Los cuatro abogados afectados por las presuntas irregularidades en la contratación fija en la Autoridad Portuaria de Santander han solicitado la titulación académica y profesional de los miembros del tribunal que ha llevado a cabo la selección de la plaza que ha provocado sus alegaciones.

Y es que, según ha denunciado el sindicato USO, el tribunal lo conforman siempre las mismas personas, en el mismo orden y con la misma función dentro del tribunal, independientemente de la plaza que se otorgue.

De hecho, el sindicato ha denunciado que el miembro del tribunal que pertenecía a su sindicato fue expulsado sin motivo, así como que las irregularidades son continuas. Izquierda Unida ha llevado este tema al Congreso de los Diputados.

Además, han solicitado que se activen las medidas cautelares que suspenda el procedimiento administrativo para otorgar una plaza de Responsable de Oficina de Secretaría General, ya que, a pesar de las alegaciones presentadas, se ha continuado con el proceso de selección.

EL REGLAMENTO PIDE GARANTIZAR LA ESPECIALIZACIÓN DE ÓRGANOS SELECTIVOS

El Puerto de Santander convocó esta plaza mediante el BOC en julio de este año. FOTO: Puerto de Santander.

Según las nuevas alegaciones de los letrados, que han comenzado a registrarse en la Autoridad Portuaria desde el pasado 21 de noviembre, el mismo tribunal ha elegido las plazas de servicio de soporte, administrativo general, técnico en sistemas y responsable de oficina de la secretaría general.

Sin embargo, los alegantes se basan en el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado para recordar que éste requiere que “el tribunal debe ser profesional y ostentar una titulación igual o superior a la exigida para el acceso al cuerpo o escala de que se trate”.

Por ese motivo consideran que “interesa” conocer la titulación de todos y cada uno de ellos, así como de sus suplentes. Porque consideran que es vital conocer “si, efectivamente, estos tenían la formación de Licenciado en Derecho o superior”. Además, la reforma de la Función Pública refleja que “se habrá de garantizar la especialización de los integrantes de los órganos selectivos”. Algo que se creen que es “difícil” que “una persona pueda estar especializada en derecho y, al mismo tiempo, en sistemas informáticos o servicios de soporte”.

“¿Cómo podía alguien sin tales conocimientos valorar el mérito y la capacidad de un licenciado de derecho?”, se preguntan en la alegación. “¿Qué tipo de aclaraciones podrían efectuar miembros del tribunal sobre aspectos planteados por los candidatos si éstos últimos saben más que los primeros? ¿Qué clase de corrección es esa en la que quien no sabe valora cuánto sabe el que sabe de verdad?”.

MÁS IRREGULARIDADES DETECTADAS COMO FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Asimismo, los abogados han detectado más irregularidades en la selección y los documentos que la acompañan por lo que han llevado a cabo más alegaciones al expediente administrativo. Según su escrito, en el mismo se omiten documentos de gran importancia, como es el Recurso Administrativo presentado por USO por la “expulsión” de su representante del Tribunal y el contrato firmado con ADECCO para la prestación de la asistencia técnica en los test psicotécnicos.

Así mismo, el expediente contiene documentos enmendados a mano y Actas que consideran inexactas en su contenido, por lo que van a solicitar su rectificación formal. Y es que, 21 días después de haberlo solicitado, les han enviado el expediente tarde “sin borrar datos tan sensibles como los referentes a la discapacidad de un candidato” que no incluye todos los documentos, como las notas provisionales de las pruebas psicotécnicas genéricas de todos los candidatos o los resultados definitivos de las psicotécnicas técnicas y su plazo de revisión y reclamación.

En cuanto a la falta en la documentación, los abogados señalan que uno de los candidatos que sí pasó el corte no tiene “debidamente compulsado” el título académico, así como el DNI y el carnet de conducir, por lo que consideran que “esta candidatura debería ser anulada por vicio de forma, al incumplir los requisitos de presentación de la documentación”.

DENUNCIAN QUE LAS RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES VENÍAN DE LA DEFENSA DE LA EDITORIAL A SUS PROPIOS TEST

Sobre las pruebas psicotécnicas, solicitan al Ministerio de Fomento que publique, vía portal de transparencia, los pliegos, contratos y facturas que las sociedades TEA y ADECCO hayan emitido a la Autoridad Portuaria de Santander en diversos procesos de selección desde el año 2004.

Todo deriva después de conocerse que se ha utilizado la misma plantilla en diferentes pruebas de selección para distintos puestos, lo que evita que sean exámenes especializados. Además, estas plantillas provienen de test de la editorial TEA, que fueron elaborados en 1985 y que, como han denunciado, estaban a la venta en Wallapop.

En el acta se destaca que se les remitió una comunicación de la editorial en la que defienden que lo que dice el manual es “correcto, válido y fiable en sí mismo” pero sin hacer “ninguna referencia concreta a las manifestaciones, impugnaciones, opiniones, argumentaciones y/o fundamentos arrojados por los candidatos”.

De hecho, denuncian cuál es la utilidad del tribunal y la asistencia técnica “si al final los criterios valorativos y la última palabra la tiene un editor ajeno al proceso y que se gana la vida vendiendo y defendiendo sus publicaciones”. “¿Acaso alguien creía que el editor iba a reconocer que probablemente las pruebas no sean tan universalmente válidas y fiables como se pretenden a riesgo de perjudicar su negocio y fuente de ingresos?”, han preguntado, aclarando que esto supone que se ‘supedita’ el acceso a un puesto público a “los intereses de un tercero ajeno al proceso”.

En el caso concreto, ADECCO fue la asistencia contratada para cualquier comentario, duda o aclaración solicitada en la revisión del examen. Sin embargo, los letrados mantienen que ante cualquier pregunta se remitían al manual de TEA EDICIONES, que no tenía ningún representante en el tribunal.

Por ese motivo, entienden que “la posibilidad real de impugnar preguntas concretas en las que se tuvieran dudas de su corrección quedaba completamente anulada” ya que “no se puede impugnar lo que no se entiende”.

Además, en la última alegación denuncian que “en el acto solo consta aquello que el presidente ha querido que conste y de la manera que ha decidido que conste”, lo que creen que resulta “inexacta” en cuanto a las manifestaciones efectuadas por los alegantes.