El informe final de Intervención rebaja las irregularidades en la contratación del SCS

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El Servicio Cántabro de Salud ha recibido el informe definitivo de control financiero permanente de la contratación administrativa (Capítulos II y VI) en el SCS correspondiente al ejercicio 2017, que admite varias de las alegaciones presentadas tanto por su Gerencia central como por los hospitales y Atención Primaria, y concluye que los procedimientos se adecúan en general a la normativa vigente.

Servicio Cántabro de Salud

Las contrataciones en el SCS están en el foco a raíz de una sucesión de denuncias funcionariales y políticas que han llegado a la Fiscalía tras sendas peticiones de IU y PP y causado las dimisiones del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez, y que desembocarán en una comisión de investigación parlamentaria (pendiente de aprobación formal) que se extiende no sólo a la actual gestión, sino también a la del PP. Este informe ya ha sido remitido a la Fiscalía, según avanzaba ayer Revilla en el Pleno.

Este martes se ha registrado el informe completo en el Parlamento de Cantabria, al que ha tenido acceso EL FARADIO. En él, la Intervención General confirma que los procedimientos de contratación “se adecuan en general a la normativa vigente, tanto en contrataciones menores como en el de otros expedientes de contratación”, tal y como aseguró el presidente, Miguel Ángel Revilla, ante el pleno parlamentario.

Según informa el propio Servicio Cántabro de Salud, una de las más relevantes es la referida a las obras en el edificio que alberga el Hospital Virtual Valdecilla, dado que se trata de una de las contrataciones cuestionadas. Así, el informe, en su versión definitiva, admite las alegaciones presentadas, suprimiendo la referencia a su fraccionamiento.

En otros casos acepta explicaciones sobre el procedimiento de contratación que han seguido los diferentes hospitales y la Gerencia de Atención Primaria. Según se recoge en el informe, la Intervención General constata que muchas de las conclusiones se refieren a «meras» incidencias en los expedientes.

También valora positivamente en distintos apartados las mejoras procedimentales que se han ido introduciendo en materia de contratación en el SCS, así como la asunción por este organismo de las instrucciones sobre contratación emitidas por la Intervención General y la Dirección Jurídica, observando una evolución positiva, respecto a ejercicios anteriores, en el cumplimiento de la normativa sobre adquisición de bienes y servicios por vía de donación o cesión de uso.

EL INFORME CREE QUE EL FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ECÓGRAFOS NO QUEDA JUSTIFICADO

Por lo general, el informe concluye que los datos aportados por el Servicio Cántabro de Salud al Portal de Transparencia “no está configurado de manera clara, estructurada y entendible”.

Asimismo, el informe recoge una serie de incidencias en la elaboración de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), así como expedientes en los que no se han respetado el régimen de competencias y diferentes errores en la publicación de contratos menores en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) –no se publicaron tres de ellos-, o incorrecciones en la ejecución presupuestaria de las gerencias.

Asimismo, se han encontrado contradicciones entre los plazos de ejecución de contratos y los establecidos en diferentes memorias y la elaboración de actas de recepción de obras y suministros antes de que se finalizaran los contratos. Estas actas implicaban reconocimientos de obligaciones con las empresas contratadas.

Además, el informe alerta del fraccionamientos en algunos contratos con el fin de disminuir la cuantía y eludir así requisitos de publicidad y relativos a procedimientos de contratación. Es decir, se fragmentaron para no llegar a la cuantía mínima que marca la ley para tener que someterse a concurso público.

Es el caso de los 22 ecógrafos que se adquirieron para 22 centros de Atención Primaria y que se compraron de manera individual a dos empresas, Sakura y Esaote España, con once contratos individuales a cada una de 12.584 euros y 13.908,95 euros respectivamente.

La dirección Gerente de Atención Primaria ha alegado en el informe que este fraccionamiento del contrato se debe a que “cada uno de los centros es una unidad funcional e independiente con recursos humanos y materiales propios”. También justifica el uso de contrato menores a la “urgencia” de la adquisición, que se autorizó en diciembre de 2017; y apunta a que estas dos empresas fueron elegidas “para asegurarse de que los modelos eran similares” con el fin de “facilitar la implantación”.

Sin embargo, la Intervención considera que esta planificación “no queda debidamente fundamentada” y no explica “qué lleva a dividir la licitación”, en dos empresas en vez de una. Así mismo, deja constancia que, pese a que cada centro sea independiente, todos ellos pertenecen al mismo órgano de contratación, la de la Gerencia de Atención Primarias, por lo que los contratos fraccionados no quedan justificados.

EL INFORME RECOGE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES

En otros casos, manteniendo apreciaciones del informe provisional y reconociendo expresamente que determinados procedimientos son conformes a la normativa y no infringen precepto alguno, se efectúan recomendaciones con el fin de introducir mejoras en los pliegos administrativos que faciliten la participación en la licitación o para contribuir a una mayor transparencia al facilitar la información.

Se recomienda que la práctica habitual se evitar el fraccionamiento de contratos y publicar los contratos menores en el BOC, así como publicar todos los datos a que están obligados los centros gestores. También cree que se debería unificar la actuación de los diferentes órganos de contratación del SCS, homogeneizando criterios para imputar gastos y criterios sobre relaciones de contratos menores.

