Como adelantaba el viernes EL FARADIO, Pasaje Seguro ha dado un paso más en su estrategia contra el comercio de armas en el Puerto de Santander con destino a la guerra de Yemen y ha iniciado la batalla jurídica.

Así, el pasado viernes este colectivo ciudadano entregó a todos los miembros del Consejo de Administración de ese organismo, para que incluyan en el Orden del Día de su próxima reunión, prevista para el 13 de diciembre, solicitud a la Abogacía General del Estado para que informe de la más que probable ilegalidad del tráfico de armas y explosivos que transportan los buques de la naviera Bahri hacia un país en guerra, que suspendan la autorización administrativa para el despacho de esos buques hasta que se pronuncie la Abogacía General del Estado y que se incoen expedientes sancionadores a la naviera por haber navegado con sus sistemas de detección apagados, con grave peligro para la navegación.

Pasaje Seguro protesta contra la llegada del Bahri Jeddah, desde el Diosa Maat

La solicitud de informe a la Abogacía del Estado puede suponer que hasta que se elabore este informe se suspendan cautelarmente los permisos.

En un comunicado, Pasaje Seguro lamenta que llevan desde marzo intentando, “infructuosamente” reunirse con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander para trasladarle directamente su postura en relación con la actividad que los buques de la naviera estatal saudí mantienen en el puerto de Santander, después de que la presión ciudadana hiciera que esos tráficos abandonasen el vecino puerto de Bilbao.

“Ni las casi 20.000 firmas entregadas el 27 de marzo, después de la primera escala del barco de la naviera Bahri, el día 8 de ese mes, ni el pronunciamiento unánime del Parlamento autonómico, en el mes de abril, ni la movilización ciudadana en todas y cada una de las escalas de esos barcos, siete hasta el momento, han hecho que González encuentre hueco en su agenda para contrastar puntos de vista al respecto”, apostillan.

Pero tras declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González, el 24 de octubre pasado en la Cadena Ser, recogidas por diversos medios de comunicación, en las que afirmaba que 400 bombas de precisión láser que acabaron en Arabia Saudí para ser utilizadas en Yemen salieron a finales de septiembre del puerto de Santander, Pasaje Seguro Cantabria ha contado con asesoramiento jurídico para evaluar los preceptos legales que se pueden estar incumpliendo al autorizar a la naviera Bahri a operar en nuestro puerto.

Toda vez que el uso de armas cuando se ataca a población civil está prohibido por normas de la ONU, de la Unión Europea y de la propia legislación española.

En cualquier caso, Pasaje Seguro cree que este no “es un tema únicamente legal, sino, lo que es más importante, es un problema ético”.

Tal y como recalcan, “la población santanderina no desea convertirse en un eslabón más de la cadena que ha ocasionado ya 57.000 muertes (según cifras de Armed Conflict Location and Event Data), 2 millones de desplazados y una epidemia de cólera sin precedentes en Yemen, siendo la mayor catástrofe humanitaria del planeta en la actualidad, según la ONU”. Y enfatizan que de esa cadena “forman parte los consejeros de la Junta del Puerto, si no actúan”.

En ese sentido, la petición de que se incluyan estos puntos en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de Administración (de la que forman parte representantes del Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria o el mundo empresarial) también se está trasladando a los miembros de este órgano.

Así, defienden que “la ciudadanía ha dado claras muestras de desear ser un eslabón en el cambio de una realidad dramática y por ello exige que se cumplan las leyes de mínimos establecidas que rigen el comercio armamentístico tanto a nivel estatal como europeo e internacional”.