El voto de un tránsfuga le ha servido al PP de Santander para impedir que se cree una comisión de investigación sobre el derrumbe de un edificio en la calle del Sol, 57 alegando, entre otros motivos, que ya hay investigaciones abiertas por el propio Ayuntamiento. El pasado mes de julio la alcaldesa Gema Igual llegó a decir públicamente que ya había una «comisión de investigación».

Recordamos: El pasado 19 de julio, se produjo el derrumbe parcial, sin causar daños personales, de un edificio en Sol 57, que había sido desalojado tras los reiterados avisos de los vecinos sobre los efectos en sus viviendas de las obras de reforma en el bajo, el bar Masters, sin la licencia adecuada, promovidas por la empresa Dos Imanes Producciones y dirigidas por la ingeniería Tainsa. El asunto va camino de los tribunales.

A poco coordinado que esté con el Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, donde se han desarrollado ya dos comisiones de investigación impulsadas por el PP (GFB y Cantur), o simplemente con la lectura mínima de los medios de comunicación, el equipo de Gobierno del PP de Santander y cualquier ciudadano sabe que una comisión de investigación tiene una serie de características:

-Es una comisión específica, es decir, no una de las que ya existen. Se crea y tiene sus propios miembros.

-Hay representantes de los partidos políticos.

-Se define un calendario de trabajo. Es decir, se ponen fechas y plazos.

-Se hace una lista de comparecientes, gente que conozca del tema y a la que se la puedan hacer preguntas.

-Las comparecencias son públicas: a día de hoy, no lo son ni las comisiones normales de Santander.

-Hay unas conclusiones finales. En las del Parlamento de Cantabria, en la comisión de la empresa pública Cantur se llevaron esas conclusiones a la Fiscalía.

¿Se ha cumplido algo de eso en Santander? No: el asunto se ha tratado en las comisiones que ya existían (las que siguen los temas de obras –en una cita que ya estaba convocada- y las que siguen los temas de servicios sociales –, y ambas fueron pedidas por los partidos de la oposición.

NO ES LO MISMO

¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Anunció la apertura de un expediente de investigación, el mismo día del derrumbe, del que ya se han conocido parte de los datos.

Y después se abrió el expediente de sanción por el incumplimiento de las licencias –un expediente que no se abrió en cuanto se detectó el incumplimiento –y que afectará a las empresas, pero no a los departamentos que han funcionado mal en el proceso previo al derrumbe.

También trató el tema, como comentábamos antes, en dos comisiones municipales pedidas por la oposición, que no suelen ser públicas y en las que la oposición no tiene la capacidad de citar a quienes considere necesarios.

Es decir, salvo el expediente de investigación, lo que ha habido es el funcionamiento (relativamente) normal de la administración, adaptándolo a los sucesos, caracterizados precisamente por una acumulación de anormalidades en el funcionamiento de la institución municipal. Las averiguaciones se han encaminado más en las causas físicas del derrumbe que en lo sucedido previamente con las licencias y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Además, el equipo de Gobierno parece tener ya sus propias conclusiones desde antes de la apertura del expediente y antes de que se dé por acabado, que pasan por la falta de responsabilidad del concejal de Obras, César Díaz, en todo lo sucedido.

CUESTIÓN DE FORMATOS

En cualquier caso, la petición de la oposición iba más allá de lo habitual en una comisión de investigación típica, porque se llegó incluso a plantear que estuviera presidida por un independiente. La alcaldesa Gema Igual ha defendido en alguna ocasión la independencia de este proceso argumentado que el expediente  lo está gestionando una funcionaria. Esa funcionaria es Yolanda Purón Gutiérrez, que es la misma persona que activó todo el proceso para que se pudiera redactar la resolución que permitió que las obras tuvieran permiso municipal para seguir (a pesar de que en realidad nunca pararon), el mismo día que la Policía intentó pararlas.

Trabajos de desescombro en Sol 57 (agosto 2017)

Ojo, hay una diferencia en el funcionamiento del Ayuntamiento y del Parlamento de Cantabria: en el Parlamento los diputados fiscalizan al Gobierno, peor no pueden hacer más que fiscalizar. En el Ayuntamiento, es la misma institución la que fiscaliza su acción, y puede tomar decisiones sobre, por ejemplo, el personal o los procedimientos.

Es decir, mientras lo que suceda en una comisión de investigación en el Parlamento no tiene por qué tener consecuencias en la acción de Gobierno, una comisión de investigación municipal permitiría identificar y resolver a corto plazo  los mecanismos que han fallado y las personas responsables en toda la tramitación previa al derrumbe.

Esos fallos, recordamos, son: la falta de sanción inmediata al detectarse el incumplimiento de las licencias (achacada a que todos los funcionarios encargados de hacerlo estaban de vacaciones, pero es que además se archivó el expediente de obra ilegal), la falta de información a la policía sobre la orden de parar las obras que permitió que la empresa acabara teniendo la licencia que necesitaba, los avisos previos a la empresa de que sus obras incumplirían la licencia, y la falta de supervisión por parte de una arquitecta municipal a las grietas de las que se le había avisado y de las que constaba un elocuente rastro gráfico.

EN LOS JUZGADOS

De todos modos, la principal investigación está por pasar y ya no pasará por el Ayuntamiento: tenemos la causa en la Fiscalía a instancias de Santander Sí Puede, que decaerá en cuanto se pongan a trabajar los dos juzgados que analizarán el caso –unos por una denuncia del partido Ganemos, y los otros por la denuncia de los propietarios del local Másters, quienes se lo alquilaron a Dos Imanes–.

Dos procesos en los que tienen la capacidad de personarse los propios afectados y que podrían convertirse en un desfile de nombres propios de todo aquel que haya firmado o dejado de firmar un papel en el proceso previo. Esa será la principal investigación, de la que aflorarán más datos y la que tendrá más consecuencias. Y en ella al PP ya no le valdrán los argumentos sobre el supuesto uso político.