El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha sacado adelante la modificación exprés de la ordenanza de la plusvalía, que anteriormente se había negado a cambiar reiteradamente.

Esta modificación se ha presentado por la vía de urgencia al pleno de este 26 de octubre después de que el Ayuntamiento perdiera sucesivamente dos juicios frente al joven abogado Miguel Gómez Cotera por considerar la justicia que vulnera los principios de igualdad en las condiciones para establecer la bonificación del 90% del pago del impuesto.

Ana González Pescador, concejala de Economía del Ayuntamiento de Santander.

El Partido Popular ha sacado la propuesta adelante gracias al voto silencioso del concejal no adscrito David González, que fue portavoz de Ciudadanos antes de abandonar el partido y dejarlo sin representación municipal.

González no ha hecho uso de la palabra, aunque sí lo ha hecho su antigua compañera de formación, Cora Vielva, que ha manifestado que cree que la propuesta va “en contra de los intereses de los santanderinos”, ha criticado que no se les hiciera llegar la propuesta (también a los partidos de la oposición, que han presentado su propia proposición) y, por lo tanto, ha votado en contra, rompiendo el bloque que formaban anteriormente los dos ex ediles de Ciudadanos.

También han votado en contra los 12 concejales de la oposición, representantes de los partidos PSOE, PRC, Ganemos, Santander Sí Puede e Izquierda Unida. Todos han criticado que el equipo de Gobierno no haya querido plantear ningún consenso para modificar la ordenanza y que hayan usado la vía de urgencia.

De hecho, los portavoces de los grupos han destacado que el Ayuntamiento se está situando “fuera de la ley y el procedimiento”, al soltarse trámites de consulta y exposición pública, por lo que no descartan futuros problemas judiciales como el que ya ha condenado al Ayuntamiento, ya que “puede tener algún vicio de ilegalidad”.

DENUNCIAN QUE EL OBJETIVO DEL AYUNTAMIENTO ES MANTENER LOS INGRESOS MUNICIPALES

Esta “chapuza”, tal y como la han denominado varios portavoces, responde, según denuncian, a “la necesidad de mantener ingresos constantes en el Ayuntamiento de Santander y no por mantener la legalidad”.

“¿Por qué no dejan participar a los demás partidos y vecinos?” se ha preguntado Miguel Saro (IU). “Será porque no desean saber su opinión y también porque quieran aplicar esta modificación de inmediato en el ejercicio fiscal de 2018”

También critican la nueva ordenanza, que ha realizado menos cambios de los que solicitaba la oposición. Consideran que es muy “limitante” y que sus requisitos pueden hacer “muy difícil que pueda ser aprovechada por personas a las que se dirige”, que son las rentas más bajas”. Es más, Saro ha llegado a pronosticar que la necesidad de que sea una bonificación rogada “va a dificultar más su aplicación y acabarán recaudando más que antes”.

Es por ello que todos han coincidido en solicitar una tabla progresiva en los ingresos que se requiere para aplicar la bonificación.

LA LUCHA DE DAVID CONTRA GOLIAT

Miguel Gómez Cotera, el abogado que ganó al Ayuntamiento, entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA

En la exposición de argumentos se ha tenido muy en cuenta al joven abogado que ha logrado la victoria judicial contra el Ayuntamiento en los tribunales, y cuya sentencia ha forzado esta modificación, que tiene tan poca popularidad como su predecesora.

Miguel Gómez Cotera ya tuvo su enfrentamiento contra la administración municipal por la vía administrativa y, tal y como ha recordado el portavoz regionalista José María Fuentes-Pila, fue “despreciado” por el equipo de Gobierno, especialmente el ex alcalde de Santander y actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a quien ha acusado de “llamar de todo menos guapo” al letrado.

Fuentes-Pila ha afeado la “soberbia” del equipo de Gobierno con éste y otros casos, como el del aparcamiento de Mendicoague, con los que “ha tratado de imponer sus requisitos sin consensuar ni abrir participación”, y que posteriormente «está afectando a todos los santanderinos».

EL PP ACUSA A LA OPOSICIÓN DE QUERER ACABAR CON LA BONIFICACIÓN

Desde el Partido Popular, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha acusado a la oposición de querer “eliminar cualquier requisito de bonificación”, ya que con sus negativas “nadie tendría estas ventajas en la bonificación del 90% del impuesto de la plusvalía”.

Algo que ha negado el portavoz socialista, Pedro Casares, que ha aclarado que la intención de la oposición es que esa modificación “sea más justa, se aplique la progresividad y se eliminen problemas de aplicación”.

