Fuentes de la Delegación de Gobierno de Cantabria han confirmado a EL FARADIO que la concentración del pasado viernes frente al Palacio de Festivales, con motivo de la visita de Pablo Iglesias para presentar el proyecto ‘Arronti’ en Podemos, no fue comunicada y, por lo tanto, tampoco fue autorizada.

Extracto de la Ley de Seguridad Ciudadana que indica la obligatoriedad de comunicar los actos.

La concentración, que reunió entre 30 y 50 personas, estuvo marcada por la agresividad con la que varios manifestantes se dirigieron a asistentes y periodistas, a los que llegaron a perseguir, insultar y amenazar a la entrada y salida del acto.

Pese a que en la convocatoria, que se difundió vía Whatsapp, se pedía que se llevaran banderas de España y ninguna preconstitucional, hubo varias banderas franquistas, tal y como se ha podido apreciar en las fotografías, y los asistentes realizaron cánticos de ‘¡Viva Franco!’ e insultaron a los convocados a la reunión. Además, llegaron a hostigar a una inmigrante que se encontraba en el lugar con insultos homófobos.

Tal y como regula la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo”.

Algunos de los asistentes a la convocatoria no autorizada.

En la ley también se especifica que si por “causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria”, ésta debe realizarse con una antelación mínima de veinticuatro horas. Sin embargo, la visita de Iglesias a Cantabria se supo desde días antes y fuentes de Delegación de Gobierno aseguran que jamás les ha llegado una comunicación.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario indican que la criticada ley es muy clara en este aspecto, y que el hecho de que no se anunciara la convocatoria por redes sociales no exime de responsabilidades administrativas, sino que, en todo caso, esto habría sido un agravante por publicidad.

Según la ley, la convocatoria debería haberse comunicado mediante un escrito al Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno para haber recibido un informe favorable. No hacerlo implica una sanción leve por el ámbito administrativo mediante la Ley Mordaza.

El abogado de la Coordinadora LIBRES, Darío Serrano, ha especificado a este diario que la administración “tiene que saber quiénes eran los promotores” para poder multarlos, ya que en la reforma se incluye un apartado que aclara que “que si no se conoce identidad ni domicilio del acusado se archiva inmediatamente”.

Asimismo, aclara que, según la nueva legislación, si se les identificara, los organizadores podrían ser también acusados bajo la nueva ley de “las amenazas y agresiones” que algunos manifestantes realizaron contra algunos asistentes y miembros de la prensa, si es que éstos son también acusado.

“Si quieren identificarlos, pueden hacerlo”, aclara Serrano, ante la existencia de fotografías y vídeos que han podido verse en redes sociales y en medios nacionales como Europa Press.

Agresión a una periodista de Europa Press Televisión en Santander pic.twitter.com/I4oIUf3Bno

— Europa Press TV (@europapress_tv) 27 de octubre de 2017

OTRAS MULTAS EN CANTABRIA POR NO COMUNICAR CONCENTRACIONES

De hecho, en Cantabria ya se ha multado en otras ocasiones a personas de colectivos sociales por organizar actos sin comunicar a Delegación de Gobierno.

Así ha ocurrido a miembros de la PAH en el Besaya y Santander por protestas frente a actos públicos o como el escrache en su casa al ex alcalde de Torrelavega, Idelfonso Calderón.

En algunos de esos actos participó el activista de la PAH Óscar Manteca, quien fue el primer multado por la Ley Mordaza en Cantabria y que posteriormente fue revocada por los tribunales. Él confiesa que ha participado en varios actos sin convocar y que “en muchos de ellos no se procedió a ninguna multa”.

En otros sí, como en el escrache a Calderón, en el que fue multada, junto a otras siete personas, la también activista de la PAH Fyna Acebo. Le condenaron a pagar 300 euros de multa por organizar y participar en una protesta no comunicada.

Josefa asegura que fue identificada a través de fotografías, como en el caso de Preguntar No Es Delito, ya que en el acto la Policía no le pidió sus datos en ningún momento. En la concentración que tuvo lugar el pasado viernes tampoco se identificó a nadie.