La zona norte de Santander también se opuso a los cambios fiscales derivados de los planes urbanísticos || Foto: Carlos A.

El Tribunal Económico Administrativo de Cantabria (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ha resuelto a favor de los vecinos del norte de Santander (Cueto-Monte-San Román) por el catastrazo de 2016 que impuso un IBI urbano a las fincas rústicas recalificadas por el Plan General de 2012, que luego fue anulado en noviembre por el Tribunal Supremo.

El documento urbanístico declarado nulo establecía una recalificación de miles de fincas en el Parque Litoral Norte, que iban a pasar de ser terrenos rústicos (con un IBI tan bajo que muchas veces ni siquiera se les emitía la liquidación del impuesto) a terrenos urbanos no desarrollados por los que sí tenían que pagar.

Con el PGOU en vigor, el Ayuntamiento de Santander impulsó la revisión de los valores catastrales, que se utiliza como base para el cálculo de impuestos municipales como el IBI.

La revisión catastral – conocida como catastrazo- elevó el valor de las fincas y miles de propietarios tuvieron que pagar por primera vez este impuesto el ejercicio pasado.

Y ahora el Tribunal Económico Administrativo da la razón a los vecinos porque el PGOU está anulado, los terrenos han vuelto a ser rústicos y, por lo tanto, no procede mantener el IBI urbano a esas mismas parcelas.

«La nulidad de este (el PGOU) conlleva necesariamente la de la actuación administrativa catastral»,  que «no ha adquirido firmeza», zanja el abogado del Estado.

RECLAMACIÓN CONTUNDENTE: «SE SALTA A LA TORERA LA DOCTRINA»

Los vecinos de la zona norte habían recurrido la revisión catastral en base a una sentencia del Supremo que rechazó que los ayuntamientos pudieran cobrar la contribución (IBI) en terrenos urbanos que no se han desarrollado. Es decir, sentenció que la mera expectativa de revalorización de los terrenos no justificaba el cobro del impuesto.

La Gerencia Regional del Catastro desestimó el recurso de los vecinos, que ante el Tribunal Económico Administrativo afearon que «se salta a la torera la doctrina jurisprudencial».

Y subrayan los vecinos que se obviaba que en 2015 se efectuó una reforma de la Ley Hipotecaria a instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias que «por aquel entonces presidía el alcalde de Santander» – Iñigo de la Serna, actual ministro de Fomento- y que «proponía la valoración del suelo urbanizable sin ordenación detallada como inmueble rústico».

«Esto en el mundo taurino se llama una larga cambiada y en la calle una tomadura de pelo», abundaron.

En el mes de febrero de este año la Gerencia Regional del Catastro certificó la vuelta de los terrenos a suelo rústico con motivo de la anulación del PGOU de 2012 y la vuelta a la norma urbanística de 1997.

Según estimaciones de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, la subida del valor de los terrenos (no vale lo mismo un terreno rústico que uno urbano o urbanizable) osciló entre el 600 y el 800%.

Ahora, el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo – son idénticos para cada uno de los recursos de los vecinos – al que ha tenido acceso EL FARADIO estima las alegaciones y abre la puerta a la reclamación al Ayuntamiento de Santander por el cobro indebido del IBI en el ejercicio de 2016, porque se hizo en base a un PGOU anulado por el Supremo.

Aunque el Consistorio santanderino relativizó la importancia en términos económicos del catastrazo en la zona norte otras estimaciones elevan a un millón de euros el impacto para el Ayuntamiento de la reversión de la calificación del suelo.

EL AYUNTAMIENTO, A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL CATÁSTRO

Desde el Ayuntamiento de Santander, la concejala de Economía y Hacienda de Santander, Ana González Pescador ha asegurado que la administración municipal no ha sido parte en los procesos abiertos por las valoraciones catastrales y que está a la espera de conocer las decisiones del Catastro para actuar en consecuencia.

Tras reiterar que el Ayuntamiento se limita a calcular el IBI sobre los valores que aporta el Catastro, la edil ha señalado que en el momento en el que le comunique cambios o nuevas valoraciones, al alza o a la baja, lo aplicará de inmediato.

“Los santanderinos pueden estar seguros de que el Ayuntamiento actuará conforme a la legalidad y adoptará las medidas precisas para regularizar en su caso los recibos”, ha afirmado González Pescador, quien ha señalado que los servicios municipales ya se están organizando para afrontar ese proceso cuando reciban las comunicaciones pertinentes del Catastro.

La concejala ha resaltado que el Consistorio “acata siempre las sentencias, pero respeta también los plazos y los procedimientos” y no puede anticiparse a una decisión que compete a otra administración.

EL PSOE PIDE QUE SE DEVUELVA EL IBI A LOS VECINOS AFECTADOS POR EL CATASTRAZO

El secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, ha pedido  a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que el Ayuntamiento devuelva lo recaudado de más por IBI del año 2015 a los vecinos afectados por el catastrazo.

Es una petición que los socialistas llevan meses reclamando, y que han reiterado tras conocer la estimación de los 600 recursos por parte del Tribunal Económico-Administrativo de Cantabria.

El líder socialista explica que con este fallo, se anula la revisión catastral al entender que la información de la que parte habría devenido incorrecta como consecuencia de la de la anulación del PGOU.

“Es de justicia que el Ayuntamiento devuelva a todos estos vecinos la diferencia del valor recaudado por el valor de un suelo que no está urbanizado y al que se ha incrementado el impuesto del IBI” asegura el portavoz socialista, por lo que ha pedido al equipo de gobierno que no recurra el fallo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.