El PP tendrá que dar explicaciones sobre los costes de la anulación del PGOU

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El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander, que gobierna en minoría pero que consigue sacar adelante iniciativas gracias a los tránsfugas de Ciudadanos, tendrá que dar explicaciones sobre los costes económicos de la anulación del PGOU de la capital cántabra por el Tribunal Supremo –del que precisamente se acaba de cumplir un año esta semana–.

Y será así gracias a una iniciativa conjunta de PSOE y PRC, pues existe una norma municipal, que no se había utilizado nunca, que permite a un número de concejales de la Corporación convocar plenos monográficos (formalmente le corresponderá convocarlo a la alcaldesa, pero si no lo hace, se convocará automáticamente, en un plazo de 15 días).

EL PP NEGÓ QUE HUBIERA CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

El PP siempre dijo que la anulación del principal instrumento para gestionar el urbanismo en la ciudad no iba a tener ningún tipo de consecuencia económica.

César Díaz y Gema Igual en rueda de prensa

Sin embargo, ya han trascendido las consecuencias en impuestos como el catastro, que se hace en base al IBI (y esto se hace en base a la clasificación de los suelos, que ha cambiado al anularse el PGOU), y que el Ayuntamiento deberá revisar.

Además, esta misma semana se conocía también que el Ayuntamiento está negociando un acuerdo con la Fundación Caja Cantabria que implica el pago a esta entidad financiera del dinero que a su vez había abonado esta hace años por los terrenos de la antigua residencia de la caja en Cazoña.

Esta cantidad asciende a 7 millones de euros, y el pago se haría en pagos anuales que se extenderían hasta el año 2023, tal y como informaba el propio Ayuntamiento en los últimos párrafos de la información facilitada a los medios de comunicación.

Los presupuestos de Santander para el año próximo, recién presentados, ya consignan 940.000 euros para este pago a Caja Cantabria, y se prevé otros 2 millones para el siguiente ejercicio. El resto, en cantidades, sin intereses, hasta 2023.

Esto se debe a que la Caja y el Ayuntamiento formalizaron un convenio urbanístico: la Caja cerraba la residencia de Cazoña y se trasladaba a otro sitio, y pagaba al Ayuntamiento por la revalorización de esos terrenos.

Y no es la única partida relacionada con los costes económicos del Plan General: estos presupuestos, recién presentados, incluyen otra cifra, 500.000 euros a una empresa privada por un convenio en terrenos públicos, en la zona del faro y el parque de Mataleñas.

EL PLENO MONOGRÁFICO

En concreto, lo que se planteará en ese pleno extraordinario y monográfico es la petición de información de las consecuencias de la anulación de todos los proyectos que se han visto afectados, e información sobre las modificaciones puntuales ya tramitadas o en proceso.

También se piden detalles sobre la negociación y acuerdo con Caja Cantabria y sobre la posibilidad de volver a ampliar los usos de esa parcela a través de una modificación puntual del PGOU del 97.

Finalmente se reclama información sobre el expediente de redacción de un nuevo plan que sustituya al anulado y el calendario que se baraja al respecto.

LOS TRIBUNALES CUESTIONAN MEDIDAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP

Los tribunales llevan una temporada cuestionando la gestión del PP en el Ayuntamiento: desde la propia anulación del PGOU (que se aprobó cuando ya había una sentencia contra el bitrasvase de la Audiencia Nacional), pasando por la sentencia que declara ilegales partes de la ordenanza del impuesto de la plusvalía, y pendientes del previsible rescate a la concesionaria del aparcamiento de Mendicoagüe, en quiebra por falta de demanda, tal y como avisaron en su momento vecinos y oposición.

El Ayuntamiento ya ha avanzado medidas legales por la anulación del Plan General, reclamando 3 millones de euros de momento por los costes de su redacción.

El PP sostiene que la anulación es por una causa sobrevenida, que después de aprobarse se anuló el bitrasvase del que depende el abastecimiento de agua. Pero cuando se aprobó el plan ese bitrasvase ya tenía una sentencia en contra por parte de la Audiencia Nacional, y la asociación ecologista ARCA, entre otros, había presentado alegaciones contra el Plan.

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