titularidad era de SADISA y de sus filiales (EMPRIVEST, ASCAN y HORMISA).

Una de ellas, EMPRIVEST, vendió sus participaciones, sin que SADISA, la matriz y titular, pagara apenas la mitad de los 35 solares que recibía por esa amortización (869.992,41 euros).

Las participaciones se traspasaron a un empresario mallorquín, por un valor de tres euros. El resto de patrimonio de la sociedad El Cuco era “de difícil venta”, con una carga hipotecaria “superior al coste”.

Así lograron deducirse la parte de fincas saneadas (35 solares sin cargas hipotecarias), quedándose con 31 chalés con una alta carga hipotecaria.

SADISA se comprometió a pagar por esos 35 solares sin cargas la mitad del importe en pagarés, y la otra mitad a través de obras a cargo de sus empresas –que eran receptoras de los terrenos–, en lo que el juez ve que eran “operaciones ficticias” que luego serían a través de empresas vinculadas de algún modo al propio administrador de la sociedad El Cuco –en una de ellas la administradora era su hermana–.

La investigación señala a los representantes de empresas como Mans Artesanal, Armasan, Tear SL o Invemir, que facturaron a El Cuco, como “meros testaferros”. Con esas operaciones “ficticias” de compra se generó un IVA de 1,5 millones de euros.

«OPERACIONES FICTICIAS»

Tal y como describe el auto, se hicieron operaciones “puramente ficticias y sin entidad real, con la única intención de eludir el pago del impuesto”

En la operación participaron los hijos de Díaz, responsables o representantes de las empresas implicadas, “cooperando ambos con su padre en la trama defraudatoria con la única finalidad de beneficiar a las empresas de las que eran administradores”, según expone el auto judicial.

El juez llama la atención sobre que si lo que querían era liberar la carga de los activos más tóxicos, les hubiera resultado “sencillo” contactar con la SAREB (el banco malo, creado precisamente para canalizar estos activos).

En total, hay 15 procesados, entre personas a título particular y empresas, la mayoría como cooperadores necesarios –casos de Santiago Díaz y sus dos hijos– de presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

SADISA

SADISA es un importante grupo empresarial cántabro, adjudicatario del servicio de basuras en Santander –y en un distrito de Madrid–, constructor del Centro Botín y propietario de terrenos beneficiados por el convenio urbanístico de San Martín , entre otras muchas obras. La legislatura pasada sufrió la crisis del sector y la anulación de obras públicas por parte del Gobierno de Ignacio Diego. El grupo se sometió a una reestructuración de su deuda de la mano del Banco Santander, con el que tiene buena relación.

Dentro de sus relaciones con la administración, la legislatura pasada  se llegó a un cambio legal para que el Gobierno cántabro pudiera avalar a empresas con problemas económicas y de financiación, y el Ayuntamiento de Santander modificó el Plan Sardinero en un cambio que recogía una venta de fincas entre los Díaz y los Botín.

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