El Parlamento de Cantabria ha dado hoy el primer paso para cerrar la Comisión de Investigación sobre Ecomasa, la frustrada fábrica de estufas a la que el Gobierno de Ignacio Diego inyectó dinero público con el fin de recolocar a los despedidos de Teka, que perdieron el dinero de sus propias indemnizaciones, aportadas por ellos mismos.

Servicio Cántabro de Salud

Parece como si la Comisión de Investigación fuera a quedarse fija en el Parlamento de Cantabria: en el mismo día en que los partidos presentaban sus conclusiones tras los trabajos de este órgano parlamentario, parece abrirse camino la propuesta de una comisión sobre las adjudicaciones de contratos en el Servicio Cántabro de Salud, un asunto que además ha llegado a la Fiscalía de la mano de Izquierda Unida, 

En una semana en la que se conoció que el Gobierno sigue confiando en Salvador Blanco para que les represente en nuevas instituciones (como la Fundación Innovación y Desarrollo), PSOE y PRC han encontrado algo de aire con Ecomasa para descansar de la presión sobre las sospechas de irregularidades denunciadas por una alta funcionaria y aireadas por el Partido Popular, a quien hoy señalaban –centrando específicamente el tiro en el expresidente Ignacio Diego—como responsables del fiasco de Ecomasa.

Desde el PP trataban en sus conclusiones de marcar distancias con otros precedentes que afectaron a PSOE y PRC, como las ayudas al Racing o la también frustrada inversión pública en GFB, entre otras. Las conclusiones tendrán que votarse como forma de poner fin a la comisión.

Ciudadanos y Podemos coinciden en sus críticas al PP por la gestión de Ecomasa, pero también en la fiscalización a PSOE y PRC por las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud. Bastaría que dos partidos, es decir, ellos mismos, lo pidieran, para que se creara una comisión de investigación.

LA PREOCUPACIÓN POR LAS ADJUDICACIONES EN EL SCS CRECE

Ciudadanos se sumaba este jueves a las dudas sobre las adjudicaciones en el Servicio Cántabro de Salud, denunciadas por una funcionaria, expuestas públicamente por el PP y llevadas a la Fiscalía por Izquierda Unida, que ha pedido que este órgano abra una investigación judicial.

Félix Álvarez y Rubén Gómez

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria y diputado en el congreso, Félix Álvarez, ha avanzado que van a pedir una comisión de investigación, “con una con una condición no negociable por nuestra parte: que tenga fecha de finalización” para que el Ejecutivo “no caiga en la tentación de dilatar la comisión en el tiempo de forma que lleguemos al final de la legislatura sin las conclusiones necesarias”.

Álvarez y el diputado autonómico Rubén Gómez mostraban su “preocupación” porque las denuncias realizadas esconden “presuntas actuaciones delictivas (el fraccionamiento de contratos a empresas relacionadas entre sí, las asesorías externas, el pago por servicios no realizados, el uso por empresas de despachos en el Servicio Cántabro de Salud”.

Han hablado de “corrupción política, de utilizar el dinero de todos los cántabros de forma caprichosa y fraudulenta, de favorecer a ciertas empresas, de adjudicaciones a dedo, de injerencias externas en la administración pública y de no respetar a los funcionarios”, para los que han reclamado protección.

Es un fleco nuevo que se le abre a unos PSOE-PRC, especialmente a un PSOE al que se le está abriendo el frente nuevo del SCS mientras no ha conseguido terminar de cerrar el del paso por la Administración de Salvador Blanco, exconsejero delegado de SODERCAN que, pese a su dimisión por presiones de los socialistas y Podemos tras aflorar múltiples dudas sobre su gestión, sigue representando al Ejecutivo en empresas como SIDENOR o la Fundación Innovación y Desarrollo.

Al respecto, La coordinadora autonómica de Izquierda Unida, Leticia Martínez, ha acusado a PSOE y PRC de “contagiar a toda Cantabria” de la “falta de limpieza que impera en su Gobierno”.

“Nada tendríamos que decir si esa fundación privada le hubiera elegido por sí misma, pero ha sido el Ejecutivo el que ha decidido que la mejor persona que puede representarles es alguien a quien no quieren en su propio partido”, señalaba, preguntándose “qué le debe el Gobierno a Salvador Blanco para que una vez abandonado SODERCAN le sigan incluyendo en otros lugares”, entre los que ha citado la empresa pública SAICC del Campus Comillas.

LAS CONCLUSIONES DE ECOMASA SEÑALAN A DIEGO

En Ecomasa, las conclusiones de los partidos, salvo el PP, han señalado como responsables al expresidente del Gobierno con el PP, Ignacio Diego, a su consejera de Economía Cristina Mazas, y a Jorge de Cos, director general del Instituto Cántabro de Finanzas.

Ecomasa-Nestor Martin, la empresa que cerró llevándose la indemnización de sus trabajadores.

Así lo hacían Ciudadanos y Podemos, que pedía que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa por un funcionamiento anormal de la administración y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del FOGASA, ya que se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa”, según remarcaba el diputado José Ramón Blanco.

Asimismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces consejero de Industria, y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su “dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto”, aunque remarcan el protagonismo de Diego.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

Y muy duros han sido en el PRC, que han encontrado una vía de aire que les permita, al menos por un día, ‘descansar’ del tema de las adjudicaciones del SCS que acechan al Gobierno de socialistas y regionalistas.

El diputado Paco Ortiz, alcalde de Astillero –donde fue regidor también Ignacio Diego— pedía la dimisión de Diego de los cargos públicos en que siga y de la ex consejera de Economía, Cristina Mazas.

Además, los regionalistas consideran que la Fiscalía debe investigar el destino de las cantidades aportadas tanto por el Gobierno de Cantabria como las derivadas de las indemnizaciones de los trabajadores, con el objeto de que sean devueltas, y para que, si se apreciase la comisión de algún delito, se depuren las responsabilidades penales oportunas.

Los regionalistas consideran “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, que fueron descritos por Diego como empresarios “de éxito” y “con garantías”.

Desde el PSOE, la diputada Silvia Abascal ha pedido que estas conclusiones se eleven a Fiscalía, y desviaba la atención más allá del expresidente Diego a su sucesora en el PP, María José Sáenz de Buruaga, a quien recriminaba su «silencio» ante este episodio de mala gestión.

En sus conclusiones el PP, y a modo de respuesta anticipada a esta crítica, pedía que las responsabilidades que tenga que asumir el expresidente Ignacio Diego sean las mismas que las que asuma Revilla por otros dos asuntos que su anterior mandato que acabaron en Comisión de Investigación: las ayudas al Racing y la también frustrada inversión en la fábrica de fibroyeso de GBF, junto a otros casos como el de Papelera del Besaya.

Desde el PP se esforzaban en marcar distancias con esos “lesivos fiascos” recalcando que en la comisión no se ha puesto de manifiesto una injerencia política que afectara a la fábrica ni que se actuara en contra de informes técnicos-

Más aún, los ‘populares’ señalan al Gobierno PSOE-PRC como responsables de “cuestionar continuamente la viabilidad de la empresa”, lo que tuvo “un efecto directo” en la anulación de los pedidos de los principales distribuidores que condujo de forma “inexorable” al cierre, entre otras decisiones: “:parece que hizo todo lo posible por provocar el final del proyecto ECOMASA, promovido por el gobierno del Partido Popular, y lo hizo cuando aún había fundadas esperanzas de continuidad”.