La anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, hace justo un año esta semana, no iba a tener consecuencias económicas para las cuentas municipales, según defendió el concejal de Obras, César Díaz.

Reunión Ayto-Fundación Caja Cantabria

Sin embargo, en los presupuestos para el año próximo ya hay una partida que supone que fondos del Ayuntamiento se paguen a la Fundación Caja Cantabria.

De momento hablamos de 940.000 euros este mismo año, con cargo a un remanente (partidas no usadas o sobrantes de los presupuestos), y para los presupuestos del año próximo, recién presentados, se prevén 2 millones de euros.

De hecho, los presupuestos de Santander quedarían comprometidos hasta 2023, ya que el pago total que tiene que hacerse asciende a 9 millones de euros que se abonarían en anualidades y sin intereses, según están negociando el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Caja Cantabria.

La razón, el convenio urbanístico recogido en el Plan General para la antigua residencia de Cazoña: en diciembre de 2010 se contempló un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.

En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, un importe que ahora solicita que se devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial.

Ambas partes tienen que cerrar un acuerdo en el que, según han revelado, están trabajando desde que se conociera la anulación del PGOU.

Todo ello, además, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda plantear el Ayuntamiento ante otras administraciones, pues el Ayuntamiento se reafirma en que la anulación del PGOU se debe a circunstancias externas al Consistorio, como fue la anulación del bitrasvase por su deficiente evaluación ambiental. El Ayuntamiento obvia aquí que cuando aprobaron el plan ya existía una sentencia en contra de la Audiencia Nacional.

De momento ya se han hecho reclamaciones para recuperar los 3 millones de euros que costó redactar el plan.

MÁS CONDICIONES DEL ACUERDO

Asimismo, se contempla la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela (de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente) a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, en cuyo caso se podría compensar también el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.

Igualmente, en virtud de este acuerdo, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.

MÁS CONSECUENCIAS DE LA ANULACIÓN

Y no es el único coste económico para las arcas municipales: el propio Consistorio detalla que en el proyecto presupuestario para 2018 ya se hacen provisiones económicas para ir afrontando algunos pagos.

Así, además de la partida para la anualidad de 2018 del convenio con la Fundación Caja Cantabria, las cuentas del próximo año incluyen también una consignación de otros 500.000 euros por si hubiera que hacer frente a compensaciones económicas por el convenio urbanístico que permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro.

En este caso, se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terrenos a instancia de sus propietarios.

A cambio de esos suelos, pertenecientes al sistema general previsto en el PGOU y valorados en casi 2,2 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación, se otorgó a los titulares aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012, acuerdo que también ha quedado sin efecto por la anulación del plan.

El Ayuntamiento y los propietarios analizan en este caso el traslado de esos aprovechamientos a otro área en el marco del PGOU de 1997, pero al mismo tiempo, el Consistorio hace una provisión de fondos por si no fuera posible materializar esa opción y tuviera que afrontar la cantidad fijada por el Jurado Provincial.