Este servicio, del que viven casi 300 familias de la región, se siente amenazado ante la falta de perspectivas de futuro y próximo a la desaparición.

La F.C.T pide apoyo a todos los Ayuntamientos, grupos parlamentarios, partidos políticos y agentes sociales de Cantabria para la defensa de este servicio, que va mucho más allá del transporte escolar o asistencial. Es la unión y comunicación entre pueblos lejanos donde habita una población envejecida, que no siempre tiene transportes públicos a su disposición que comuniquen los municipios o las comarcas.

Están desapareciendo muchas de las rutas escolares que antes realizaba el taxi rural en varios municipios de Cantabria

Además, actualmente están desapareciendo muchas de las rutas escolares que antes realizaba el taxi rural en varios municipios de Cantabria. La pérdida de esta principal fuente de ingresos ha provocado la incertidumbre y la preocupación de los profesionales del sector, que incluso consideran la opción de abandonar sus poblaciones de residencia ante la ausencia de alternativas laborales.

A este problema se suma el abandono por parte de la Administración y las trabas para facilitar el acceso a subvenciones, así como los impedimentos para poder optar a realizar servicios que desde siempre han correspondido a este sector. Se trata de funciones esenciales como el traslado de enfermos y personas mayores o el suministro de medicinas y alimentos.

Esta situación se contextualiza dentro de un panorama conflictivo entre el sector del taxi público y los servicios que prestan apps como Uber o Cabify en todo el país. A sabiendas de la competitividad económica que existe dentro de este medio de transporte, la Administración ha facilitado contratos multimillonarios a empresas foráneas, dificultando la ayuda asistencial de los pacientes que viven alejados de los centros hospitalarios.

Los habitantes de estos municipios se ven obligados a realizar esperas innecesarias y largos recorridos a bordo de estos vehículos, que se evitarían si estos servicios se realizaran por taxistas rurales como se había hecho hasta ahora.

La F.C.T pide a las Consejerías de Educación, Sanidad, Industria y Medio Rural del Gobierno de Cantabria, así como a las correspondientes Direcciones Generales, que articulen fórmulas normativas y desarrollen los instrumentos necesarios para moderar la difícil situación que sufre el colectivo. Asimismo, revindican la existencia de este taxi rural que es parte esencial de la vertebración social de los municipios y que pueda subsistir así en su lugar de origen.

Precisamente, el pasado mes de abril los taxistas cántabros secundaron el paro estatal en el que reclamaban mayor control en su actividad frente a nuevas prácticas que no se encuentran correctamente reguladas.

El colectivo exigía que no se permitiera la cesión de sus autorizaciones a otros conductores, al acogerse a un modelo de falsos autónomos que en la práctica están a disposición de sus empresas. Pedían también, que la actividad de taxi tenga la consideración de servicio público en el conjunto del territorio nacional, al llegar ellos a lugares a los que no llegan los servicios de las propias administraciones.