Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander

El Ayuntamiento rechaza las explicaciones de las empresas y descarga en ellas toda la responsabilidad en el incendio del MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander), a pesar de que funcionarios municipales señalaron durante la investigación la responsabilidad del propio museo.

El equipo de Gobierno del PP ha aprobado en su última reunión de la Junta de Gobierno Local iniciar también –  EL FARADIO había adelantado las medidas contra Codelse, la empresa de mantenimiento de las alarmas– expediente sancionador contra SIEC, la empresa constructora que realizaba la reforma en el edificio del MAS cuando se produjo el incendio del 20 de noviembre, en el que se perdió la mayor parte de la biblioteca (28.000 fondos) y ocho obras de arte.

De esta manera, impone la penalización máxima a ambas empresas y rescinde el contrato de mantenimiento de alarmas en instalaciones municipales con Codelse.

En un comunicado, el Gobierno local asegura que ambas empresas incumplieron la obligación de mantener los sistemas de alarma conectados durante las obras del museo y el deber de informar al Consistorio de cualquier incidencia o aspecto relevante en relación a dichos sistemas.

En ambos casos, los técnicos municipales consideran que las empresas incurrieron en incumplimientos muy graves, ya que su actuación pudo agravar las consecuencias del incendio, y proponen la imposición de la penalización máxima prevista conforme a las cláusulas de cada contrato.

EL AYUNTAMIENTO ERA «PLENAMENTE CONOCEDOR» DE QUE LAS ALARMAS PODÍAN ESTAR «INOPERATIVAS»

Sin embargo, en el informe requerido por la arquitecta municipal a la empresa SIEC, su gerente Juan de Miguel aseguraba que en las determinaciones del proyecto de reforma constaban, como actuaciones previas, la retirada de las centralitas de protección contra incendios e intrusos y su recuperación para la reubicación con la reforma finalizada.

Como expone posteriormente, la constructora aclara que la retirada de las centralitas de seguridad no se llegó a hacer “por prudencia”, por lo que podían haber estado operativas “en todo momento”. En consecuencia, el Ayuntamiento «en todo momento» fue «plenamente conocedor de que durante algún tiempo los centralitas existentes pueden estar inoperativas”, alegó la empresa.

«A mayor abundamiento”, SIEC aseguraba tener constancia de que CODELSE advirtió al Ayuntamiento antes del inicio de las obras de que la parte del edificio sobre la que no se intervenía – como las dependencias en las que se registró el incendio y donde se quemaron los libros y las obras de arte- “podía quedar desprotegida” y “presentó presupuesto al Ayuntamiento con una propuesta de instalaciones adicionales para garantizar la seguridad del área donde se preveía almacenar los fondos museísticos”.

Una propuesta que, según SIEC asegura que le indicó CODELSE, no fue “tomada en consideración”. El informe de la arquitecta municipal responsable de la supervisión de las obras apuntó que el director del MAS, Salvador Carretero, no consideró necesaria vigilancia específica de la planta en la que se produjo el incendio.

Según relata De Miguel, SIEC encargó a CODELSE “no el desmontaje de las centralitas como el proyecto preveía, sino el desmontaje de los elementos de detección en la zona de intervención – que no fue donde se produjo el incendio-, imprescindible para desmontar los falsos techos”. Además, apunta que cada detector es independiente, por lo que se podían haber desmontado unos detectores y dejar activos otros.

El expediente, que incluso afloró sobrecostes en las obras, puso de manifiesto que todas las partes se traspasaban las responsabilidades.

La empresa de mantenimiento de las alarmas, Codelse, apuntaba que la desconexión fue en una intervención ajena; la empresa constructora encargada de la reforma, SIEC, aseguró que el Ayuntamiento estaba informado a través de Codelse y la arquitecta municipal señaló a la dirección del museo.

SANCIONES PROPUESTAS

En concreto, el expediente abierto en relación a la empresa SIEC propone la penalización máxima prevista en el pliego del contrato para los incumplimientos muy graves, equivalente al 10 % del importe del contrato (lo que supondría una penalización de 55.660 euros).

Y en el caso de Codelse se tramitan dos expedientes, uno por cada contrato que estuvo vigente durante el periodo en el que se produjeron los incumplimientos.

De esta manera, en el primero de ellos se propone imponer también la penalización máxima (600 euros este caso) por incumplir el contrato que expiró el 20 de julio de 2017, y en el segundo expediente se plantea resolver el contrato vigente desde el 21 de julio de 2017.

Además, se plantea también el deber de las adjudicatarias de indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, presentará este viernes a la Comisión de Acción Cultural y Promoción Educativa el inicio de los procedimientos de penalización a las empresas. Dará cuenta también del último informe de la Policía Científica, del mes de junio, que insiste en que no es posible determinar las causas del suceso.

El incendio del MAS no tuvo recorrido judicial al archivarse por «falta de autor conocido».