Una vez más, también el equipo de Gobierno ha puesto por delante, casi como escudo, a los funcionarios municipales, a los que ha agradecido “su premura a la hora de establecer la modificación”. No es la primera vez que el equipo de Gobierno trata de invalidar críticas de la oposición, diciendo que se ataca el trabajo de los funcionarios.

Lo cierto es que ya anteriormente el equipo de Gobierno trató de crear un informe a la carta para defender esta ordenanza, que fue desestimada por el propio secretario del pleno. El posterior maquillaje ha sido tumbado por los tribunales.

Ante ello, el concejal Antonio Mantecón ha cuestionado que se les haya preguntado a los funcionarios “ya que les dirían que tienen que justificar la urgencia para saltarse los procedimientos, cosa que no han hecho”.

González Pescador también ha atacado las críticas de que se requiera en la modificación que la persona beneficiaria no conste en la herencia u otros registros que tenga inmuebles distintos a la vivienda habitual.

La oposición considera que es un requerimiento limitante que podría dejar fuera de la bonificación a personas que tengan otros inmuebles y no por ello eso demuestre que tenga un poder económico superior. “Les da igual que una persona tenga 1 o 50 inmuebles, dicen que es lo mismo”, ha replicado la edil de Economía.

También ha seguido defendiendo el requerimiento anulado por la justicia de haber vivido dos años antes de la muerte del familiar, asegurando que se utiliza en otros ayuntamientos españoles, e incluso cántabros como Torrelavega o Camargo.

Asimismo, ha rechazado “la falta de diálogo de la oposición” que en su opinión “demuestra que no quieren que participar”.

RECHAZADA LA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

En el pleno, también se ha debatido la propuesta que han presentado conjuntamente PSOE, PRC, Ganemos, Izquierda Unida y Santander Sí Puede, para instar al Gobierno de España a adaptar el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, y para instar también a la Junta de Gobierno Local a modificar la Ordenanza reguladora de este impuesto.

Pedro Casares ha presentado esta propuesta con el apoyo de la mayor parte de la oposición, aunque ha recibido el reproche de Cora Vielva porque no se le haya tenido en cuenta. Anteriormente Casares justificó que meses atrás, Vielva, aún en Ciudadanos, no apoyó la anterior modificación que llevaron al pleno, a lo que ella ha contestado que, desde entonces, ha abandonado el partido en el que militaba y ahora ella sola decide su voto.

Pese a la agria discusión entre ambos ediles, los dos han votado posteriormente a favor de la propuesta llevada a pleno.

En la exposición de motivos, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila ha pedido al Ayuntamiento que actúe de oficio para devolver el dinero cobrado indebidamente y «reparar el daño vecinal de los que pagaron injustamente».

Algo que la concejala de Economía ve «muy difícil» ya que considera que el Ayuntamiento podría hacerlo «si tuviera la información para revisarla». Unas palabras que ha criticado Pedro Casares, que le ha recordado que «en política a veces hay que complicarse la vida» y no vale «quedarse tranquila y cómoda en el sillón». Mantecón ha añadido que así no habría que lamentar otras sentencias que «obligue a devolver cantidades millonarias», ya que al final «tendríamos que aprobar en los presupuestos una partida específica para pagar los pufos que el Ayuntamiento va generando en su incompetencia».

González Pescador ha afeado a la oposición que presentara de forma exprés una modificación sin consensuar con el gobierno, curiosamente lo mismo que horas antes le reprochaban al equipo de Gobierno. Antonio Mantcón ha celebrado «que la concejala ahora sea partidaria al diálogo», aunque le ha recordado que la falta de propuesta de consenso por parte de la oposición sería, en todo caso, «una falta de voluntad», pero no incumple ninguna ley como si hace el Consistorio modificando la ordenanza «sin recurrir al periodo de exposición pública».

A última instancia, la moción se ha aprovechado por parte del equipo de Gobierno para reivindicar la plusvalía, que considera «un impuesto básico para todos los ayuntamientos», y para cargar de nuevo contra la oposición porque considera que su negativa a aceptar su modificación es «dar la espalda a los santanderinos más humildes».

Como respuesta, Casares ha admitido la recaudación del puesto pero cree que es «más importante cumplir la ley», y ha cuestionado que fueran a contar con el equipo de Gobierno «si presentamos esta moción para cumplir la ley que ustedes no han querido y que se han empeñado en recurrir».