El juez ve indicio de delito en la operación Zulo

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha finalizado la investigación sobre la operación Zulo, mediante la que se descubrió que un aparente local de hostelería encubría en realidad un club de alterne (el StarDust, en la zona del Primero de Mayo, en Santander).

Campaña contra la prostitución

En concreto, el titular del Juzgado ha encontrado indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores, de los que responsabiliza a dos personas y a la propia empresa.

De momento, según informan a EL FARADIO fuentes judiciales, se ha emitido el auto de Procedimiento abreviado, por el que se pone fin a la fase de instrucción (investigación).

El paso siguiente será la apertura de juicio oral y que las defensas presenten sus correspondientes escritos, con lo cual ya se fijará quien y cuando se juzga el caso.

Se trata del StarDust, en el Primero de Mayo, que además fue uno de los locales que patrocinó la polémica velada de boxeo que inicialmente llevaba dinero público y mensajes contra la violencia de género. También es uno de los clubes que figuraba en el apartado hostelero de la Web de Turismo de Cantabria, retiradas tras las peticiones de la Comisión 8 de Marzo.

La operación Zulo se activó por la Policía Nacional dentro de los protocolos de protección a posibles víctimas de la trata de seres humanos.

La investigación comenzó a desarrollarse en enero del año pasado y encontró que se encubría un club de alterne en un local de hostelería.

Allí se hallaron inicialmente a 34 trabajadores, de los que 29 no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Los agentes de la Policía Nacional descubrieron que había puerta simulada tras el cuadro eléctrico que daba a una nave contigua de dos plantas donde se estaban habilitando, en ese momento, habitaciones con baño, una cocina y un comedor para convertir ese espacio en un hotel. Las obras carecían de licencias y permisos, por lo que fueron paralizadas.

Por ello, fueron detenidos los dueños del establecimiento.

Posteriormente, en el mes de marzo, el operativo derivó hacia un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. En las tres inspecciones realizadas en el establecimiento, de los 91 trabajadores identificados, 69 de ellos no se encontraban dados de alta en la Seguridad Social.

INVESTIGACIONES EN EL ACRÓPOLIS

Durante estos meses también se ha procedido a diversas investigaciones en el otro de los clubs de alterne, el Acrópolis, donde entre finales de agosto y principios de septiembre, la Policía detuvo a las propietarias y el administrador del establecimiento después de que los agentes llegaran a identificar a 71 empleados, 53 de los cuales no estaban dados de alta en la Seguridad Social y 12 carecían de permiso de trabajo.

La mayoría de estos casos eran mujeres que ejercían la prostitución, se encontraban de forma irregular en el territorio nacional y residían allí mismo.

Las investigaciones han sido realizadas por Agentes policiales de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como de la Agencia Tributaria de Cantabria, ya que en una de las operaciones se requisaron 9.200 euros.

En este segundo club, el Acrópolis, se investiga también el caso del tiroteo que se produjo el pasado 7 de octubre.

INSPECCIÓN EN CASTRO Y LAREDO

Y el pasado 31 de diciembre la Guardia Civil realizó varias inspecciones a locales de alterne de Castro Urdiales y Laredo, en las que se apreciaron casi una veintena de infracciones, entre ellas la incautación de cocaína, una báscula de precisión y útiles para embolsar y dosificar la droga.

En el caso de Laredo se descubrió la existencia de una salida de emergencias bloqueada su apertura mediante una cadena con candado. Dicha salida igualmente tenía instalado dos cierres tipo pasador que dificultarían aún más la apertura.

También se pudo verificar que el local de alterne del término municipal de Castro Urdiales carecía de licencia de apertura.

PROSTITUCIÓN

Hasta 21 millones de personas caen anualmente, según la Organización Internacional del Trabajo (OTI), en las redes de estas mafias transnacionales, siendo el 65% de las mismas destinada al comercio sexual. Un 33% son menores de edad, en cifras de la ONU.

Las ONGs estiman que unas 350.000 mujeres son víctimas de explotación sexual en España. Se calculan en unos 3.024 millones de euros anuales los ingresos de las mafias solo en nuestro país. Según el Ministerio de Sanidad, 8,3 millones de euros al día es la cantidad que movería la prostitución en España.

En 2016 se detectaron sólo en Santander a 16 mujeres, entre ellas una menor de edad, víctimas de la Trata.

En Cantabria, la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación viene trabajando en este ámbito desde hace varios años.

Y propone a las instituciones, en especial a las administraciones locales, una serie de medidas para ponérselo más difícil a estos negocios, que pasan por la vigilancia a la hora de conceder licencias, la prohibición de la publicidad en locales públicos para impedir que se conozcan, que los municipios no colaboren en eventos que cuenten con publicidad de locales de alterne y ayudar a las mujeres a que sepan los recursos con los que cuentan.

La asociación Nueva Vida, por ejemplo, tiene un piso en el que ayuda a mujeres que han sido víctimas de la explotación sexual.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, anunciaba recientemente que este año se quiere aprobar una Ley cántabra contra la trata,

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