La “experiencia” y la falta de problemas con la Justicia hizo que fuera Revilla quien propusiera a Salvador Blanco como representante del Gobierno de Cantabria en la fábrica de SIDENOR, en la que el Ejecutivo participa económicamente en virtud de un acuerdo económico suscrito en la época del propio Blanco en su etapa en la empresa pública SODERCAN.

Revilla, Díaz Tezanos y Salvador Blanco en la firma del acuerdo para la entrada de SODERCAN (público) en SIDENOR (privado).

Y problemas con la Justicia no ha tenido (tampoco es del todo correcto), pero entidades como el Interventor General de Cantabria, el Tribunal de Cuentas, organismos europeos, el Parlamento de Cantabria (por mayoría de sus miembros), el propio partido que le puso en SODERCAN y, sí, dos sentencias que apuntan a que su gestión en GFB no fue la correcta –esta sin condena- y a que asociarle a corruptelas no es delito.

Nada de esto ha parecido preocuparle a Revilla, que ha superado su proverbial costumbre a ponerse de perfil ante los problemas de sus socios defendiendo en el Parlamento de Cantabria el nombramiento de Salvador Blanco como consejero en SIDENOR –sin remuneración, según ha precisado el Ejecutivo–, aprobado por SODERCAN el mismo día que abandonaba la empresa pública tras meses de resistencia de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos a acatar las órdenes de su sucesor en el Partido Socialista, el que la derrotó en las primarias, Pablo Zuloaga.

Todo por prácticas, señaladas principalmente por Podemos pero enumeradas por el Interventor y de las que se han hecho eco todos los partidos de la oposición como la división de proyectos en fases para que el importe fuera menor y se pudiera adjudicar a una única empresa, el conocimiento previo de empresas ligadas a Blanco de que se iban a sacar proyectos, la falta de control de las inversiones públicas, invitaciones a concursos a empresas relacionadas entre sí o la sobrefinanciación o financiación encubierta de proyectos que apoyaba, entre otras.

Desde Podemos, quienes habían llevado preguntas parlamentarias sobre el asunto a la sesión de este lunes y que ya avanzaba que se seguirán con el tema porque van a preguntar por las retribuciones de las dietas, Alberto Bolado recordaba que Blanco ha sido reprobado por el Parlamento, y apuntaban que la mera inexistencia de procesos judiciales en marcha o condenas judiciales se antojaba como un requisito demasiado básico para representar a Cantabria en una empresa en la que está en juego dinero público. (Faltaría más).

Revilla quiso tranquilizar a Bolado con que no habría «trampas» en el tema de las retribuciones, después de que este llamara la atención sobre que existe un contrato de asesoría externa a SIDENOR que les suscita muchas dudas.

El nombramiento de Blanco en SIDENOR, empresa en Reinosa con dificultades, cuando parecía que se había conseguido apartarle de la vida pública empañó la costosa victoria de Zuloaga, a la que Díaz Tezanos se resistió como pudo en un empeño en asociar su imagen a la de Salvador Blanco a la que ahora se ha sumado Miguel Ángel Revilla.

Y no es el único fleco que queda de esa etapa:

si otro de los dimitidos, Víctor Gijón, exjefe de Internacional de SODERCAN que tuvo que abandonar la empresa pública después de que una sentencia judicial le inhabilitara para la gestión de empresas en su etapa en el grupo periodístico Grupo Digital 2006 (llevado a la quiebra pese a las sustanciosas adjudicaciones publicitarias concedidas desde el Gobierno con el que compartía militancia socialista) ha acabado en una fundación soportada en parte gracias al dinero aportado por la propia SODERCAN en la etapa de Blanco….

….es que el propio Salvador sigue estando al frente de otra cuestionada sociedad pública, la SAIIC, que gestiona los activos inmobiliarios del proyecto de universidad del español en la Universidad Pontificia Comillas, el “proyecto del siglo” (pasado), la cosmovisión de Revilla.

Sobre esta entidad nuevamente Intervención ha arrojado luz sobre políticas como los sobrecostes en el pago de alquileres (por encima del mercado, porque ya veis, la burbuja del alquiler también la sufren los organismos) a la Fundación Comillas encubrían una subvención indirecta, entre otras prácticas que han llevado a este organismo a calibrar la tesitura de traspasar todos sus bienes al Gobierno de Cantabria, tal y como estaba previsto abordarse este lunes. Si en los ayuntamientos del cambio se están mirando fórmulas para remunicipalizar servicios privatizados, en Cantabria el Ejecutivo cántabro tiene que desde lo público al rescate de una empresa pública. Cuestión de experiencia.