El conocido como juzgado de cláusulas suelo cuenta ya con tres jueces para atender las demandas individuales que se están presentando en Cantabria contra condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias.

Una acción de la PAH frente a los juzgados.

Desde su puesta en funcionamiento, el pasado 1 de junio, este refuerzo, que se denomina Juzgado de Primera Instancia nº 2 bis de Santander, ha recibido un total de 1.953 demandas, y ha resuelto 147: 103 mediante sentencia, cuarenta por auto (cuando la demanda no está correctamente presentada) y cuatro por decreto (casos en los que el actor desiste de su acción sin oposición).

Hasta ahora, el juzgado venía funcionando con el titular del órgano, el magistrado decano de la capital, Jaime Anta, y con una juez de apoyo, Sofía Sánchez. Ambos entienden al cincuenta por ciento los asuntos que se registran en el Juzgado nº 2 (demandas de carácter general) y en el bis (las que versan sobre cláusulas suelo y similares).

Ante el volumen de litigios ingresados, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a petición del decano, estimó en su última reunión la necesidad de reforzar con un juez más este órgano, y acto seguido el presidente del Tribunal Superior adscribió a la juez Cristina Rodiz –de adscripción territorial- al Juzgado bis, para que conozca de las demandas que se vayan presentando hasta un máximo de ochocientas.

El órgano de gobierno de los jueces cántabros también apreció en su reunión la posibilidad de que en el futuro se pueda asignar otra juez más de adscripción territorial cuando se supere el límite numérico máximo de esas ochocientas demandas y “racionalmente pueda considerarse que el número de registro vaya a superar dicha cifra”.

PLAN DE URGENCIA

El refuerzo en el Juzgado nº 2 se enmarca en el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al previsible aumento de litigios en relación con las cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

En lo que lleva funcionando, se han celebrado 166 señalamientos y otros setenta están fijados para las próximas semanas. Además, se han elevado seis recursos de apelación ante la Audiencia Provincial contra sentencias del juzgado.

Junto a los tres jueces, este refuerzo cuenta con cinco funcionarios: dos de gestión procesal, dos tramitadores y dos de auxilio judicial.

Sin embargo, carece de letrado de la administración de justicia, y las funciones las viene realizando la letrada del Juzgado nº 2, quien además es la responsable de la oficina del Decanato de Santander.

En próximas fechas, está previsto que parte de los funcionarios y las dos juezas se trasladen al Edificio Europa, donde actualmente se encuentran los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y el de Vigilancia Penitenciaria.

En esta sede judicial hay espacio suficiente para los despachos de las juezas, una oficina y dos salas de vistas, de modo que se pueda lograr un ritmo óptimo de señalamientos.

ESFUERZO DESDE LAS INSTITUCIONES

El Gobierno ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

Desde las instituciones también han tenido que tomar medidas ante otra de las situaciones derivadas de la crisis económica en relación a sus aspectos financieros.

Como novedad, esta legislatura se creó desde la empresa pública Gesvican de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la Oficina de Emergencia Habitacional para la asesoría y mediación en casos de desahucio y otros problemas relacionadas con la vivienda.

Las estadísticas siguen apuntando a problemas, trasladados ahora a los impagos relacionados con el alquiler.

La oficina está dirigida a aquellas personas que se encuentren sobreendeudadas de buena fe y carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas, y hayan sido lanzadas de su vivienda o se encuentren en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial.

También aquellos que estén habitando en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención.

Y además aquellas personas que hayan perdido su vivienda por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, tales como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente, o fenómenos naturales o meteorológicos adversos.

La Oficina atiende desde sus instalaciones en Juan de Herrera, 2, así como en los teléfonos 942 318 980 y 942 318 982 , en la Web http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es y en el correo  emergenciahabitacional@gesvican.es