Del mismo modo, en otros casos, la propia Intervención General, ante las dudas de que pudieran existir fraccionamientos del objeto de un contrato, así como en relación con la indefinición legal de la utilización de bienes por la Administración antes del acto formal de recepción, propone que se realicen consultas jurídicas a fin de interpretar correctamente la normativa cuando ésta presenta indefiniciones y dotar de mayor seguridad a las actuaciones de los órganos de contratación del SCS.

El trabajo de la Intervención se ha realizado de acuerdo con la Ley de Finanzas y la circular 1/2007 de la Intervención General sobre Control Financiero Permanente. En sus conclusiones no incluye ningún informe de actuación ni de carácter especial, que hubieran sido propuestos en caso de haber detectado hechos graves o relevantes como contempla la citada circular, destaca el SCS.

En este sentido, las incidencias que el informe definitivo mantiene como tales serán objeto de un especial seguimiento en los futuros procesos de contratación del SCS. Algo que, por otro lado, es habitual siempre que se reciben, todos los años, los informes definitivos de control financiero de la Intervención General, cuya finalidad esencial es comprobar que el funcionamiento en el aspecto económico-financiero del sector público se ajusta al ordenamiento jurídico y al principio de buena gestión financiera, promoviendo a la vez mejoras técnicas y de procedimientos, según destaca el Gobierno de Cantabria.

EL PP: REVILLA, «ENCUBRIDOR DE CHANCHULLOS»

Íñigo Fernández en rueda de prensa (Foto: PP )

El diputado regional, Iñigo Fernández, ha lamentado la intervención en la sesión plenaria del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha utilizado «tácticas tramposas, como no facilitar los informes de Intervención General sobre el escándalo del Servicio Cántabro de Salud (SCS)!, incidiendo en que «no sólo se sigue sin recibir en el Parlamento el informes con las conclusiones provisionales, o las alegaciones de Sanidad, sino que tampoco llega el informe definitivo, exhibido ayer por Revilla. Un informe que tenía en su poder, según reconoció, desde el pasado 13 de septiembre y que no se había remitido al Parlamento.

«Comparecer en el Parlamento con ese informe y no haberlo remitido previamente a los grupos es una táctica tramposa, es jugar con las cartas, y es decir a toda la opinión pública de Cantabria que no hay ninguna voluntad en el Gobierno de Cantabria por aclarar este escándalo, por aclarar todos estos chanchullos», ha manifestado Fernández, que además ya ha anunciado que el PP exigirá una copia tanto de los dos informes de la Intervención General y de las alegaciones presentadas por el SCS.

Fernández considera imprescindible que los grupos parlamentarios tengan esos informes para conocer cómo cambia la calificación y la valoración de esos hechos. «Queremos el informe de la conclusiones provisionales y el informe definitivo, no vaya a ser que hayan cambiado muchas cosas. Y si han cambiado muchas cosas a ver por qué y a ver qué personas han intervenido en esos cambios».

Según ha subrayado el diputado del PP, «ayer Revilla se ha implicado personalmente en la defensa de Luisa Real, hasta el punto de mantenerla en el cargo». Una vez más, señala Fernández, se ha demostrado que Revilla tiene dos varas de medir diferentes cuando habla de la corrupción «Cuando pasa del Puerto de Escudo es muy exigente en la transparencia, es muy tajante en su discurso contra la corrupción. Pero del Puerto del Escudo para acá ya no es tan exigente, ya no es tan tajante».

Por todo ello, el diputado popular se ha preguntado qué está escondiendo el Gobierno en este caso, recordando que con las auditorías provisionales de MARE y Valdecilla, encargadas para analizar la cuestión del anterior gobierno del PP, el Gobierno de Cantabria no espero ni a las alegaciones ni a los informes definitivos para hacerlos llegar a los medios de comunicación. En el caso del SCS, a día de hoy el Parlamento no ha recibido ninguna documentación, por lo que para Fernández, el presidente de Cantabria ha dado un paso más, ayer se ha convertido en encubridor de chanchullos», concluyó.

EL PRC CONTRAATACA: “QUIEN ENCUBRE CHANCHULLOS Y COMPINCHES ES EL PP”

Por su parte, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha acusado al Partido Popular de ser “quien encubre chanchullos y compinches” al negarse a investigar la etapa de su presidenta María José Sáenz de Buruaga al frente de la sanidad cántabra.

Para el portavoz regionalista, Pedro Hernando, los ‘populares’ “se agarran a un clavo ardiendo” para justificar su no a una comisión de investigación sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud desde el año 2011 a nuestros días. “¿Qué ocultan, qué es lo que no quieren que sepa la ciudadanía?”, ha apostillado.

Hernando ha sostenido que el Presidente “ha hecho lo que tenía que hacer: enviar el informe a la Fiscalía, explicar su contenido a la Cámara, tal como pidió el PP, y dar orden de que se envíe al Parlamento” para “conocimiento” de todos los grupos. “Ni cartas marcadas, ni ocultación, ni tibieza en el proceder de Revilla. Todo lo contrario: total transparencia y contundencia”, ha subrayado.

En su opinión, tanto el diputado Fernández como la presidenta del PP,  han “maniobrado” y “se han implicado personalmente” en “este paripé”, con el único objetivo de “desviar la atención” y “ocultar” las desavenencias internas que los ‘populares’ sufren desde hace meses.

Por ello, ha incidido en que los regionalistas  “no tenemos nada que ocultar”, por lo que  “nuestra firma es la primera para pedir una comisión de investigación desde el 2011 a nuestros días, y el Presidente ha sido el impulsor de toda la investigación y decidió enviar el informe a la Fiscalía de manera inmediata”, ha concluido.

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