El pasado mes de febrero el partido EQUO Cantabria denunció que existían irregularidades en el convenio mediante el cual se recalificaba la parcela donde está ubicada la fábrica de anchoas Lolín, con otro cambio en el PGOU de Castro Urdiales.

Desde entonces, y pese a que dos concejales del PRC, Luis Alonso Fernández y María Maciel González, han dimitido por falta de información sobre este convenio, que ha respaldado el Consistorio (CastroVerde), EQUO ha denunciado que se produjeron falseamiento y ocultación de datos durante la tramitación del informe ambiental.

Revilla en una visita a Conservas Lolín

Lo ha denunciado en un escrito ante la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, y en otro, donde ha solicitado al alcalde de la localidad, Ángel Díaz Munío, que ordene la apertura de un Expediente de Investigación para analizar si el suelo peatonal “habría sido presuntamente usurpado”. Desde la formación creen que actualmente ese suelo permanece dentro de los muros de la fábrica, en el barrio de Brazomar de Castro Urdiales.

Este hecho, según denuncia EQUO, pondría “en entredicho” la evaluación ambiental de la modificación del PGOU, que se ha cambiado hasta 23 veces según asegura el partido, y que concluyen que en todo el proceso se ha trabajado con una “información no fiable”.

El responsable de Medio Ambiente de EQUO Cantabria, Juantxu Bazán, ha publicado que en la memoria, elaborada por el estudio de ingeniería DIRSUR, el promotor dice que la parcela de la fábrica tiene 6.178 m2 y afirma que hay errores topógraficos entre los planos del Plan General de Ordenación Urbanística que se estiman en 600 m2.

Sin embargo, Bazán señala que “no hay errores topográficos sino una intención de ocultar que dentro de la fábrica de Lolín hay una porción de suelo peatonal que no se respetó en el momento de ejecutar la obra de la fábrica de anchoas, es decir, estamos ante una presunta usurpación de suelo público que invalidaría el convenio urbanístico y el trámite ambiental”.

Según EQUO Cantabria, ni la Dirección General de Ordenación del Territorio ni el Ayuntamiento de Castro Urdiales han advertido ni comprobado el desfase entre los planos del Plan General y la propiedad que se atribuye el promotor del Convenio Lolín.

Dice EQUO en su escrito que ha podido producirse “falseamiento y manipulación al presentar como un supuesto error de topografía cuando en realidad lo que se pretende es ampliar la superficie de la parcela sometida al trámite ambiental en beneficio de los intereses económicos del promotor y en detrimento del dominio público”.

A la vista de estas presuntas irregularidades, EQUO Cantabria ha solicitado a la Dirección General de Ordenación del Territorio la apertura de un expediente por infracción grave del trámite de evaluación ambiental, así como la suspensión del trámite ambiental seguido con la modificación del PGOU afectada por el Convenio Lolín.

También han adelantado que presentarán un escrito más ante el Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos de Cantabria.